En teoría la decimotercera legislatura de nuestra democracia empieza este martes con la constitución de las Cortes, pero en la práctica aún le quedan unos días para ponerse en marcha. Puede que ahora se voten los cargos y que incluso parezca claro que Pedro Sánchez vaya a ser investido presidente aunque no tenga mayoría suficiente. Sin embargo no será hasta que se conozcan los resultados del 26-M, donde se votan todos los ayuntamientos, la mayoría de autonomías y a los eurodiputados, cuando arranque todo de verdad.
En apenas unas semanas España está renovando casi todas sus instituciones. Hay, por tanto, un nuevo mapa político. Y hay, en consecuencia, nuevos equilibrios a los que prestar atención. Es por eso por lo que hasta que no estén todas las cartas sobre la mesa no se empezarán a concretar los acuerdos, pactos y apoyos puntuales que deberán trenzar las mayorías que las urnas no han otorgado de forma directa. Y con ellos, el sentido de las reformas que vendrán.
A pesar de todo eso, y a falta de que nuevos frentes se abran en los próximos años, hay una serie de asuntos que a buen seguro centrarán muchos debates en la legislatura que ahora -más o menos- arranca. Muchos son 'patatas calientes' heredadas de legislaturas anteriores, además de otros asuntos espinosos que llevan tiempo dormidos esperando a que sean afrontados.
Quién actúe de sustento del Ejecutivo en las Cortes determinará el rumbo de muchas decisiones, ya que una cosa es investir al presidente -cosa que Ciudadanos ya ha dicho que no hará- y otra muy distinta no llegar a ningún acuerdo con él. Así las cosas, 'deshacer' algunas iniciativas del Ejecutivo anterior (las cuestiones más probables) y quizá afrontar algunos asuntos pendientes (las menos) pueden tener un significado u otro en función de con qué formaciones se alcancen los acuerdos.
Reforma laboral
Una de las promesas más repetidas por Pedro Sánchez desde la oposición fue la de derogar la reforma electoral del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que abarató el despido e introdujo medidas controvertidas para lograr contener la sangría del desempleo. La frágil mayoría cosechada tras la moción de censura impedía al nuevo presidente abordar reformas de calado como esta, pero es difícil pensar que no sea una de las primeras cuestiones que se demandarán al Gobierno.
La cuestión es saber el rumbo que tomará la negociación. Si el acuerdo depende de fuerzas de izquierdas cabe esperar que se vuelvan a mejorar las condiciones laborales y de despido, pero si por el contrario depende del apoyo de Ciudadanos una de las primeras cuestiones a tratar será la tipificación de los contratos y su simplificación.
Ley de Seguridad Ciudadana
Si la reforma laboral del PP fue consecuencia del impacto de la crisis económica en el mercado laboral, la Ley de Seguridad Ciudadana lo fue de la creciente contestación social en las calles -producto también de la crisis y sus efectos-. La medida introdujo medidas muy criticadas que incluso limitaban los derechos de protesta y manifestación, al tiempo que habilitaban a las fuerzas de seguridad del estado para actuar en condiciones y supuestos muy restringidos hasta el momento. La relajación de estas medidas será otra de las cuestiones que en teoría más pronto se abordarán.
Ley del aborto
El primer gran fracaso legislativo que sufrió el PP tras reconquistar el poder fue quizá la reforma de la Ley del aborto. Es cierto que algunos aspectos de la reforma del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero habían soliviantado al sector más conservador de los populares, pero el empeño del entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón por volver a escenarios superados décadas atrás echó por la borda el plan de Rajoy. Al final se derogaron cuestiones como la del permiso parental en menores, pero no se llegó al fondo de la reforma. Habrá que esperar a ver si Sánchez quiere retomar las riendas del asunto o prefiere dejarlo para evitar reabrir un debate siempre complicado.
Reformas judiciales
Otros asuntos espinosos que deberá tratar el nuevo Ejecutivo serán los referentes a la Justicia, desde su funcionamiento interno -por su lentitud procesal y falta de medios- hasta la forma en que eligen a sus órganos -punto en el que hay fuertes discrepancias entre bloques-. Yendo a lo más concreto hay también cuestiones que pueden ser problemáticas para el nuevo Ejecutivo, como la 'prisión permanente revisable' que tanta oposición tuvo entre las formaciones de izquierda, o el hecho de que varios casos recientes hayan vuelto a poner de manifiesto lo delicada que puede llegar a ser la aplicación de la prisión provisional habida cuenta de lo que se demoran los procesos judiciales.
Reforma impositiva
Si los expertos están en lo cierto no es descartable que estemos a las puertas de una nueva sacudida global de la economía. Ante un escenario como ese, al que hay que añadir problemas estructurales patrios -desempleo elevado, natalidad baja y altísima esperanza de vida-, el futuro se complica. El Ejecutivo de Rajoy tiró de la llamada 'hucha de las pensiones' para forzar la mejora de la economía, de forma que una subida de impuestos a medio plazo para aumentar la recaudación parece inevitable. La cuestión es saber cómo se hará en función de en quién se apoye el Gobierno. Las opciones son tan diversas como las ideologías: impuestos indirectos, rentas altas, bienes inmuebles, sucesiones...
Financiación autonómica
Ni siquiera el siempre disciplinado PP pudo esconder a nivel interno este problema. Mientras el Ejecutivo central presumía de control férreo de la economía, los gobiernos autonómicos reclamaban mejoras de financiación para no ahogarse con las deudas. Tanto es así que en el origen del repunte del secesionismo catalán hay también un desencuentro respecto a la financiación. De hecho, es un problema al que ningún partido es inmune, habida cuenta de que hasta Ciudadanos -cuya base ideológica va contra el desequilibrio territorial- ha acabado coaligado con el foralismo en Navarra Suma. Incluso barones socialistas, como el valenciano Ximo Puig, llevan años reclamando un replanteamiento que puede ser el origen de importantes descontentos por todo el país.
Memoria histórica
Cuando el Ejecutivo de Zapatero abrió el melón de la memoria histórica pocos pensaron que la tormenta de verdad llegaría tantos años después. No fue tanto el cambio de nombres de calles, o la retirada de imaginería y monumentos franquistas lo que soliviantó a la España nostálgica: fue la propuesta del Ejecutivo de Sánchez de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los caídos lo que lo hizo. Quienes vieron en el gesto una estrategia para debilitar al PP por la derecha a cuenta del crecimiento de Vox consideran que el arriesgado plan parece haber funcionado, a pesar del riesgo del 'pacto a la andaluza' que antes no era viable. Pero la ejecución de la decisión llegará en esta legislatura, y está por ver si seguirá con otras medidas que afecten a la idiosincrasia actual del controvertido monumento.
Legislación electoral
La Ley electoral actual fue creada para una España que ya no existe. El sistema utilizado favorece a las fuerzas más votadas, con la intención -en su origen- de evitar un Congreso fragmentado y una España ingobernable en tiempos de la Transición. Una vez superado el trance los dos grandes partidos ignoraron la cuestión ya que el reparto les favorecía: sólo fuerzas como IU -que llegó a sumar un millón de votos sin pasar de ser un grupo irrelevante- reclamaban la reforma. El PP ensayó tímidamente una limitada reducción de escaños (por ejemplo en Castilla-La Mancha) y coqueteó con la idea de que gobernara el más votado en los ayuntamientos, idea de complicado encaje constitucional.
El surgimiento de Podemos y Ciudadanos primero y de Vox después ha dado la vuelta a la tortilla: ahora el PP ha visto como un puñado de votos le han costado muchísimos escaños, lo que podría abrir la puerta a plantear la necesidad de la reforma. Ahora bien, puestos en materia no sería el sistema lo único a revisar: el ineficaz sistema de voto para residentes en el extranjero, o la legislación referente a los debates y la publicidad para nuevas formaciones también necesitan un replanteamiento. La realidad actual no es la de la España de hace cuarenta años, y mucho menos en lo que se refiere a sus votos. Y no será por falta de ideas de otros países.
El reparto de competencias
El conflicto catalán ha abierto de forma paralela otro de los grandes asuntos espinosos de nuestra democracia: el desequilibrio de competencias contra el 'café para todos'. Se vio cuando la reforma del Estatut catalán trajo consigo una oleada de reformas estatutarias en autonomías donde nadie demandaba tal cosa. Problemas de fondo, como las controversias por la gestión de la Educación -sobre todo en autonomías que cuentan con modelos lingüísticos propios- o por la Sanidad -la famosa tarjeta esgrimida por Albert Rivera durante los debates electorales- han reaparecido con fuerza. Y eso sin contar con que, en sentido contrario, hay regiones como la ya citada Cataluña o el País Vasco siguen reclamando la puesta en marcha de cesiones competenciales reconocidas pero nunca aplicadas.
Reformas de calado
En pocos años España ha cambiado mucho. El impacto de la crisis y sus consecuencias, el surgimiento de nuevas formaciones de importancia nacional o el estallido del problema secesionista catalán han dibujado un panorama nunca antes visto. Y eso ha calado desde la campaña permanente iniciada con la moción de censura hasta en el nivel de las propuestas: van ya muchos años dedicados a hablar de reformar el Senado, el modelo territorial o incluso de abrir un nuevo periodo constituyente.
Reformas en profundidad como esas requieren de mayorías inmensas, que se antojan complicadas. No es ya que los grandes partidos no estén de acuerdo en las cuestiones que habría que abordar -que pueden coincidir-, sino que tienen visiones antagónicas sobre en qué sentido hacerlo: mientras unos reclaman la reconversión del Senado otros quieren eliminarlo; mientras unos quieren una España federal otros terminarían con las autonomías.
Así las cosas, parece poco probable que en una legislatura como la que ahora empieza alguna de estas grandes 'patatas calientes' llegue a abordarse de forma efectiva. Para empezar, sería necesaria una cultura de acuerdo y diálogo que hace años que no existe -a pesar, paradójicamente, de que nunca antes había sido tan necesario el pactar-. Tiene pinta de que aunque algunas de las primeras cuestiones sí vaya a resolverse, estos últimos puntos volverán a estar en la lista de deberes para las próximas legislaturas.
