La portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, ha liderado una defensa férrea de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. “Con la amnistía gana la democracia, ganamos la posibilidad de que Cataluña sea una solución para el conjunto de España”, ha dicho Díaz que dedicó buena parte de su discurso al líder de la oposición, a quien acusó de “incendiar España” al alentar las protestas -dijo- que han tenido lugar durante los últimos días. La vicepresidenta segunda en funciones recordó que el Partido Popular “vulnera la Constitución” al bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Han demostrado a los españoles que solo conocen una forma de Gobierno, que se llama corrupción”, dijo antes de revelar que “la corrupción del PP le ha costado a los españoles nada más y nada menos que 60.000 millones de euros”, ha afirmado citando datos de BBVA.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se arroga el rechazo social que las protestas de los últimos días han dejado a su paso por las calles de buena parte de España. "El señor Sánchez se humilla a sí mismo, y al PSOE, pero no tiene derecho a humillarnos a los españoles", ha afirmado el popular que ha insistido en que "Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos". En una dura réplica, el presidente del PP se ha centrado en atacar la ley de amnistía que el socialista ha pactado con ERC y Junts. "No a la amnistía, no a ignorar a las victimas del separatismo, no a mediadores internacionales, no a cesiones pagadas con 100.000 millones de los españoles, no a la mentira, no a la desigualdad entre españoles, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales", ha insistido Feijóo ante una disciplinada bancada popular que ovacionaba cada una de las sentencias lanzada por el líder popular desde la tribuna de oradores.

Pedro Sánchez extenderá la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio del 2024, seis meses más de lo previsto inicialmente. El candidato socialista ha desplegado un catálogo de compromisos que plantea aprobar una vez sea investido presidente del Gobierno. En él incluye la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados a partir de enero del próximo año, o nuevas ayudas a los tenedores de hipotecas y al alquiler. Sánchez define así buena parte de las medidas que plasmó hace semanas en su acuerdo de coalición con Sumar, y que desobedecen el consejo de la Comisión Europea o el Banco de España, que instan al Gobierno poner fin a las medidas antiinflación para evitar un desvío en las cuentas públicas.

El pacto con Junts destascó la madrugada del pasado jueves el calendario previsto por Pedro Sánchez. El líder de los socialistas prepara la formación de su futuro Gobierno que podría consumarse durante el ecuador de la semana del 20 de noviembre, días después del debate de investidura que arrancará este miércoles, y que -si todo marcha según lo planeado- concluirá un día después con su designación como jefe del Ejecutivo. El secretario general del PSOE ultima a esta hora su examen con el Congreso de los Diputados, tras una trepidante semana en la que la ley de amnistía pactada con ERC se había convertido en el mayor obstáculo de las negociaciones con Junts. Cerrado el acuerdo, los de Puigdemont facilitarán la elección del presidente del Gobierno en funciones a cambio de ciertas modificaciones en el texto original, que Sánchez deberá explicar ante la Cámara Baja.

El cóctel de impuestos al que están sometidas las empresas empuja a España a la cola de Europa en competitividad fiscal. En plena batalla por captar inversión extranjera, nuestro país se presenta como uno de los socios menos atractivos y fiables de la UE, y acusa las consecuencias de la elusión fiscal. Los efectos de la huida ya se han dejado notar en la recaudación. España deja de recaudar una media de 4.300 millones de euros por la fuga de beneficios de las multinacionales a los paraísos fiscales y países con una tributación más baja a la nuestra, según The National Bureau of Economic Research. En concreto, Hacienda dejó de ingresar un 13,1% de los impuestos corporativos en 2020 por la fuga de beneficios españoles a estados europeos con sistemas más ventajosos. Otros 2,5% de la recaudación perdida acabó en paraísos fiscales extracomunitarios, como las Islas Caimán.