La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reactivará el próximo lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los Gobiernos regionales en busca de un acuerdo que limite al 0,1% el techo de gasto con la intención de cumplir con el objetivo de déficit que Moncloa trasladó a Bruselas en octubre, en el 3% para 2024. El Ministerio pretende orientar el encuentro de forma técnica y, de paso, restablecer las relaciones de Moncloa con buena parte de las autonomías, en pie de guerra por el mecanismo de quitas de deuda previsto a raíz del pacto de Pedro Sánchez con ERC. El clima no es el propicio. Montero –que lleva casi un año y medio sin celebrar una reunión formal– se enfrentará a la oposición de todas las regiones populares y a los recelos de algunas gobernadas por barones socialistas, como es el caso de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García Page, ha mostrado su oposición a la presidencia de Sánchez.
"Hacienda no nos ha enviado aún la propuesta, pero estamos redactando nuestros presupuestos bajo la premisa del 0,1% que el Gobierno comunicó a la Comisión Europea en verano", afirman fuentes de la Junta de Andalucía, que aseguran que en la documentación enviada junto a la convocatoria –en la tarde del pasado martes– no hay rastro de información sobre una posible reforma del sistema de financiación autonómica prometida desde Moncloa. Tampoco, afirman fuentes autonómicas, incluye Hacienda información sobre el sistema de condonación de la deuda de las CCAA con el Estado o documentación del reparto del fondo en concepto de entregas a cuenta, previsto para el próximo ejercicio.
Lo cierto, es que los plazos parlamentarios han forzado a Montero a convocar el encuentro. La ley de Presupuestos debe estar precedida por la aprobación del techo de gasto que el lunes se discutirá con las autonomías. La tarea no es sencilla. El Gobierno se ha marcado unos ambiciosos objetivos de estabilidad presupuestaria que establecen un déficit del 3% para 2024. La cifra –avalada por las instituciones europeas– demandará un sobreesfuerzo. La mayoría de organismos nacionales prevé que España cierre este 2023 con un desajuste cercano al 4%, por lo que el Estado deberá acometer un recorte de un punto a través de gasto e ingresos. Hacienda llevará una propuesta de techo de gasto acorde a sus números, aunque desde el departamento que dirige Montero prefieren no adelantar la cifra.
Moncloa ya advirtió en octubre de que la gestión tributaria de las autonomías podría poner en riesgo el compromiso de déficit. En el Plan Presupuestario redactado a dos manos entre Economía y Hacienda, el Gobierno alertó de que el catálogo de bonificaciones y reducciones de los gravámenes gestionados por las regiones restarán 2.050 millones de euros a la partida de ingresos en 2024. Un roto en las cuentas que podría ser mayor si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumple su propósito y recorta la bonificación del Impuesto de Patrimonio para retener la recaudación que de otra manera iría a parar al Estado a través de grandes fortunas. La maniobra de Madrid podría restar más de 550 millones de euros a las arcas públicas.
Aún así, Hacienda cuenta con varios ases bajo la manga. Moncloa prepara un decreto ómnibus en el que pretende introducir varias medidas fiscales entre las que se podría ocultar el final de la rebaja temporal del IVA a la energía. La iniciativa –aprobada a raíz de la crisis de la inflación– ha supuesto una merma en la recaudación. Junto a la supresión del IVA de los alimentos básicos, que seguirá hasta junio de 2024, ha arañado más de 2.150 millones a la partida de ingresos tributarios hasta octubre. No es el único cambio que Montero prepara. También estudia readaptar el gravamen temporal a la banca y energéticas a la directriz europea.
