El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde al proyecto de Ley de Lucha contra el fraude fiscal, normativa, cuya tramitación pasa ahora al Senado, y en la que se recogen una serie de medidas como el permiso para que la Agencia Tributaria inspeccione por sorpresa los domicilios y las empresas. Esta medida ha sido cuestionada por los tribunales. Además, la ley contempla la ampliación de los deudores tributarios, que pasan del millón de euros a los 600.000 y se incorporarán a los responsables solidarios de esta deuda. Estimaciones de la AIReF remarcan que, la demora normativa va a suponer una pérdida de la recaudación, de al menos 273 millones de euros de los 700 millones previstos en un año.
Con ocho meses de retraso, el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal llegaba este martes a la Comisión de Hacienda donde se ha debatido una norma resultante de la trasposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
El proyecto de ley abarca disposiciones como limitar los pagos en efectivo de 1.500 euros a 1.000 en el caso de empresas, y a 2.500 euros en el caso de particulares, si bien reduce de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
La ley recoge mayor control sobre la tenencia y operaciones con criptomonedas
Además, la ley recoge mayor control sobre la tenencia y operaciones con criptomonedas. Solo en 2020 se estima que hubo en circulación 6.500 criptomonedas.
En la lucha contra el fraude fiscal, el proyecto también considera la prohibición de softwares de doble uso utilizadas por las grandes compañías para manipular la contabilidad, o que las somicis tributen al 15% de sus beneficios no distribuidos. Asimismo, se establecen requisitos de inversión mínima de 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos, para contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, sin olvidar que cualquiera de estas sociedades se disuelve por no cumplir con los requisitos, se permite una periodo transitorio de seis meses exentos de impuestos, como la tasa Tobin.
¿El fin del pacto sucesorio?
Una de las grandes novedades que lleva implícito este proyecto de ley es el gravamen de los pactos sucesorios, una modalidad de herencia en vida, prebenda que comparten el derecho civil de los gallegos, catalanes y baleares, y que exoneraba de pago hasta ahora cada que se realizaba una de estos pactos, pensados para ayudar a la constitución de una empresa o la compra de una vivienda. Pues bien, el planteamiento de esta ley pasa porque los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Hay que añadir también cambios en el valor de referencia
El PSOE insiste en este punto para evitar el fraude de quienes utilizan esta figura para no pagar el IRPF, derivada de una enajenación del bien.
Al proyecto de la Ley contra el Fraude Fiscal -que supone el componente 27 enviado a Bruselas- hay que añadir también cambios en el valor de referencia sustituyendo así el valor del catastro por un valor real.
