Moncloa exprimirá la recta final de año para construir un sólido paquete de medidas en el que se incluirá la prórroga de varias de las ayudas anticrisis decretadas en el escudo social y la mayoría de los anuncios que Sánchez hizo durante su discurso de investidura. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, tratará de arañar un acuerdo con la banca para elevar el umbral de acceso a las ayudas hipotecarias a las rentas inferiores a los 38.000 euros antes de su marcha a Luxemburgo, desde donde presidirá el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sánchez quiere que la medida, que ampliará el número de hogares con derecho a acogerse al Código de Buenas Prácticas de concesiones en el pago hipotecario, se incluya en el Decreto Ómnibus que tiene pensado aprobar en el último Consejo de Ministros de 2023. Se trata de la última tarea que que jefe del Ejecutivo encarga a Calviño como titular de Asuntos Económicos, después de lograr hace más de un año el primer alivio hipotecario para aquellas familias con ingresos inferiores a los 29.400 euros anuales. La ministra comenzó su tarea hace semanas. Tras la formación de Gobierno, comenzó a reunir a las diferentes patronales bancarias para tantear el éxito de la norma.
El discurso de investidura de Sánchez dio de sí. El socialista no solo prometió el alivio para los hipotecados, sino también coló varios de los puntos del programa electoral del 23-J: el aumento del Bono para el alquiler, la creación de una línea de avales de hasta el 20% de la hipoteca y el despliegue de 183.000 viviendas públicas dirigidas al alquiler asequible. También la gratuidad del transporte para menores, jóvenes y desempleados. Además de otra de las medidas estrella con la que el Ejecutivo pretende rebajar la presión de los precios: la extensión de la supresión del IVA de los alimentos básicos y la rebaja al 5% de aceites y pastas hasta el próximo mes de junio.
Podría no ser la única iniciativa que cuente con un tiempo de vida extra. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló el pasado martes que el Gobierno estudia ampliar otras ayudas, pero que apurará al máximo los días que descuentan de 2023 para ajustarse lo máximo posible a la previsión más realista de los ingresos tributarios y el comportamiento de los precios en el corto y medio plazo. A ello, se podría añadir la modificación del gravamen temporal a la banca y energéticas para ajustarlo a la propuesta de la Comisión Europea, más partidaria de atacar los beneficios extraordinarios en lugar de la cifra de negocio.
Los ingresos dan margen a Moncloa
La enésima edición del paquete anticrisis tendrá un evidente impacto sobre las cuentas públicas, en un año en el que se reactivarán las reglas fiscales, que sigue debatiéndose en el seno de la Unión Europea. Los ministros de Finanzas y Economía de los 27 se emplazaron a una nueva reunión en la que buscarán cerrar los últimos flecos técnicos que quedan pendientes para consumar el acuerdo.
La cercanía de las nuevas limitaciones ha provocado que cada vez más organismos e instituciones recomienden a Moncloa poner fin a las políticas de auxilio económico; aun así, Hacienda afirma contar con margen para mantener parte de las medidas a lo largo del próximo 2024, año en el que el Ejecutivo ha proyectado un techo de gasto récord de casi 200.000 millones de euros, sostenido por el incremento -en torno a un 9%- de la recaudación por tributos, el empuje del empleo y del crecimiento del PIB. "El Gobierno cuenta con margen para prorrogar alguna de las medidas antiinflacion si fuera necesario, una decisión que tomaremos antes de que concluya el mes", desveló Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A Moncloa le salen los números. Junto al techo de gasto -que debe pasar un complejo trámite parlamentario- se aprobó una ambiciosa senda fiscal que llevará el déficit -según promete Hacienda- al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% un año después.
