Pedro Sánchez amaneció ayer con el camino más despejado hacia su debate de investidura. La renuncia del PNV a facilitar un gobierno de Feijóo libra al socialista del primero de los obstáculos. El resto depende de la pericia del PSOE y de Sumar en el proceso de negociación con el puñado de grupos parlamentarios necesarios para alcanzar una mayoría de síes. También de las exigencias que ERC, Junts o el PNV pongan sobre la mesa.
La noche del 23-J avanzó con amargura en la sede del PP. El resultado –muy alejado al esperado– cayó como una losa sobre el equipo de campaña de Alberto Núñez Feijóo, que trazó una estrategia que no terminó de convencer a los votantes. La falta de una medida decidida que identificara el programa electoral, sus renuncios en torno a los impuestos temporales a la banca o a las grandes energéticas o la falta de una reforma fiscal decidida en su discurso, fueron solo uno de los motivos que alejaron al gallego de su meta.
El PNV cierra la vía abierta por Núñez Feijóo en busca de su investidura. El líder popular trató de explorar ayer un posible acuerdo con los de Ortuzar a cambio de dejar a Vox fuera de las instituciones en un intento desesperado por tratar de hacerse con la presidencia del Gobierno. Los vascos no dieron opción al líder del PP y le comunicaron que no apoyarían su candidatura bajo ningún concepto. "No sé de qué va a querer hablarnos el PP, viendo el programa electoral que han presentado, viendo lo que han hecho en las semanas recientes en diferentes autonomías, y viendo que Vox es absolutamente necesario", aseguro la portavoz de la formación, Itxaso Atutxa.
Alberto Núñez Feijóo se lanza a por la investidura y busca una acrobacia parlamentaria para tratar de ser elegido jefe del Ejecutivo. Los populares quieren apuntalar un acuerdo de investidura con el PNV, que le garantice los cinco síes del partido liderado por Andoni Ortuzar. Según fuentes del PP, el gallego ve factible esta fórmula, que no obstante dejaría fuera de un hipotético Gobierno a Vox. Génova tratará de dejar a los de Abascal en un segundo plano, y recurrirá a ellos -llegado el caso- en momentos y votaciones puntuales. La cúpula del PP considera que el batacazo electoral sufrido por la formación de ultraderecha -que se ha dejado 19 escaños- deja a Abascal en una situación muy precaria, por lo que se vería forzado a aceptar esta vía para no seguir perdiendo apoyo en futuras elecciones. La estrategia no es nueva. El popular ya deslizó esta posibilidad al inicio de la campaña. Eso sí, por entonces las encuestas le daban una victoria mucho más holgada a la que finalmente ha conseguido. En una charla informal con periodistas, Feijóo apuntó a ésta como su primera opción.
El buen aspecto que muestra la economía esconde una batería de retos, cuya respuesta deberá ser escrita por el nuevo Ejecutivo desde el palacio de La Moncloa. Los deberes se acumulan, tanto dentro de nuestras fronteras, como también fuera, donde la relación con la Comisión Europea -que el año que viene se expone a las elecciones al Parlamento Europeo- será clave para el devenir de las finanzas españolas. También dentro se acumulan los desafíos. El nuevo gabinete deberá desarrollar políticas que conserven las virtudes actuales, y que corrijan las debilidades que ya han comenzado a dejarse notar. La operación deberá ser quirúrgica.
Los programas electorales confrontarán mañana modelos en las urnas. Los catálogos de promesas llaman al voto; sin embargo -como suele ocurrir- muchas de ellas se antojan muy difíciles de cumplir.
La economía española llega a las elecciones generales del 23-J superando su nivel prepandemia. Lo hizo ya en el primer trimestre de 2023, a pesar de que la remontada no se esperaba hasta haber finalizado el pasado mes de junio. El PIB subió un 0,6% hasta marzo, una décima más de lo que el propio INE había anticipado hace unos meses, y dejando el volumen un 0,06% por encima del registrado en 2019. La recuperación es ajustada, pero más temprana de los pronosticado y se produce en un contexto de máxima incertidumbre.
La nueva cita de España con las urnas irrumpe en un momento clave para la economía española. La incertidumbre sobre el desenlace electoral se asoma y los desafíos a los que el futuro Gobierno deberá hacer frente se acumulan. Las últimas encuestas anticipan una victoria del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo; sin embargo, no será suficiente. El líder del PP deberá pactar, y -después de lo escuchado en campaña- tan solo tiene opciones de hacerlo con Vox. Ambos, Abascal y Feijóo, deberán -si se cumplen los sondeos- de presentar estabilidad a inversores e instituciones europeas. También deben cumplir con lo comprometido. En 2024, los socios de la Unión Europa deberán cumplir con las nuevas reglas fiscales, que exigirán el control del déficit y la deuda pública. Para ello -avisó el jueves el Eurogrupo- deberá ponerse fin a la política expansiva heredada de la pandemia.
La mayoría de los cálculos electorales publicados hasta la fecha anticipan un endeble gobierno del Partido Popular tras el 23-J. Los pronósticos más optimistas para Génova le siguen recordando que necesitará de Vox para acceder a La Moncloa, lo que podría limitar acción de Feijóo sobre la política económica. Mucho está en juego, y 2024 será un año especialmente delicado. El débil tablero parlamentario que podría quedar tras las elecciones, amenaza con poner en riesgo la acción de un política económica firme, que impulse unos presupuestos sólidos y garantice de una manera adecuada el despliegue de los créditos europeos. Todo depende del nivel de dependencia que los populares terminen teniendo sobre los de Abascal, y de las condiciones que éstos pongan sobre la mesa.
El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se lanza a por el voto joven. Su programa incluye medidas quirúrgicas con un gran impacto mediático, pero poca incidencia sobre el gasto público, en un intento de mantener a raya la seda de reducción de deuda y déficit comprometida con Bruselas. Dos de ellas, prometen la gratuidad del transporte urbano a los menores de 24 años y la bonificación de los estudios universitarios y de formación profesional (FP) para aquellos estudiantes que aprueben a la primera. Ambas tendrían un impacto superior a los 566 millones de euros anuales. Una cantidad que queda muy lejos de los 40.000 millones utilizados para los sucesivos paquetes antiinflación desplegados a lo largo de 2022.