Adif llevará a los tribunales para demandarlas por "daños y perjuicios" a la quincena de empresas que formaron el cártel destapado recientemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el que durante unos catorce años se repartieron 200 proyectos ferroviarios por valor de unos 1.000 millones de euros.

Renfe ha puesto en marcha un plan para potenciar su filial de mantenimiento, que lleva años reduciendo su carga trabajo en favor de los grandes fabricantes del sector: Alstom, Siemens, CAF, Bombardier o Talgo. El objetivo del operador es invertir en tecnología y mano de obra cualificada (ingenieros) para realizar de forma interna el mantenimiento de al menos el 50 por ciento de la flota y, sobre todo, para poder hacerse cargo de los trenes de alta velocidad, tal y como se ha comprometido con los representantes de los trabajadores.

El sector de las VTC de Valencia ha advertido que reclamará a la Generalidad hasta 166 millones de euros en indemnizaciones por aprobar un decreto ley que "expulsa de facto" a las plataformas de Uber y Cabify. Y es que, según denuncia Unauto, las medidas que incluye el texto hacen inviable su actividad por lo que, previsblemente, harán lo mismo que en Cataluña y dejarán la región (Uber) o cambiaran su forma de actuar, como en el caso de Cabify, que solo opera con las licencias de su propiedad (unas 300), lo que deja fuera del mercado a miles de ellas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere dar un escarmiento a las empresas que formaron tres carteles para repartirse 204 contratos de Adif por 1.115 millones de euros entre 2002 y 2016. El superregulador ha iniciado por primera vez el procedimiento para que el Ministerio de Hacienda prohiba a estas firmas sancionada con 118 millones, entre las que se encuentran Cobra, Electren, Cymi, Semi, Elecnor, Comsa o Eym, volver a contratar con las Administraciones Públicas. Así, la CNMC ha apelado a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que recoge que las firmas sancionadas con carácter firme por infracción grave que ponga en entredicho su integridad, disciplina de mercado y que hayan falseado la competencia vuelvan a contratar con el sector público.

La Generalidad de Valencia ha abierto la puerta a que Uber y Cabify abandonen la comunidad autónoma. Tal y como estaba previsto, el Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley de regulación del alquiler de vehículos con conductor (VTC) que impone un periodo de precontratación mínimo de 15 minutos y prohíbe a los coches aparcar en superficie y estar geolocalizados.