Con la reindustrialización de Nissan ya en su fase final, el balón está ahora en el tejado de Roca Junyent. El bufete de abogados es el encargado de redactar las bases del concurso público para adjudicar los terrenos que hasta ahora ocupaba la compañía nipona en la Zona Franca (Barcelona). Armar el documento para que sea inimpugnable es la principal preocupación del despacho, pero el primer punto al que se dirigirán los inversores será al precio del alquiler, que nada tendrá que ver con la renta que pagaba la automovilística. La fábrica saldrá al mercado por algo más de 12 millones de euros al año.
La nave portuaria estuvo las últimas décadas alquilada con un contrato de renta antigua. Con la renovación del inquilino, la excepción terminará. La infraestructura recuperará los niveles del mercado y los 518.000 metros cuadrados de superficie que ocupa se comercializarán a 24 euros el metro cuadrado, explican las fuentes consultadas por elEconomista.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el propietario de los terrenos, se blinda así de posibles reclamaciones de los dueños de otros recintos, que podrían haber levantado la voz si el nuevo inversor obtenía mejores condiciones. El cálculo deja el coste anual de ocupar la instalación en 12,4 millones.
Sin embargo, la entidad está abierta a un alquiler progresivo para facilitar la entrada del nuevo arrendatario. Con tal de permitirle que acometa las inversiones necesarias en su entrada, el alquiler no alcanzará la cifra máxima hasta que la fábrica no esté ya a pleno rendimiento y habilitada para sus nuevos usos. Pasarán años hasta que esto suceda.
Las dificultades del contrato
Los abogados de Roca Junyent redactan desde hace semanas las bases de la convocatoria pública. "Confiamos en que esté lista lo antes posible; si puede ser en junio mejor que en julio, porque tener la planta desocupada es una herida abierta", señalan desde la administración. El mismo Joan Roca, presidente ejecutivo del despacho, supervisa su elaboración.
El texto deberá pasar por la mesa de reindustrialización -compuesta por Nissan, sindicatos, Gobierno y Generalitat- dónde se debatirá y los distintos agentes tratarán de introducir cambios. Está por ver si serán legales. Por ejemplo: los sindicatos exigirán que en el contrato se obligue al inversor a respetar las condiciones pactadas con Nissan. Se puede dar puntos a las empresas que se adecuen al acuerdo laboral, pero no es legal convertirlo en un requisito.
"Será un encaje de bolillos", zanjan. Y es que el operador escogido deberá a su vez subarrendar el espacio, algo que se debe afinar en la convocatoria para no dar pie a reclamaciones. Otro ejemplo: el hub de descarbonización ha sido el escogido para ocupar la mayor parte de la instalación, pero no se puede fijar así como así en el convenio por si un tercero lo impugna. Habrá que hacerlo mediante puntos y siempre dejando una puerta abierta a la libre concurrencia.
Más de la mitad de la fábrica barcelonesa (375.000 m2) está reservada para el hub que promueven QEV y Btech. A Silence le corresponden 55.000 m2 y se escindieron otras dos parcelas de 30.000 m2 para los que se buscará otras compañía industrial. La Generalitat está en conversaciones con Hyundai Kefico, que ensambla baterías para motos eléctricas, para una de ellas. Mientras, está por ver qué sucede con el centro técnico de Nissan. El arrendatario podrá quedarse con 70.000 m2 para uso logístico.
Ya hicieron público su interés la australiana Goodman, la británica JLL, la estadounidense Prologis y Cilsa -la joint venture del Puerto de Barcelona y Merlin Properties que opera el área logística portuaria-.
Cumbre en el SIL: Goodman, Prologis y Merlin se ven las caras con Raül Blanco y el Consorci
Tras ofertas anunciadas a los medios e interminables reuniones de la mesa de reindustrialización, esta semana se verán las caras en Barcelona buena parte de los actores relevantes para la nueva vida de la fábrica catalana. No hay convocada ninguna reunión oficial; la cita se produce en el Salón Internacional de la Logística de Barcelona, donde se darán cita tanto potenciales inversores como los responsables públicos que cuentan con voz y voto en la instalación.
El congreso está organizado por el Consorci de la Zona Franca, por lo que se da por descontada la presencia de su delegado, Pere Navarro, que estará en varias mesas de debate. Le acompañará Raül Blanco, secretario general de Industria, que visitará el recinto ferial de Montjuïc el miércoles por la tarde para formar parte de una sesión sobre el uso de los fondos europeos Next Generation.
Para el mismo día está confirmada la presencia de Ignacio García, director general de la empresa australiana Goodman Group, que mostró en enero su interés en ocupar la planta y prometió una inversión de 550 millones de euros para darle al centro usos logísticos, industriales y la creación de varios centros de datos.
Le acompañarán Dirk Sosef, vicepresidente de Investigación de Prologis Europa, y Cristian Oller, director general de Prologis España, que presentarán un informe sobre tendencias de la industria logística en el país. La multinacional prometió en febrero una inversión de entre 300 y 500 millones de euros si resultaba escogida por la mesa de reindustrialización.
No figura en ninguna de las charlas, pero también estará en la capital catalana el consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente. La socimi comparte accionariado con el Puerto de Barcelona en Cilsa, la sociedad que gestiona la ZAL, que también expresó su voluntad de acudir al concurso.
