Hacienda impone un déficit del 0,1% a las CCAA, que deberán aplicar fuertes ajustes para poder cumplir con la norma que trasladó la ministra del ramo, María Jesús Montero, en el seno del consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer en Madrid. La propuesta contó con la oposición en bloque de las autonomías del Partido Popular, que cuentan con un as bajo la manga. Los de Alberto Núñez Feijóo podrían frenar la norma gracias a la mayoría absoluta que mantienen en el Senado, ya que la senda fiscal requiere del aval de ambas cámaras. Sin embargo, tumbar la media reactivaría lo establecido dentro del Plan de Estabilidad que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea, que impone términos más exigentes para las autonomías y entidades locales.
En concreto, según recordó Montero, si el PP bloquea el techo de gasto todas las CCAA deberán cumplir con el déficit nulo. "Varias comunidades que ya han elaborado sus proyectos de presupuestos con la regla del 0,1% -como Andalucía o Cataluña- se verían obligadas a ajustar sus cuentas", recordó Montero en la rueda de prensa posterior. El golpe sería mayor para las entidades locales que deberían ajustar sus cuentas con un superávit del 3%. Andalucía, junto al resto de CCAA -excepto Asturias y Castilla-La Mancha- votaron en contra de la medida, según revelaron fuentes presentes en el encuentro. La cifra que mañana comenzará a tramitarse, promete -no obstante- estragos para las cuentas autonómicas. Catorce autonomías no cumplirían con el límite a día de hoy, según las previsiones de Fedea. La situaciones más complejas se estiman para la Comunidad Valenciana, con un desvío estimado del 2,3%, y Murcia con un déficit del 2,2% para 2023, según los cálculos del think tank. Moncloa acordó con Bruselas rebajar el déficit público al 3% en 2024, para ello se reserva el 2,9% restante. Desde Hacienda consideran que el Estado está asumiendo la mayor parte del peso de las medidas antiinflación que seguirán desplegadas a medio plazo dentro 'escudo social'.
El encuentro -que se celebró año y medio después del anterior- fue especialmente tenso. Al malestar por el techo de gasto, se ha sumado un caldeado turno de preguntas en el que buena parte de los consejeros autonómicos han trasladado a Montero su malestar por las concesiones del Gobierno a Cataluña a cambio del acuerdo de investidura que reeditó la presidencia de Pedro Sánchez el pasado noviembre. La Generalitat -que relegó su asistencia a dos cargos intermedios- ha estado presente en la boca del resto de Comunidades. "Se ha criticado la acción del Gobierno también desde autonomías gobernadas por el PSOE", afirman fuentes presentes en la reunión, que apuntan al especial enfado de Castilla-La Mancha por el reparto de quitas propuesto por Hacienda. El propio Emiliano García Page no ha ocultado -durante los últimos días- su profundo desacuerdo con Sánchez y reclama el mismo trato al concedido a Cataluña. Sin embargo, la ministra Montero no ha detallado como desplegará el mecanismo, según ha confirmado al término de la reunión el consejero gallego, Miguel Corgos.
Rompe el principio de igualdad
Tampoco ha gustado la mesa bilateral que el Ejecutivo central mantiene abierta con las Generalitat. "Es una falta total de respeto hacia las demás", ha insistido la Consejería de Hacienda de Andalucía, Carolina España. La denuncia se ha repetido por parte de todos los portavoces autonómicos populares tras la conclusión de la reunión. "Nosotros lo que estamos pidiendo es algo muy sencillo que es igualdad de trato y que a todos los españoles se nos trate igual, vivamos donde vivamos", ha afirmado el consejero de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
La ausencia de Cataluña ha amargado -aun más- el encuentro a Montero. La consejera de Hacienda catalana, Natàlia Mas, advirtió el pasado sábado que no asistiría a la reunión. En su lugar, decidió enviar al número dos del departamento, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. Mas afirmó que el Estado mantiene abierta una negociación exclusiva con Cataluña, por lo que su presencia en el seno del CPFF carece de sentido. Un punto -este último- que la ministra Montero ha desmentido en "reiteradas" ocasiones durante la reunión, según ha afirmado el portavoz de la Región de Murcia.
Montero aparca la financiación autonómica
La mañana ha sido larga en el ministerio de Hacienda. Más allá de las críticas políticas, las regiones afearon varios aspectos técnicos. En especial la ausencia de asuntos claves dentro del orden del día, como la financiación autonómica. Las regiones han insistido en la necesidad de abordar un debate, que desde Hacienda aparcarán -al menos- hasta el próximo año. María Jesús Montero ha confirmado que el Gobierno tratará de negociar su reforma con el Partido Popular, con la intención de aprobar un texto a lo largo de esta legislatura.
También se afeó la fasta de concreción de las entregas a cuenta que serán distribuidas en 2024. "Hemos tenido que redactar los presupuestos sin informaciones fundamentales", han insistido varios de los portavoces regionales reunidos en el ministerio de Hacienda. Los de Montero no incluyeron en la documentación previa las entregas a cuenta con las que contarán las comunidades, un detalle que su equipo no les ha revelado hasta este lunes. "Nos hemos enterado en mitad de la reunión de las entregas a cuenta a través de un correo electrónico", ha afirmado el consejero murciano, Luis Alberto Marín. Las CCAA que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros, según desvelan fuentes del ministerio de Hacienda que destacan un incremento del 14,9% respecto a 2023. "En los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las CCAA han recibido un 40% más de recursos que en los 5 últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone casi 180.000 millones más para las CCAA", ha asegurado María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión.
