
Con las elecciones marcando la cuenta atrás en el calendario, España ha decidido sentar las bases del debate de la reforma de las reglas fiscales de la UE. Se ha tratado, el de este viernes, del primer encuentro de los ministros de Economía y Finanzas del bloque presidido por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Una cita que aprovechó para presentar un plan que permita cerrar un acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de terminar el año.
La hoja de ruta, tal y como explicó Calviño en rueda de prensa, ha recabado el apoyo de los Veintisiete, con un "respaldo unánime" en sus cuatro puntos principales para "cerrar un acuerdo en otoño". Es así que en las próximas semanas empezarán los trabajos técnicos para poner sobre la mesa una propuesta y continuar las discusiones políticas tras el verano.
Este documento de trabajo marcó el tono de la conversación con cuatro puntos de la reforma de la gobernanza económica que giran en torno a salvaguardas comunes para garantizar una reducción suficiente de la deuda, al tiempo que aboga por espacio fiscal para realizar las inversiones necesarias. Calviño ha tratado de marcar, con este documento, la orientación del debate antes de las elecciones del 23 de julio.
Unos comicios que, según ha reconocido el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, este viernes dificultan técnicamente los trabajos por cerrar un acuerdo. A su entrada al Ecofin, el italiano ha señalado: "nada es simple, las elecciones pueden hacer más complicadas las cosas desde el punto de vista técnico, pero estoy decidido y soy optimista con poder alcanzar un acuerdo para finales de año".
La presidencia española plantea también que haya espacio fiscal para "permitir financiar las inversiones necesarias y los bienes públicos", explicó Calviño.Los otros dos puntos se refieren al "papel y margen de maniobra de las distintas instituciones" y "qué mecanismos establecer para garantizar el cumplimiento de los compromisos".
El documento "recoge los cuatro elementos fundamentales que podrían conformar ese paquete en el curso del otoño", aclaró la vicepresidenta primera, que pueden conformar la base del acuerdo de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Es un difícil equilibrio el que busca establecer este plan de trabajo. Las posturas sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento han dividido al motor de decisiones de la UE, Berlín y París. Alemania hace meses que viene reclamando una referencia cuantitativa, es decir, una cifra concreta para establecer la senda de reducción de deuda. Su sugerencia, formulada por el ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, es un mínimo de reducción de un 1% anual.
Del lado contrario está Francia con una postura que rechaza de plano establecer reglas "automáticas e uniformes" para la reducción del endeudamiento público. No en vano, la reforma de las reglas fiscales se articula como respuesta a los años de austeridad posteriores a la crisis financiera del 2008, que evidenciaron la falta de realismo a la hora de cumplir ciertas referencias de las anteriores reglas fiscales. Se refiere a la regla de oro, que fijaba una reducción del endeudamiento a un ritmo de 1/20 anual para aquellos países que superen niveles del 60% sobre el PIB.
Italia por su parte, se ha mostrado en favor de impulsar las inversiones públicas en contraposición a la estrategia seguida durante la crisis financiera de 2008, cuando se apostó por una consolidación en base al recorte del gasto en inversión.
Todo ello parte de la propuesta de revisión de la Comisión Europea que se basa en sendas fiscales adaptadas a cada país, con planes a cuatro años extensibles a siete si se formulan inversiones adicionales, pero con sanciones para aquellos Estados miembro que incumplan lo pactado con Bruselas.
En todo este compendio, cabe recordar que Alemania, la República Checa, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia y Luxemburgo, remitieron una carta a los Veintisiete, en el Ecofin del pasado junio, en la que piden una reforma de la gobernanza económica que garantice la sostenibilidad presupuestaria y de la deuda a largo plazo. Un reclamo que, han instado, se aplique de forma igualitaria a todos los países de la UE y del que no han participado voces tradicionalmente más alineadas con Alemania en las reglas fiscales, como Países Bajos.