El 15 de junio de 2011, Artur Mas se vio obligado a acceder al recinto del parlamento catalán en helicóptero. Era el único modo de salvaguardar su seguridad. Las violentas protestas de ese día de los que entonces se denominaban, con un matiz de comprensión implícito en el sobrenombre, "indignados", pusieron en riesgo la integridad de todos los diputados y del mismo gobierno de la Generalitat.
Su actitud fue intolerable, en palabras del que era presidente, que desde ese día inició una huida hacia adelante para colocar en el blanco de la ira a la Moncloa con aquel célebre y efectivo eslogan de "España nos roba" que nos ha traído hasta donde estamos.
No debemos descartar que el próximo viernes asistamos a hechos semejantes en Barcelona. Tal vez no ocurran, por supuesto sería lo deseable, pero sólo la mera posibilidad de que se produzcan graves incidentes ya provoca una inmensa preocupación. El ministro Ábalos lo admitió públicamente.
De otro modo, no hubiera anunciado el despliegue de nueve mil efectivos de policía en Barcelona. De ellos, mil serán agentes de policía nacional y guardia civil, los responsables directos de la seguridad del Gobierno de España. Un despliegue sin precedentes para evitar la imagen de un consejo de ministros cercado por los violentos. Sería un triunfo para los separatistas que exhibirían urbi et orbe, demoledor para una inmensa mayoría de españoles a los que el ejecutivo representa.
Al margen de lo que pueda llegar a suceder, la ocasión la pintan calva para extraer conclusiones de a dónde puede conducirnos la ciega temeridad de Pedro Sánchez. Es gravísimo que el gobierno no pueda reunirse con garantías de que se mantendrá su integridad en cualquier punto de la geografía nacional, que para hacerlo tenga que poner en marcha un despliegue de seguridad que excede con mucho el convencional en un cónclave de esas características, una prueba más que evidente de su debilidad.
Pero resulta demoledor que tenga que desplazar a agentes de otros puntos del país porque no puede confiar en la dirección política de los Mossos. Se está demandando de las fuerzas de seguridad un esfuerzo extraordinario para no dejar desatendidos otros asuntos probablemente prioritarios sólo con un único fin, que el presidente pueda exhibir en los telediarios su mano permanentemente tendida al que nunca querrá dialogar porque se ha declarado públicamente en rebeldía.
La prueba es que esa misma tarde se reunirán en una manifestación que se ha convocado con un lema más que elocuente: "Tumbemos al régimen". Con todo, los altercados allanarían el camino para que Sánchez arrincone de una vez por todas su táctica partidista y naif que, a la vista está, no conduce a ninguna parte más que al desastre, e invocara el artículo 155 de la Constitución para garantizar que en todo el territorio nacional los ciudadanos pueden gozar con plenitud de sus derechos y libertades, algo que hoy no ocurre en Cataluña.
