La deuda pública de España se moderó al 109,9% del PIB en el tercer trimestre. Esto la sitúa la ratio 1,3 puntos por debajo del trimestre anterior y 4,1 puntos por debajo del descubierto de hace un año. Aún así, país presenta un descubierto que marcó un nuevo récord de 1.577.266 millones de euros, un 0,5% más que en el trimestre anterior. En tasa interanual, el incremento fue de un 4,8%, añadiendo 72.553 millones más al pasivo del país. Esto es consecuencia de la caída de ingresos y un aumento de los gastos debido a la pandemia, la guerra de Ucrania y la escalada de precios.

El Gobierno prepara sus cuartos presupuestos consecutivos con un gasto histórico que no ha dejado de elevarse desde el escalón trepado en 2020. Moncloa confirmó el martes que España contará el año que viene con un techo de gasto récord, un 60% mayor al diseñado en 2019 y superior –incluso– al proyectado en 2022, cuando la crisis de la inflación y los últimos coletazos del Covid-19 seguían causando estragos en buena parte de los hogares. Lo hará sin aplicar ajustes y comprometiendo una senda de recorte fiscal que llevará el déficit al 3% en 2024. “Un objetivo que se conseguirá sin recortes en el estado de bienestar, sino gracias al crecimiento de la economía, la creación de empleo y el impulso de los fondos europeos”, recordó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta semana.

Moncloa exprimirá la recta final de año para construir un sólido paquete de medidas en el que se incluirá la prórroga de varias de las ayudas anticrisis decretadas en el escudo social y la mayoría de los anuncios que Sánchez hizo durante su discurso de investidura. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tratará de arañar un acuerdo con la banca para elevar el umbral de acceso a las ayudas hipotecarias a las rentas inferiores a los 38.000 euros antes de su marcha a Luxemburgo, desde donde presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sánchez quiere que la medida, que ampliará el número de hogares con derecho a acogerse al Código de Buenas Prácticas de concesiones en el pago hipotecario, se incluya en el Decreto Ómnibus que tiene pensado aprobar en el último Consejo de Ministros de 2023. Se trata de la última tarea que que jefe del Ejecutivo encarga a Calviño como titular de Asuntos Económicos, después de lograr hace más de un año el primer alivio hipotecario para aquellas familias con ingresos inferiores a los 29.400 euros anuales. La ministra comenzó su tarea hace semanas. Tras la formación de Gobierno, comenzó a reunir a las diferentes patronales bancarias para tantear el éxito de la norma.

El Gobierno da inicio a la tramitación de la senda fiscal para 2024, que pone la primera piedra del futuro proyecto de presupuestos que Moncloa espera presentar a finales del primer trimestre de 2024. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto récord de 199.120 millones de euros, un 0,5% más -un 9,2% si se extraen los fondos europeos- y establece un límite de déficit del 0,1% para las CCAA, una décima extra de margen al establecido en el Plan de Estabilidad pactado con la Comisión Europea. Será el Estado el que asuma la décima extra concedida a las autonomías. El objetivo -ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- es "formular y elevar al Congreso de los Diputados unas nuevas cuentas", que el Ejecutivo quiere presentar en el primer tramo de 2024. "Nos gustaría estuvieran listos a finales de mes de marzo y principios de abril para que pudieran entrar en vigor", ha confirmado Montero.

Hacienda impone un déficit del 0,1% a las CCAA, que deberán aplicar fuertes ajustes para poder cumplir con la norma que trasladó la ministra del ramo, María Jesús Montero, en el seno del consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid. La propuesta contó con la oposición en bloque de las autonomías del Partido Popular, que cuentan con un as bajo la manga. Los de Alberto Núñez Feijóo podrían frenar la norma gracias a la mayoría absoluta que mantienen en el Senado, ya que la senda fiscal requiere del aval de ambas cámaras. Sin embargo, tumbar la media reactivaría lo establecido dentro del Plan de Estabilidad que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea, que impone términos más exigentes para las autonomías y entidades locales.