Después de tres años sin apenas bodas, Pronovias sufre todavía las consecuencias del coronavirus. Mientras la mayoría de la industria de la moda ya recuperó las cifras previas a la pandemia, la firma de trajes de novia está todavía muy lejos de acercarse a las ventas de 2019. Y de los beneficios, todavía más. La firma propiedad de BC Partners cerró 2021 en números rojos, por lo que necesitó aplazar los pagos inmediatos de deuda y una nueva dosis de oxígeno de su accionista de referencia.

Las ayudas que el Estado prestó a las empresas que presentaron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) durante la pandemia venían con una contraprestación: no podían despedir en los siguientes meses. El Corte Inglés, que presentó un paquete de despidos temporales para 26.000 empleados durante el primer estado de alarma, se saltó la limitación y un año después aprobó un ERE para 3.292 personas. Además, repartió un dividendo de 37,5 millones. Así, tuvo que devolver las bonificaciones recibidas. No todas, pero sí las que se dieron para los trabajadores que finalmente abandonaron los grandes almacenes.

Miura Partners lanzará a finales de año la venta de Tekman Education, la compañía barcelonesa especializada en programas educativos. Según han confirmado fuentes del mercado a elEconomista.es, el proceso estará coordinado por Macquarie, el banco de inversión especializado en el sector, en un contexto de creciente apetito inversor por este mercado, en plena transformación. El grupo facturó 20 millones de euros en 2021 y prevé elevar sus ventas hasta 25 millones en 2023.

La familia Grífols da la vuelta a su negocio de distribución de vinos. La saga catalana, propiedad de la firma de hemoderivados Grifols, controla desde hace un lustro la cavista Juvé y Camps y, a través de la compañía, dispone de una distribuidora de vinos premium. Hasta ahora únicamente trabajaba para la hostelería, pero acaba de poner en marcha el proyecto Insolity para, por primera vez, vender directamente al cliente particular.

Las okupaciones han crecido un 10% en Cataluña en los últimos tres años. Para algunos es una problemática hinchada desde sectores conservadores, para otros uno de los principales retos a los que se enfrenta la economía del territorio. Lo cierto es que la entrada sin permiso a una vivienda no deja de crecer y los propietarios ponen el foco en la permisividad de las autoridades con los okupantes para justificar que en la Comunidad se produzcan más del 40% de los allanamientos de toda España.