Ya tenemos servido el titular: el Gobierno no descarta elecciones anticipadas. Es obvio que Sánchez no las quiere, lo ha dicho por activa y por pasiva, porque no le garantizan la permanencia en el poder. Asegura que tiene un proyecto, aunque no se lo advirtiera al Congreso cuando presentó la moción de censura contra Rajoy. Los grupos de oposición tampoco deben tener prisa en retratarse ante los españoles, ni siquiera los separatistas querrían aventurarse a probar, por aquello de que les puede tocar en suerte un gobierno menos transigente con sus desmanes.
Y, en cualquier caso, de no descartarlas a que entre en sus planes convocarlas en mayo del año que viene hay un trecho, pero eso parece lo de menos a estas alturas, podemos entretenernos unos días con la mera posibilidad de que ocurra.
Entretanto, en las calles se manifiestan jueces y fiscales al unísono con los funcionarios de prisiones, poniendo en evidencia, en el mejor de los casos, la gestión de Justicia e Interior y, en el peor, la de todo el Consejo de Ministros. Los servidores públicos en dos áreas tan sensibles se sienten desamparados por el poder político, que no sólo debiera proveerles de las garantías básicas para ejercer con competencia, sino que además está obligado a protegerles de los ataques de quienes se enfrentan a la ley.
La muestra más palpable de su orfandad han sido las pintadas amarillas en la puerta de la vivienda del juez Llarena. A estas alturas, de los violentos antisistema separatistas se puede esperar casi cualquier cosa, pero que pudieran acceder con absoluta libertad hasta la puerta del edificio, que dispusieran de tiempo para grabar su fechoría y que fuera un grupo de ciudadanos anónimos el que posteriormente limpiara la pintura, porque no había rastro de equipos de la administración dispuestos a hacerlo, retrata la voluntad de los poderes públicos y los deja en evidencia.
Dice Gramsci, ideólogo de cabecera de Podemos, al que en la Moncloa también han leído, que los triunfos en política vienen siempre precedidos de cambios en las referencias de la opinión pública. Y en eso están. Nos entretendremos con la posibilidad de que convoquen elecciones en mayo sin preguntarnos por qué España ha dejado escapar la baza de la negociación del estatus de Gibraltar en el acuerdo del Brexit, o por qué ha tardado meses el presidente en viajar a Marruecos, o cómo se las va arreglar el Gobierno, sin presupuesto, con la hucha de las pensiones raquítica, para consolidar la prometida subida del IPC en la pensión de los jubilados.
A lo mejor es que eran solo buenas palabras y, después de hacer efectiva la paga compensatoria en enero o febrero, los jubilados ven que su pensión sigue siendo la misma que les firmó Rajoy, que les han dado gato por liebre. Algo así deben pensar los jueces.
Ya tenemos servido el titular: el Gobierno no descarta elecciones anticipadas. Es obvio que Sánchez no las quiere, lo ha dicho por activa y por pasiva, porque no le garantizan la permanencia en el poder. Asegura que tiene un proyecto, aunque no se lo advirtiera al Congreso cuando presentó la moción de censura contra Rajoy. Los grupos de oposición tampoco deben tener prisa en retratarse ante los españoles, ni siquiera los separatistas querrían aventurarse a probar, por aquello de que les puede tocar en suerte un gobierno menos transigente con sus desmanes.
Y, en cualquier caso, de no descartarlas a que entre en sus planes convocarlas en mayo del año que viene hay un trecho, pero eso parece lo de menos a estas alturas, podemos entretenernos unos días con la mera posibilidad de que ocurra.
Entretanto, en las calles se manifiestan jueces y fiscales al unísono con los funcionarios de prisiones, poniendo en evidencia, en el mejor de los casos, la gestión de Justicia e Interior y, en el peor, la de todo el Consejo de Ministros. Los servidores públicos en dos áreas tan sensibles se sienten desamparados por el poder político, que no sólo debiera proveerles de las garantías básicas para ejercer con competencia, sino que además está obligado a protegerles de los ataques de quienes se enfrentan a la ley.
La muestra más palpable de su orfandad han sido las pintadas amarillas en la puerta de la vivienda del juez Llarena. A estas alturas, de los violentos antisistema separatistas se puede esperar casi cualquier cosa, pero que pudieran acceder con absoluta libertad hasta la puerta del edificio, que dispusieran de tiempo para grabar su fechoría y que fuera un grupo de ciudadanos anónimos el que posteriormente limpiara la pintura, porque no había rastro de equipos de la administración dispuestos a hacerlo, retrata la voluntad de los poderes públicos y los deja en evidencia.
Dice Gramsci, ideólogo de cabecera de Podemos, al que en la Moncloa también han leído, que los triunfos en política vienen siempre precedidos de cambios en las referencias de la opinión pública. Y en eso están. Nos entretendremos con la posibilidad de que convoquen elecciones en mayo sin preguntarnos por qué España ha dejado escapar la baza de la negociación del estatus de Gibraltar en el acuerdo del Brexit, o por qué ha tardado meses el presidente en viajar a Marruecos, o cómo se las va arreglar el Gobierno, sin presupuesto, con la hucha de las pensiones raquítica, para consolidar la prometida subida del IPC en la pensión de los jubilados.
A lo mejor es que eran solo buenas palabras y, después de hacer efectiva la paga compensatoria en enero o febrero, los jubilados ven que su pensión sigue siendo la misma que les firmó Rajoy, que les han dado gato por liebre. Algo así deben pensar los jueces.
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