El Corte Inglés y los sindicatos han llegado a un acuerdo para la salida de 3.292 personas mediante bajas voluntarias y forzosas. Según han comunicado los sindicatos, el gigante de la distribución pagará en ambos casos 33 días, con un máximo de 24 mensualidades, tomando como base el salario a la fecha de extinción y los incentivos variables de 2019 para el colectivo de venta.
Asimismo, entre los 5 y los 10 años de antigüedad en la empresa habrá un pago del 5% del salario bruto anual. Entre 10 y 15 años ese porcentaje se elevará hasta el 10% y a partir de los 15 años hasta el 20% del salario bruto anual.
La empresa que preside Marta Álvarez se ha comprometido a reducir el número de afectados en un 15% en el caso de que no se cubra con el total de voluntarios, reduciendo así en más de 500 personas los procesos de extinción forzosos. Así, en el caso de que no haya suficientes voluntarias, el número máximo de salidas será de 2.800 personas.
Proceso voluntario
Los empleados que así lo deseen podrán adscribirse de manera voluntaria por escrito hasta el próximo día 23 de abril y la empresa tendrá que contestar antes del 23 de mayo. Quedan fuera de las salidas los empleados con un 33% o más de discapacidad, las víctimas de violencia de género o terrorismo, las personas con menores con discapacidad a su cargo o que tengan a su cargo a familiares en primer grado con una enfermedad grave. Asimismo, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho, el plan de bajas solo podrá afectar a uno de los dos cónyuges.
Según han comunicado los sindicatos, El Corte Inglés ha firmado un acuerdo con dos firmas para la recolocación de los trabajadores afectados, LHH y Manpower. La compañía quiere recortar un 5% la plantilla de sus grandes almacenes, que se eleva a a un total de 63.000 personas. Según han confirmado fuentes próximas a la empresa, del conjunto 500 corresponderían a las oficinas centrales y el resto sería personal de tienda.
Plantilla
El grupo, que suma una plantilla total de 88.268 trabajadores entre todas sus filiales, estima un coste de 200 millones de euros para llevar a cabo el plan que será sufragado por desinversiones inmobiliarias. La medida, la más drástica tomada en toda la historia de la compañía, se produce cuatro años después de otro plan aprobado en 2017, bajo la presidencia entonces de Dimas Gimeno. Aquel ajuste tuvo un coste 178 millones de euros. e implicó 1.345 salidas voluntarias. En aquel momento, se pagó una indemnización media de 111.000 euros.
