El Gobierno prepara sus cuartos presupuestos consecutivos con un gasto histórico que no ha dejado de elevarse desde el escalón trepado en 2020. Moncloa confirmó el martes que España contará el año que viene con un techo de gasto récord, un 60% mayor al diseñado en 2019 y superior –incluso– al proyectado en 2022, cuando la crisis de la inflación y los últimos coletazos del Covid-19 seguían causando estragos en buena parte de los hogares. Lo hará sin aplicar ajustes y comprometiendo una senda de recorte fiscal que llevará el déficit al 3% en 2024. "Un objetivo que se conseguirá sin recortes en el estado de bienestar, sino gracias al crecimiento de la economía, la creación de empleo y el impulso de los fondos europeos", recordó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta semana.
La emergencia sanitaria supuso un antes y un después. Bruselas suspendió las reglas fiscales, permitiendo que el Ejecutivo desplegara un profundo salvavidas económico apuntalado por la llegada de los 27.436 procedentes de los fondos europeos que se sumaron a la aportación pública. El 2021 contó con un límite de gasto de 196.097 millones de euros, 68.488 millones más que el año previo. El incremento estaba justificado, al igual que lo estuvo durante los ejercicios posteriores en los que los sobresaltos no abandonaron a la economía, y en los que el gabinete de Sánchez mantuvo el techo de gasto en niveles cercanos a los 170.000 millones, 197.000 millones contando con el auxilio de los Next Generation.
Un 9,3% más elevado
Ahora, con unos nuevos compromisos fiscales a punto de ver la luz y superada la peor fase de la crisis de la inflación, el Gobierno eleva su apuesta e incrementa el techo de gasto otro 9,3%. Lo hace gracias al impulso mostrado por la recaudación tributaria, que no ha dejado de crecer desde 2022, y que seguirá haciéndolo un 9% en 2024, según las previsiones del ministerio de Hacienda. También al vigor del empleo, que continúa en máximos por encima de los 20,8 millones de ocupados, según los últimos datos de noviembre; y a la confianza de que los frutos de los fondos europeos terminen de florecer en la economía real el año que viene.
Montero dedicará 9.905 millones de euros comunitarios a engrosar la partida de gasto que despliega para las cuentas que ya han comenzado a ser redactadas en el ministerio que dirige.
Prórroga de medidas anticrisis
No obstante, y a pesar de las recomendación de los organismos nacionales e internacionales, Sánchez prepara un paquete con la prórroga de varias de las medidas anticrisis que devoraron parte del gasto durante los pasados ejercicios. El presidente del Gobierno -lejos de retornar a la senda de la normalidad- inicia su legislatura manteniendo parte del escudo social pensado para responder a la situación de emergencia económica. Ampliará hasta el próximo mes de junio la rebaja del IVA de los alimentos, que en el caso de los básicos seguirá reducido al 0%. También otras medidas que desvelará antes que concluya el presente 2023. "El techo de gasto es prudente y el Gobierno cuenta con margen suficiente como para prorrogar alguna de las medidas antiinflacion si fuera necesario", reveló la vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero.
La decisión tendrá su coste. El recorte y supresión del impuesto sobre los alimentos restó 1.294 millones de euros a la recaudación, solo durante los primeros nueve meses del año. Lo mismo ocurrirá con las concesiones tributarias que Sánchez podría ampliar. Las grandes eléctricas prevén un incremento del precio de la electricidad en enero, lo que podría hacer que el jefe del Ejecutivo diera marcha atrás en su idea de revertir la rebaja del IVA a la energía, que solo hasta octubre arañó 734 millones de euros a los ingresos de la Agencia Tributaria.
A ello, se añade el impacto que tendrá la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados; el aumento del Bono del Alquiler o la ampliación de los beneficiarios de las ayudas hipotecarias que Sánchez anunció durante su discurso de investidura. Todos ellos podrían engrosar el Decreto Ómnibus que Moncloa espera aprobar antes de final el año.
El margen de gasto con el que contará el Gobierno el año que viene podría estrecharse en 2025. La inercia mostrada por la recuperación económica y la creación del empleo ya dan síntomas de agotamiento, anticipando el final de medidas que consuman grandes cantidades del presupuesto. Es más, el pasado miércoles, la AIReF recomendó a Moncloa ir planteando un ajuste de gasto anual del 0,64% a partir de 2025 -unos 8.600 millones de euros- para mantener la estabilidad y cumplir con la senda de déficit y deuda comprometida con la Comisión Europea.
El organismo que dirige Cristina Herrero también cuestiona el modo en que se reparte el déficit por Administraciones. No en vano la Autoridad opina que es posible que las CCAA protagonicen alzas del gasto primario neto en 2024 superiores al límite del 2,6% que el Gobierno ha establecido. No obstante, las mayores críticas se centran en las múltiples irregularidades de forma que el Plan de Reequilibrio presenta. Un documento, que no obstante, Montero defiende a capa y espada.