El Gobierno insta al líder de PP a responder a la convocatoria que el presidente, Pedro Sánchez, envió a Génova con la intención de reunirse con Alberto Núñez Feijóo el viernes 22 o 29 de diciembre. "A día de hoy seguimos esperando para que nos diga que día le viene mejor. El PP sabe los contenidos que el presidente quiere abordar y también que puede abordar cualquier tema que sea de su interés", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Moncloa propuso hace más de una semana al jefe de la oposición una ronda de contactos con la intención de comenzar a negociar -entre otros- la reforma del modelo de la financiación autonómica y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hace unos días, la número dos del PP alejaba la posibilidad de un encuentro. "Lo único que le interesa es una foto", aseguró esta semana la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que descartó -al menos de momento- contactos con el presidente del Gobierno.
Batalla por el impuesto de sucesiones
Lo cierto es que los frentes que el PP mantiene abiertos con el Gobierno son incontables. Uno de ellos se juega durante estos días en el Senado, donde los populares mantienen una mayoría absoluta. La mesa de la Cámara Alta calificó hace meses una proposición de ley en la que el PP pide tumbar el impuesto de sucesiones en toda España. Ante esto, el Ejecutivo ha aprobado hoy enviar un requerimiento para frenar una tramitación que consideran inconstitucional al tener un impacto sobre las arcas públicas. "El impacto presupuestario de esta proposición de ley son 2.800 millones de euros", ha insistido el ministro de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Felix Bolaños que ha recordado que "la Constitución establece que es necesaria la conformidad del Gobierno para la tramitación de cualquier norma que vulnere los fondos públicos". En caso de que la Mesa del Senado ignore el requerimiento, Justicia activará un recurso ante el Tribunal Supremo, según ha confirmado Bolaños.
La batalla política que mantienen Feijóo y Sánchez se extiende además por el terreno autonómico. Las CCAA en manos de los populares descartaron -la pasada semana- acudir a la Conferencia Sectorial de Turismo al considerar que la convocatoria -lanzada por el ministerio que dirige Jordi Hereu- cuestiona "la legalidad". La rebelión popular se precipitó el pasado lunes en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión se dilató durante horas, entre las protestas de los consejeros de Hacienda del PP por el límite de déficit propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por la advertencia sobre el endurecimiento de la regla, en caso de que los de Núñez Feijóo utilicen su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la tramitación del techo de gasto.
El desencuentro supuso un cisma en las relaciones de los dos principales partidos del arco parlamentario, amplificado por las acusaciones de trato de favor a Cataluña del que se quejan otras regiones socialistas como Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García Page. El objetivo de Hacienda es consensuar de manera bilateral un mecanismo personalizado de quitas de la deuda autonómica con el Estado a partir del próximo mes de enero. Será entonces, cuando la ministra Montero se siente -una por una- con todas las regiones para pactar su contenido.
A ello se añade la busca de un sistema de financiación autonómica nuevo, que debería comenzar a construirse sobre las bases de un pacto entre PSOE y PP, pero que el clima político actual ha comenzado a disolver.
