No se entiende la propuesta del Gobierno de penalizar la compra a extracomunitarios no residentes por la compra de vivienda en costa: ¿realmente tendría un impacto positivo para los ciudadanos españoles? ¿Ayudaría a una bajada de precios para acceder a una vivienda? ¿Qué impacto tendría en la economía del país? ¿Qué nacionalidades sufrirían los efectos de las nuevas políticas? La respuesta es que lo que se intenta conseguir no va a tener prácticamente ningún impacto en la necesidad de mejorar el acceso a la primera vivienda a los jóvenes y colectivos desfavorecidos y, sin embargo, va a tener un impacto en determinados colectivos, sobre todo pymes y micropymes que viven del mercado fundamentalmente británico. Para las grandes promotoras y comercializadoras será un rasguño. Entendamos por qué.