Desentrañar el hilo argumental que mueve al independentismo es una tarea compleja y desalentadora, entre otras cosas porque el propio movimiento y los que lo lideran han crecido y se alimentan políticamente de mentiras. Pero vale la pena detenerse en los últimos acontecimientos para tratar de entrever cuál será su próxima jugada.

Ya tenemos servido el titular: el Gobierno no descarta elecciones anticipadas. Es obvio que Sánchez no las quiere, lo ha dicho por activa y por pasiva, porque no le garantizan la permanencia en el poder. Asegura que tiene un proyecto, aunque no se lo advirtiera al Congreso cuando presentó la moción de censura contra Rajoy. Los grupos de oposición tampoco deben tener prisa en retratarse ante los españoles, ni siquiera los separatistas querrían aventurarse a probar, por aquello de que les puede tocar en suerte un gobierno menos transigente con sus desmanes. Y, en cualquier caso, de no descartarlas a que entre en sus planes convocarlas en mayo del año que viene hay un trecho, pero eso parece lo de menos a estas alturas, podemos entretenernos unos días con la mera posibilidad de que ocurra.Entretanto, en las calles se manifiestan jueces y fiscales al unísono con los funcionarios de prisiones, poniendo en evidencia, en el mejor de los casos, la gestión de Justicia e Interior y, en el peor, la de todo el Consejo de Ministros. Los servidores públicos en dos áreas tan sensibles se sienten desamparados por el poder político, que no sólo debiera proveerles de las garantías básicas para ejercer con competencia, sino que además está obligado a protegerles de los ataques de quienes se enfrentan a la ley. La muestra más palpable de su orfandad han sido las pintadas amarillas en la puerta de la vivienda del juez Llarena. A estas alturas, de los violentos antisistema separatistas se puede esperar casi cualquier cosa, pero que pudieran acceder con absoluta libertad hasta la puerta del edificio, que dispusieran de tiempo para grabar su fechoría y que fuera un grupo de ciudadanos anónimos el que posteriormente limpiara la pintura, porque no había rastro de equipos de la administración dispuestos a hacerlo, retrata la voluntad de los poderes públicos y los deja en evidencia. Dice Gramsci, ideólogo de cabecera de Podemos, al que en la Moncloa también han leído, que los triunfos en política vienen siempre precedidos de cambios en las referencias de la opinión pública. Y en eso están. Nos entretendremos con la posibilidad de que convoquen elecciones en mayo sin preguntarnos por qué España ha dejado escapar la baza de la negociación del estatus de Gibraltar en el acuerdo del Brexit, o por qué ha tardado meses el presidente en viajar a Marruecos, o cómo se las va arreglar el Gobierno, sin presupuesto, con la hucha de las pensiones raquítica, para consolidar la prometida subida del IPC en la pensión de los jubilados. A lo mejor es que eran solo buenas palabras y, después de hacer efectiva la paga compensatoria en enero o febrero, los jubilados ven que su pensión sigue siendo la misma que les firmó Rajoy, que les han dado gato por liebre. Algo así deben pensar los jueces.

Hace unos días, un empresario autónomo, con un negocio propio relativamente próspero dedicado a las nuevas tecnologías, me anunciaba su cambio de residencia a un país del norte de Europa: "Vamos a peor, así que me marcho, vendo mis propiedades, me llevo conmigo mi empresa, mi padre y mi perro. Puedo seguir trabajando desde allí. Escucharé las noticias de España en internet". Comenté su decisión con algunas personas de un entorno ajeno al suyo y constaté que todas ellas sentían cierto desasosiego, una suerte de vértigo a raíz de la deriva que está tomando la vida política del país. Una de ellas, alto funcionario de dilatada carrera en la administración, con un importante patrimonio inmobiliario proveniente de sucesivas herencias, confesaba que está estudiando distintas fórmulas para ponerlo a salvo de la veleidad del gobernante de turno. Teme que su mantenimiento se convierta insostenible a golpe de reales decretos caprichosos o, en el peor de los casos, perderlo todo. Sentían miedo, no por su propia seguridad personal, pero sí por sus propiedades y empresas, les preocupaba el futuro de sus hijos. Ninguno de ellos lo citó, pero me vino a la cabeza aquella frase recurrente hace no mucho en labios de Pablo Iglesias: "el miedo va a cambiar de bando".

El poder deja huella en las personas que lo ostentan. Nos ha ocurrido a todos, desde el padre de familia, pasando por el presidente de la comunidad de vecinos o el ministro de turno. Se reciben los atributos del mando con respeto, pero también con ilusión por cambiar para mejor, según nuestro particular criterio, la pequeña parcela de actividad humana que se nos encomienda. Los primeros pasos suelen ser torpes, pero, a medida que tomamos el control de los resortes que nos permiten ejercer la autoridad hasta las últimas consecuencias, nos vamos sintiendo seguros. Hasta que llega el momento en que, por una razón u otra, se nos va de las manos. El que no se pavonea innecesariamente, se equivoca o abusa de sus prerrogativas. Hasta el progenitor más ecuánime yerra alguna vez con su prole. Y ahí es donde se demuestra la grandeza del ser humano que encarna el poder, en la capacidad de rectificar o, lo que es más difícil, de pedir disculpas en vez de empecinarse en el error.