Tras asegurarse la Formula 1 y la MotoGP hasta 2026, el Circuit de Catalunya busca como generar ingresos más allá de los días de competición. El recinto está en números rojos desde hace años y a pesar de las inyecciones de dinero público aportadas por la Generalitat la situación no ha cambiado. Por ello el Govern ha cambiado el enfoque: asume que las pérdidas son inevitables, pero mantiene su apuesta por la instalación por el retorno turístico, de imagen y para la industria del motor que tiene.

El Corte Inglés suelta lastre inmobiliario. Los grandes almacenes hace años que tienen en marcha un plan para deshacerse de edificios que no considera estratégicos y esta semana ha cerrado la desinversión del centro comercial de Portal de l’Àngel, en Barcelona, la calle más cara de toda la ciudad. La empresa llegó a un acuerdo con Redevco Iberian Ventures para deshacerse del activo por algo menos de 200 millones de euros; un pacto que le servirá para rebajar deuda tras los esfuerzos acometidos durante la pandemia.

Aunque Uber opera todavía con práctica normalidad en Barcelona, sabe que su funcionamiento actual tiene los días contados. La tecnológica espera que en los próximos meses el Instituto Metropolitano del Taxi deniegue todas las licencias de vehículos con conductor con las que opera que no cumplan con los requisitos del nuevo Decreto ley catalán. No obstante, la plataforma ya adecua su operativa con servicios que podrían escapar del cepo normativa, como es el servicio Comfort Reserva que aterrizó la semana pasada en la capital catalana.

A pesar del decreto anti-VTC catalán, Uber, Cabify y Bolt mantienen su operativa en Barcelona. La norma permitió un periodo de interinidad hasta el 31 de diciembre, cuando las restricciones ya serán insalvables para las plataformas competidoras con el taxi. Las tecnológicas podrán centrar sus esfuerzos en otras ciudades, pero los tenedores de las licencias sí se quedarán atrapados y sin alternativas. Los grandes perjudicados de la norma serán Vecttor, filial de Cabify; el fondo de inversión King Street y José Antonio Parrondo, un exjefe del taxi que cambió de acera.

La inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña se queda en el 15,7% de lo presupuestado. La ejecución real del gasto del Ministerio de Transportes en la autonomía, una de las grandes quejas de la Generalitat y buena parte de los empresarios, vuelve a estar lejos de lo previsto en el primer semestre del año. El dato sube eso sí al 69,3% sí se tiene en cuenta la indemnización a Abertis por el fin de las concesiones en las autopistas AP-7 y AP-2.