Hace unos días, un empresario autónomo, con un negocio propio relativamente próspero dedicado a las nuevas tecnologías, me anunciaba su cambio de residencia a un país del norte de Europa: "Vamos a peor, así que me marcho, vendo mis propiedades, me llevo conmigo mi empresa, mi padre y mi perro. Puedo seguir trabajando desde allí. Escucharé las noticias de España en internet". Comenté su decisión con algunas personas de un entorno ajeno al suyo y constaté que todas ellas sentían cierto desasosiego, una suerte de vértigo a raíz de la deriva que está tomando la vida política del país. Una de ellas, alto funcionario de dilatada carrera en la administración, con un importante patrimonio inmobiliario proveniente de sucesivas herencias, confesaba que está estudiando distintas fórmulas para ponerlo a salvo de la veleidad del gobernante de turno. Teme que su mantenimiento se convierta insostenible a golpe de reales decretos caprichosos o, en el peor de los casos, perderlo todo. Sentían miedo, no por su propia seguridad personal, pero sí por sus propiedades y empresas, les preocupaba el futuro de sus hijos. Ninguno de ellos lo citó, pero me vino a la cabeza aquella frase recurrente hace no mucho en labios de Pablo Iglesias: "el miedo va a cambiar de bando".
En un sistema democrático, con leyes que garantizan los derechos y deberes, con tribunales que velan porque se aplican con justicia, con un modelo de contrapesos que permite frenar los abusos, ¿es posible que un ciudadano común, que cumple sus obligaciones y paga sus impuestos, sienta miedo? No es uno, ni dos, son muchos: más de once mil millones de euros se calculan que han salido de España desde que Pedro Sánchez es presidente y el secretario general de Podemos inspira la política económica. No es miedo a la expropiación o nacionalización, no de momento, pero sí generan ansiedad las idas y venidas del gobierno, sus giros populistas en cuestiones que impactan en la vida y negocios de millones de personas y la sensación de la arbitrariedad de un presidente que corrige en cuestión de horas el fallo de toda una sala del Tribunal Supremo o que asegura en rueda de prensa, sin sonrojarse, que si no dispone de un presupuesto tomará decisiones a golpe de reales decretos, saltándose sin miramiento al parlamento elegido por la mayoría de los ciudadanos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez? No tendremos que esperar mucho para calibrar la medida de su temeridad. Tras demonizar a los jueces, secundado en la calle por Podemos (afortunadamente, cada vez con menos predicamento), con la inestimable colaboración del PP ha modificado la composición del CGPJ y la del propio tribunal que presidirá el juicio contra los golpistas. La ley ya no será igual para todos en España porque el que apoya al gobierno tiene premio. Y las minorías que tiemblen, que ya lo advirtió Pablo Iglesias.
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