El buen aspecto que muestra la economía esconde una batería de retos, cuya respuesta deberá ser escrita por el nuevo Ejecutivo desde el palacio de La Moncloa. Los deberes se acumulan, tanto dentro de nuestras fronteras, como también fuera, donde la relación con la Comisión Europea -que el año que viene se expone a las elecciones al Parlamento Europeo- será clave para el devenir de las finanzas españolas. También dentro se acumulan los desafíos. El nuevo gabinete deberá desarrollar políticas que conserven las virtudes actuales, y que corrijan las debilidades que ya han comenzado a dejarse notar. La operación deberá ser quirúrgica.
1. Crisis de la inflación
Quizá sea el principal reto en el corto plazo. La caída del IPC -en el 1,6% en junio- esconde la elevada tasa de la inflación subyacente, estancada en el 5,9%. Los precios de los alimentos sigue asfixiando las finanzas de las familias, y las medidas adoptadas hasta ahora no parecen haber conseguido dar con la tecla adecuada. La situación podría empeorar en el corto plazo. La sequía -especialmente intensa en Andalucía y Cataluña- amenaza con encarecer más los productos procedentes del campo español. La sandía ha sido ya presa de las consecuencias de una meteorología adversa, que ha hundido la producción disparando el coste muy por encima de lo acostumbrado. A ello, se añade el efecto que el veto ruso a las exportaciones de trigo ucraniano pudiera tener sobre la cesta de la compra. España es el segundo mayor comprador del grano comercializado por Kiev.
2. Política monetaria
Como consecuencia de todo ello, el BCE se inclinará -según espera el mercado- por seguir elevando los tipos de interés. La ofensiva iniciada hace un año por Christine Lagarde parece no tener final, y los hogares siguen pagando las consecuencias -mes a mes- en el pago de sus cuotas hipotecarias. Las decisiones tomadas en Frankfurt han generado uno de los grandes problemas a los que expone la economía española:una crisis del precio de la vivienda, que no solo afecta a la firma de las hipotecas o al pago de los créditos, sino -sobre todo- al un mercado del alquiler revolucionado. Los españoles ya dedican casi la mitad -el 43%- de sus salarios a pagar la renta mensual, según un informe publicado por Infojobs y Fotocasa. La situación es más tensa en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma, donde los altos precios exigen seis de cada diez euros del sueldo. Además, la crisis del mercado inmobiliario ha dejado al descubierto un enorme déficit de oferta que no se ha abordado con cierta decisión desde hace unos meses, cuando el Gobierno central y las comunidades autónomas empezaron a aprobar grandes planes de construcción de obra pública destinada al alquiler de jóvenes y rentas bajas. Sin embargo, todo esto no empezará a dar resultados hasta dentro de unos cuantos meses.
3. Crecimiento del PIB
Es otro de los desafíos que llaman a las puertas de La Moncloa. El impulso que la economía ha mostrado en 2021 y 2022 -con crecimientos del 5,5%- comienza a dar síntomas de agotamiento. Las exportaciones han comenzado a resentirse y los analistas temen que su principal motor -el turismo- haya tocado ya su techo. A esto se añade el efecto que la inflación y la política monetaria del BCE está teniendo sobre la capacidad de consumo y ahorro de las familias españolas. La pérdida de poder adquisitivo ha devorado el ánimo de los españoles, que cada vez hacen más número antes de adquirir un producto o servicio. Las compras de los hogares cayeron un 1,3% hasta marzo, encadenando así dos trimestres consecutivos de recortes. Lo mismo ocurre con el ahorros acumulado en pandemia que todavía conservan algunos ciudadanos en sus cuentas corrientes. El gran problema es que en su mayoría -apunta el Banco de España- se encuentra en poder de las rentas más altas, "poco propensas a destinarlos al consumo", dice el regulador. A esto se añade que casi el 45% de ese ahorro está en depósitos que no rinden al ritmo que lo hace el valor del euro. Según el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, la rentabilidad a plazo en España es 79 puntos inferior al de los ofrecidos en el resto de países de la Unión Europea, y apenas representa el 20% de la variación del euríbor a 12 meses. Lejos de nuestras fronteras, la situación no es más esperanzadora. Alemania sigue tropezando con su PIB,. Además, la eurozona no registró crecimiento alguno en el primer trimestre de 2023 respecto de los tres meses anteriores, cuando la actividad en la región se contrajo un 0,1%, según Eurostat.
4. La creación de empleo
Hasta ahora ha sido el gran salvavidas de la economía española, tanto del crecimiento del PIB, como de la salud de las cuentas públicas. España cuenta con una cifra récord que rozó los 21 millones de afiliados el pasado mes de junio. El incremento del empleo ha servido a los hogares para afrontar los estragos de la inflación, mientras que el pago por IRPF se ha disparado hasta mayo casi un 12%. En los cinco primeros meses del año se han ingresado 46.106 millones de euros procedentes del impuesto sobre la renta. No obstante, las previsiones juegan en contra del mercado de trabajo. La AIReF pronostica que España seguirá creando empleo, pero lo hará a un ritmo cada vez menor. Lo mismo ocurrirá con la caída de la tasa de paro. El desempleo cerrará el año en el 12,5% y -a pesar de lo prometido en la campaña electoral- el organismo que preside Cristina Herrero calcula que la tasa se estancará en el entorno del 11% desde 2025. El desafío reside en como conectar las necesidades de las empresas con la formación de estudiantes y desempleados. Un complicado rompecabezas al que el nuevo Ejecutivo debe meter mano cuanto antes. Parte del camino ya ha sido transitado. El Gobierno aprobó un sinfín de medidas para impulsar la Formación Profesional y ajustarla a las nuevas demandas de empleo que el mercado requiere. Por último, el próximo gabinete debe marcar la hoja de ruta del pacto de rentas, y afrontar políticas que potencien la productividad, clave para evitar un incremento del déficit exterior que lleven a España a repetir los errores que llevaron a la economía a depresión de 2008 y a la destrucción masiva de puestos de trabajo. Además -y también- junto con los agentes sociales, es imprescindible atajar la precariedad laboral de la que todavía adolece parte del mercado de trabajo.
5. Los fondos europeos
El desembolso de la financiación comunitaria será clave, tanto para mantener el vigor de la economía, como para apuntalar el futuro modelo productivo que proteja a España de futuras crisis. La Comisión Europea sigue analizando la adenda al Plan de Recuperación remitido en junio. En él, Asuntos Económicos marcó una estrategia clara basada en el desarrollo de la industria de semiconductores, de la energía renovable y el impulso de la producción de todas las cadenas de producción del vehículo eléctrico. En total, el futuro Ejecutivo deberá gestionar 84.000 millones de euros en créditos. A cambio, deberá seguir cumpliendo los hitos comprometidos con Bruselas. No obstante, el gran desafío reside en conseguir acelerar los plazos de ejecución real de los 'Next Generation', cuyo ritmo se habría ralentizado con respecto a lo mostrado en 2022. Además, el próximo Gobierno debe mejorar el nivel de transparencia del proceso, reclamado tanto por las entidades de estudio, como por el propio Parlamento Europeo, que have unos meses envió una misión de reconocimiento a España. Por su parte, entre los hitos pendiente se encuentra la reforma fiscal que España debe acometer con cierta urgencia, y que marcará la política económica de los próximos años.
6. Déficit y deuda
La salud de las cuentas españolas será mirada por lupa en cuanto se activen las nuevas reglas fiscales que siguen negociándose en Bruselas. El compromiso no dará margen para grandes rebajas de impuestos, ni grandes políticas de expansión de gasto, como las acometidas desde el estallido de la pandemia hasta ahora. España deberá cumplir con una senda descendente de déficit, pero también de la deuda pública. Es en este punto, donde al futuro Gobierno le espera otro gran desafío, el incremento del coste de la deuda adquirida, tras la retirada del programa de compras del BCE. La factura que prevé pagar el Ejecutivo en 2026 es del 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) nominal. Aplicando las subidas previstas de este indicador macroeconómico, el coste total subirá en 14.900 millones, hasta alcanzar los 46.500 millones. Una subida moderada y asumible por la gestión del Tesoro. Aún así, un desafío que demanda de una respuesta decidida.
7. Las pensiones
En cuanto a las pensiones, el Gobierno deberá hacer frente a la primera revisión de la reciente reforma. Tal y como exigió la Comisión Europea con la imposición del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el gasto en pensiones nunca podrá superar el 15% del PIB. El nivel se sitúa por debajo del 12%. En el primer examen, la AIReF auditará las medidas de ingresos, pero no los gastos. Después llegará al Pacto de Toledo y a los agentes sociales. Si hay un desvío del gasto, el Gobierno tendría que afrontar medidas delicadas en busca del recorte del gasto, del aumento de los ingresos o una combinación de ambas. La tónica hasta mitad de siglo es que la partida de las pensiones vaya en aumento por la presión del retiro de la generación del baby boom, y será necesario más empleo e ingresos por cotizaciones para mantener el tipo. Otro de los motivos que desaconsejan iniciativas que minen la recaudación.
Extra: La financiación autonómica
Es una de las grandes cuentas pendientes del Gobierno. Ninguno de los dos anteriores Ejecutivos se decidieron a reformar un sistema de financiación autonómica que caducó el pasado año 2014. Solo María Jesús Montero hizo un primer intentó que quedo en nada. El mecanismo provoca desigualdades entre diferentes comunidades. Desde hace años, Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana reciben fondos insuficientes como para afrontar el gasto de los servicios esenciales. Es por ello, por lo que estas regiones se han visto obligadas a elevar su endeudamiento. Por contra, otras CCAA, como Cantabria o La Rioja, se cuentan entre las beneficiadas por el reparto del sistema. El nuevo Gobierno tiene -en este 2023 y el próximo 2024- la oportunidad perfecta para acometer la renovación de las reglas, ya sin elecciones autonómicas a la vista.
