La Comunidad de Madrid ultima un nuevo escudo fiscal después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara -el pasado noviembre- el impuesto sobre las grandes fortunas. La maniobra de Isabel Díaz Ayuso será compleja. Tramitará por vía de urgencia una nueva reforma de Patrimonio para reducir la bonificación permitiendo que lo recaudado por el gravamen se quede en la Hacienda madrileña, y utilizará esos ingresos -que en 2023 ascenderán a 555 millones de euros- a desplegar un nuevo catálogo de bonificaciones y rebajas fiscales a través del IRPF, que se extenderá más allá de las 10.302 grandes fortunas que residen en la región.
La intención no es otra que compensar de alguna manera el retorno obligado de parte del impuesto de Patrimonio, que Madrid mantenía bonificado al 100% desde hace 15 años. También mantener abierta la batalla fiscal que Ayuso libra con La Moncloa, tras haber perdido la judicial. El Ejecutivo madrileño cuenta con varias alternativas, aunque según fuentes del gobierno autonómico, Ayuso podría optar por utilizar los ingresos extraordinarios para aplicar más adelante una nueva rebaja generalizada del IRPF, o incluso una reforma del impuesto que elimine determinados tramos, según desvelan fuentes populares.
De esta manera, la popular exhibiría una de las tributaciones autonómicas más atractivas de la Unión Europea, en un momento en el que el Ejecutivo central prepara la continuidad de los gravámenes temporales a la banca, las energéticas, las grandes fortunas o la imposición del tipo mínimo del 15% del impuesto de Sociedades. A ello, se suma la batería de beneficios fiscales anunciados durante los últimos meses, y que fueron incluidos en el proyecto de presupuestos para 2024. La presidenta popular se sacó hace meses de la manga una deducción del IRPF para inversores extranjeros. "Estos nuevos contribuyentes podrán desgravarse el 20% del total del capital destinado a activos financieros y a la adquisición de vivienda habitual siempre que se mantengan durante los siguientes seis ejercicios", explicó por la consejería de Economía tras la presentación de las cuentas. Según cálculos de la Comunidad de Madrid el coste de la media será de 100 millones de euros.
También incluyó la deflactación del IRPF, aplicando un descuento medio del 3,1% con respecto a 2022. El Ejecutivo de Ayuso toma como referencia el incremento del IPC registrado durante los primeros ocho meses de 2023. "Beneficiará sobre todo a las rentas más bajas, dejará 153 millones en los bolsillos de los madrileños", promete el Gobierno regional. No obstante, en términos absolutos -al ser un impuesto progresivo- la medida ahorrará cantidades mayores a las más rentas altas, que se beneficiarán de las rebajas que la deflactación producirá en los tramos inferiores a los suyos.
La Consejería de Economía sigue haciendo números para tomar una decisión y afirman que "siguen estudiando el tema y que no hay nada concretado todavía". Los de Rocío Albert manejan diferentes opciones, más quirúrgicas y con menor impacto sobre el sistema tributario regional.
Compensar a las rentas altas
Madrid podría optar por centrar el tiro sobre los principales perjudicados por el retorno del impuesto de Patrimonio, adoptando una deducción autonómica del IRPF para las rentas más altas. Esta alternativa cuenta con limitaciones, y solo actuaría sobre los rendimientos del trabajo, las actividades económicas y el ahorro, por lo que aliviaría el pago extra al que estarán sometidos las grandes fortunas, pero no al 100%. Fuentes populares reconocen que esta es la última opción que contemplan.
No obstante, el manoseo al que Ayuso ha sometido durante los últimos años al tramo autonómico del IRPF despierta recelos. Su equipo podría utilizar otros tributos para reparar el pago que deberán volver a efectuar las grandes fortunas, aplicando bonificaciones en otros tributos de gestión autonómica, como Sucesiones y Donaciones o el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Un roto para el Estado
Si la presidenta madrileña consuma sus intenciones y retiene todo lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, Hacienda perderá 555 millones de euros solo en 2023. El 90% de la recaudación procedente del cobro del gravamen procede de la Comunidad de Madrid. El roto en los ingresos se produce en un momento especialmente delicado para el equilibrio presupuestario. Con las reglas fiscales cerca de activarse, el Gobierno deberá cumplir la senda prometida con la Comisión Europea a través del Plan Prespuestario enviado hace meses a Bruselas. En el, ya advierte del efecto negativo que las rebajas fiscales aplicadas por varias regiones podrían provocar sobre el déficit público, y señalan directamente al tramo autonómico del IRPF. El documento señala a éstas como las más dañinas para el objetivo comprometido. Moncloa cifra el agujero en los ingresos en 1.728 millones de euros el próximo año. La cantidad triplica la merma prevista para este 2023, cuando se espera un recorte de 613,3 millones.
La advertencia va más allá. El departamento que dirige María Jesús Montero explicó a la Comisión Europea que el catálogo de bonificaciones y reducciones de los gravámenes gestionados por las regiones restarán en total 2.050 millones de euros a la partida de ingresos en 2024.
A ello se añade la ralentización del ritmo de recaudación procedente de dos impuestos capitales. La Agencia Tributaria presenta una caída de los ingresos netos por Sociedades del 11,1% entre enero y septiembre de 2023. Un recorte de la recaudación que responde en gran medida al incremento extraordiario de las devoluciones, que debería compensanser en la recta final del año. También la recaudación por el IVA tropieza. En octubre los ingresos cayeron un 1,6% con respecto al mismo mes de 2022. Sin embargo, el Ejecutivo pretende retornar el IVA de la energético y el Impuesto especial a la electricidad a la normalidad, lo que aportaría unos 2.400 millones de euros a la partida de ingresos.
