GRIFOLS
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Barcelona
Si no tenía suficiente con la crisis bursátil que arrastra desde el estallido de la pandemia, a Grifols se le abre un nuevo frente en Estados Unidos. La firma de hemoderivados ha perdido el 75% de su valor en los mercados en dos años y medio y se ha visto obligado a cambiar de presidente para contentar a los fondos de su accionariado. A la caída se le suma ahora en el horizonte una demanda colectiva de un mínimo de 54.000 donantes -podrían ser más- de sangre en el estado de Illinois por vulnerar su privacidad en los centros de recolección.
Un grupo de afectados denuncia que en el momento acudir a los puntos de extracción estaban obligados a proporcionar sus huellas dactilares en una base de datos que se utilizó para rastrear las donaciones. Según ellos, esta práctica vulneró sus derechos al no estar autorizada por ellos, no destruir la información recolectada y exceder el propósito específico para el que se registraba.
Los damnificados hace meses que mueven el asunto en los tribunales y recientemente obtuvieron un fallo a su favor en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois: el magistrado desoyó los argumentos de Grifols y aseguró que le Ley de privacidad de información biométrica de Illinois se antepone a las normativas vinculadas a la recolección de plasma.
La compañía alegó que la agencia del medicamento estadounidense (FDA) le obliga a mantener un registro de donantes, pero la corte dijo que con una fotografía ya era suficiente y rechazó que las huellas dactilares cumplan mejor la identificación de las personas que otros métodos. Además, indicó que los formularios firmados no contenían un aviso del motivo y la duración por la se almacenaba la información biométrica.
Grifols informa que habría más de 54.000 afectados por la captación de información investigada
De este modo, los afectados ya tienen vía libre para presentar la demanda colectiva; un procedimiento que en Estados Unidos es diferente al español. Gerald L. Maatman, socio especializado en demandas colectivas del bufete americano Duane Morris, explica a elEconomista.es el funcionamiento: "Para iniciar el proceso se necesita un mínimo de 40 afectados y una vez la corte acepta el caso se incluye a todos los afectados por un periodo de cinco años".
En sus estados financieros, Grifols ya ha dado pistas del volumen al que se puede enfrentar. El alegato se dirige contra las tres sociedades del grupo que recolectan plasma en el estado: Talecris (5 establecimientos), Interstate Blood (2) y Biomat (3). Según la cotizada, solo con Biomat habría 54.000 afectados. "Interstate Blood Bank también se agregó a la demanda y se están analizando los posibles números de donantes", explicaba en las últimas cuentas semestrales. No dice nada de Talecris. De este modo, si se mantienen los volúmenes la cifra podría superar fácilmente los 100.000 afectados.
Según la ley estatal, la multa sería de entre 1.000 dólares por afectado si la violación fue accidental y hasta 5.000 dólares por afectado si se demuestra que fue intencionada. Así, la sanción podría ir de 54 millones de dólares -casi 55 millones de euros al cambio actual- a 270 millones de dólares -274,5 millones de euros- si solo se tienen en cuenta los 54.000 demandantes cuantificados. Cuando se calculen los donantes del resto de filiales, la cuantía podría duplicarse fácilmente. "Con base en los hechos del caso, tengo la sensación de que las supuestas violaciones en cuestión en este caso no fueron intencionales y se adjuntaría la cifra de daños más baja", añade Maatman.
Una sentencia reciente complica el pacto
En caso de llegar a juicio, sería un jurado el que debería determinar la inocencia o la culpabilidad de la compañía. Por ello, hasta ahora tanto demandantes como demandados habían evitado llegar a una vista y todos los procedimientos que afectaban la ley de privacidad biométrica de Illinois se habían resuelto con un pacto entre las partes.
Sin embargo, en septiembre se celebró el primer juicio bajo esta norma. Hasta 45.000 trabajadores se levantaron contra la empresa ferroviaria BNSF Railway –controlada por Warren Buffet- por haberles tomado las huellas dactilares de manera fraudulenta. El tribunal dio la razón a los demandantes y condenó a la compañía a una multa de 228 millones de dólares -casi 232 millones de euros al cambio actual- al determinar que la violación se había hecho de manera intencional.
"Este veredicto inevitablemente llevará a los abogados de los demandantes a aumentar sus demandas de acuerdos previos al juicio en todas las demandas de este tipo", sentencia Maatman.
