El Gobierno da inicio a la tramitación de la senda fiscal para 2024, que pone la primera piedra del futuro proyecto de presupuestos que Moncloa espera presentar a finales del primer trimestre de 2024. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto récord de 199.120 millones de euros, un 0,5% más -un 9,2% si se extraen los fondos europeos- y establece un límite de déficit del 0,1% para las CCAA, una décima extra de margen al establecido en el Plan de Estabilidad pactado con la Comisión Europea. Será el Estado el que asuma la décima extra concedida a las autonomías. El objetivo -ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- es "formular y elevar al Congreso de los Diputados unas nuevas cuentas", que el Ejecutivo quiere presentar en el primer tramo de 2024. "Nos gustaría estuvieran listos a finales de mes de marzo y principios de abril para que pudieran entrar en vigor", ha confirmado Montero.
De esta forma, la -también- vicepresidenta cuarta traza un calendario claro que se inicia con una senda que situará el déficit público en el 3% para el año que viene, nueve décimas menos del desvío con el que Moncloa espera cerrar el presente ejercicio. Hacienda confía en seguir recortando la cifra hasta el 2,7% en 2025, para dejarlo en el 2,5% en 2026, tal y como se comprometió con Bruselas. El esfuerzo será compartido entre el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos, aunque el mayor peso recaerá sobre la Administración central que deberá rebajar su déficit cuatro décimas en tres años. Las autonomías y entidades locales tendrán que hacerlo un 0,2%. De esta forma, el Gobierno completa la reducción de déficit iniciada durante la pasada legislatura. "Se conseguirá sin aplicar recortes en el estado de bienestar, sino que se hará gracias al crecimiento económico, del empleo y al impulso de los fondos europeos", ha insistido Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Prórroga de medidas
No obstante, la vuelta de las reglas fiscales obliga al Ejecutivo a retirar varias de las medidas antiinflación desplegadas durante los últimos dos años, y que han elevado el gasto y recortado los ingresos tributarios, que -no obstante- seguirán subiendo al 9% en 2024, según cálculos de la Agencia Tributaria. Moncloa estudia cual de ellas prorrogar, más allá de la extensión de la rebaja del IVA a los alimentos adelantada por Pedro Sánchez, para evitar descuadrar la estabilidad de las cuentas.
"El techo de gasto es prudente y el Gobierno cuenta con margen para prorrogar alguna de las medidas del escudo social si fuera necesario", ha deslizado Montero. La decisión -ha desvelado- se comunicará antes de que concluya el presente mes de diciembre. El Gobierno pretende prorrogar y modificar varias de las iniciativas fiscales que editó en 2022 y 2023 a través de un decreto omnibus que será aprobado en Consejo de Ministros durante las próximas semanas. Montero podría aprovechar la iniciativa para adaptar el gravamen temporal a las grandes compañías energéticas a la propuesta europea. De esta manera, Hacienda levantaría algo de presión sobre un sector que no ha dejado de mostrar su malestar desde la aprobación de la tasa.
La llave del PP en el Senado
Sin embargo, la andadura parlamentaria de la senda fiscal, promete ser agitada, y de ella depende el contenido de las cuentas sobre las que ya ha comenzado a trabajar el equipo de Montero. La ministra de Hacienda trasladó el límite de gasto ayer a las CCAA en un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que las regiones del PP dinamitaron un encuentro que debía servir -además- como primera toma de contacto en busca de una próxima reforma del sistema de financiación autonómica que Montero pretende aprobar a lo largo de la legislatura.
La queja de los populares llegó desde todos los prismas. Los barones de Feijóo se rebelaron, no sólo contra las concesiones que el Gobierno ha pactado con ERC a cambio de la investidura de Sánchez, sino también contra la propia senda fiscal que hoy echa a andar desde La Moncloa. El PP tiene capacidad para frenar la norma. Su mayoría absoluta en el Senado le da virtud para tumbar su tramitación, ya que la ley de estabilidad demanda el aval de las dos cámaras parlamentarias. Llegado el caso, el techo de gasto descaería y en su lugar comenzaría a regir la regla incluida en el Plan de Estabilidad pactado con Bruselas que establece criterios más estrictos, del déficit nulo para las CCAA y del 0,2% de superávit para las entidades locales. "Si el PP pone obstáculos a su tramitación, estará tirando piedras sobre su propio tejado", recordó la ministra de Hacienda.
Moncloa tendrá un ojo puesto en la tramitación de la norma, sin perder tampoco de vista las negociaciones que continúan en el seno de la Unión Europea en torno a las reglas fiscales. El Ecofin tiene previsto cerrar un acuerdo antes de que finalice el año, sin embargo Moncloa contempla un escenario en el que la falta de consenso reactive las viejas reglas suprimidas en 2020. "El Gobierno ha mantenido las responsabilidad fiscal a pesar de su suspensión", reafirmó Montero.
