Política

Una reforma electoral en cinco pasos: tan necesaria como improbable

Preparación de una urna electoral en las generales de 2016. Foto: Reuters

Nuestro sistema político es como una de esas viejas televisiones que llevan años presidiendo el salón. Sigue funcionando y los mayores de la casa se manejan a la perfección con ella. En su defensa dirán que en su día costó muchísimo esfuerzo el poder tenerla, y tan buen resultado ha dado que ahí sigue, inmune al paso del tiempo. Los más jóvenes de la casa, sin embargo, lo pueden ver de forma distinta: los nuevos dispositivos se ven mucho mejor, ofrecen mayor conectividad para dar cobertura a otro tipo de productos que antes no existían y, en fin, cambiar de aparato supondría un soplo de aire fresco para el salón.

Más allá de la simplificación, el símil tiene su validez: el debate acerca de la renovación de ciertas estructuras del Estado tiene tintes de cambio generacional. No es que lo que haya no sirva, sino que en su día se puso en marcha para dar respuesta a necesidades que ya no son las que eran.

Es lo que sucede por ejemplo con la tan manida reforma de la Constitución, las instituciones o el sistema electoral. En los albores de la democracia, cuando los ruidos de sable eran ensordecedores, se quiso fortalecer el proceso legislativo con un blindaje entonces pertinente. Así, se dividió el mapa en circunscripciones para garantizar que todos los territorios tuvieran representación. Se ideó un sistema electoral que premiaba a las formaciones más votadas en cada una de ellas para evitar una fragmentación excesiva que hiciera del Parlamento algo ingobernable. Hasta se crearon los aforamientos de políticos para evitar que se entorpeciera la labor legisladora con procedimientos judiciales menores.

Todo aquel sistema de defensa dio su resultado. El problema es que la forma de ver televisión, por seguir con el símil, ha cambiado. El nacionalismo se ha visto sobrerrepresentado en el tablero nacional gracias a ese mismo sistema de circunscripciones. Han tenido que pasar tres décadas hasta que otros partidos nacionales han logrado fuerza suficiente como para romper el bipartidismo. La ingobernabilidad ya no es una amenaza, sino parte de una democracia madura que requiere de pactos entre distintos para gestionar. La corrupción ha sido tan devastadora que se ha usado el aforamiento como un arma política de doble filo contra los procesados -les expone públicamente y les resta vías de recurso-.

Así, y a falta de consenso -y voluntad política- tenemos ciertas estructuras preparadas para responder a problemas que ya no existen, y a la vez incapaces de recoger ciertas realidades que por aquel entonces eran impensables.

Las debilidades del sistema, sin embargo, se fueron viendo desde muy al principio. Ya en las elecciones de 1979 UPN consiguió hacerse con un escaño tras sumar apenas 28.248 papeletas, un 0,16% del voto válido. En 1993 el CDS tras Adolfo Suárez consiguió 415.000 y, siendo la quinta fuerza más votada, se quedó fuera del Parlamento. No hace falta buscar los casos más extremos para constatar los desequilibrios internos de sistema: IU logró sólo 8 escaños en las elecciones de 2000 con 1,2 millones de votos, que pasaron a ser 5 cuatro años después tras casi mantenerse en las mismas cifras. Por aquel entonces CiU sumaba 15 escaños sin llegar siquiera al millón de votos.

Reforma sí, ¿pero cómo?

Como sucede con la Constitución, que tiene tantos mecanismos de seguridad que es prácticamente imposible de reformar, la reformulación del sistema electoral es la profecía autoincumplida: no ha aparecido en el debate público precisamente porque los grandes partidos se han visto beneficiados durante años por el sistema. Sólo IU y UPyD lo intentaron sin llegar a nada. Dicho de otra forma, hasta que los grandes perjudicados no han entrado en escena -en este caso, hasta que Podemos y Ciudadanos no han sido decisivos para los pactos- no se ha tratado el tema.

Albert Rivera ya deslizó su propuesta de partida: imponer una barrera del 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso como primer paso. La propuesta no es casual: gran parte del programa de Ciudadanos va contra el nacionalismo periférico, así que antes que redistribuir el reparto de escaños quiere sacar del escenario nacional a quienes -según su visión- hacen política contra el Estado. El problema es que poner en marcha una medida así, con los resultados de la legislatura actual, dejaría fuera a fuerzas que suman 39 escaños.

En una simulación basada en los resultados de 2016 se tendría un Parlamento muy diferente, en el que sólo PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y En Comú contarían. De hecho, el bloque formado por PP y Ciudadanos tendría mayoría absoluta. En el cómputo de cada uno, PP y Podemos perderían dos y un escaño respectivamente, mientras Ciudadanos y PSOE capitalizarían todo el beneficio -los de Rivera pasarían de 32 a 53 escaños, y los de Sánchez de 85 a 93-.

La propuesta de Rivera no es, en cualquier caso, una rareza: de hecho, la barrera de entrada ha sido habitual en las elecciones autonómicas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, estaba en el 5%, lo que impidió durante años que entraran más de tres fuerzas, por lo que el PP pudo gobernar a sus anchas con una cómoda mayoría absoluta durante dos décadas. Ahora bien, más allá del evidente problema de representatividad que conllevaría llevar un sistema así al Pasrlamento -sacar al nacionalismo del Congreso sería plantear un debate político absolutamente irreal-, requeriría ciertos cambios de calado para poder plantearse de forma razonable.

El segundo paso sería entonces ver cuál sería el umbral razonable, porque un 3% nacional se antoja excesivo. En ese sentido ya desde 2011 se aplica una reforma legal que sólo permite concurrir a las elecciones a aquellas formaciones que reúnan avales por un 0,1% del censo electoral, lo que ha reducido a casi la mitad el número de los partidos que se presenta. Entre una y otra cifra hay mucho margen, pero por ejemplo fijarlo en un 1% del censo implicaría algunos cambios para los partidos nacionalistas -por ejemplo, EH Bildu o CC perderían su representación-, pero también ayudaría a otros partidos nacionales tradicionalmente invisibilizados -el PACMA entraría en las Cortes-.

Suponiendo que se optara por una barrera restrictiva, más cercana al 3% que al 1%, habría una debacle de representación nacionalista. El sistema electoral de circunscripciones actual impone unos mínimos -todas tienen representación- y luego reparte en función de la población. Eso provoca que haya circunscripciones con grandes diferencias de población que a efectos prácticos tienen una representatividad similar en escaños. Aquello de que no es igual de rentable un voto en Castilla y León que en la Comunidad de Madrid. El tercer paso, por tanto, debería replantear la cuestión de la territorialidad del Congreso: ¿de verdad es necesario que todas las regiones tengan representación en la Cámara?

La cuestión es algo tramposa, porque choca de frente con la cuestión nacionalista: es incompatible buscar la representación integral del país obviando por el camino al nacionalismo. Regiones como Cataluña, País Vasco o Galicia son indisolubles al fenómeno nacionalista, y otras como Navarra, la Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias o incluso Andalucía han tenido su propia extensión identitaria. Tendría, eso sí, una consecuencia positiva: acabar con una de las figuras más inútiles que existe, que es la del Grupo Mixto. Porque si el sistema electoral es una televisión vieja, un Grupo Mixto es como un VHS: reunir a diputados de formaciones, intereses, regiones e ideologías distintas en un grupo es una forma evidente de inutilizar su trabajo.

En este punto entraría otra de las grandes patatas calientes de la renovación institucional, la tan manida reforma del Senado. A efectos prácticos, la Cámara Alta es hoy una institución carente de poder real. Apenas puede discutir lo que el Congreso decide, y en todo caso tendría que acabar acatando lo que luego el Congreso contestara. Para los partidos es en muchos casos un cementerio de elefantes con el que premiar a antiguos barones y baronesas caídos en desgracia, o bien para foguear a posibles líderes del mañana.

Así, para poder desarrollar un Congreso sólo centrado en las fuerzas con amplia representación nacional sería necesario un Senado sólo centrado en el debate territorial. La cuestión, claro, sería ver cómo hacer la reforma, cómo ampliar las competencias de la Cámara y -de la misma forma que se haría en el Congreso- cómo poner barreras de entrada a las fuerzas nacionales para que de verdad sea un foro de debate de cuestiones regionales. Otra cuestión sería cómo hacer que el debate fuera uno y no uno por cada región, porque habría que buscar la forma de articular todo hacia algo común.

El cuarto paso sería consecuencia directa de todo este razonamiento: si de verdad se impone una barrera de entrada y se quiere acabar con la representación territorial, habría que liquidar asimismo el sistema de circunscripciones. Dicho de otra forma, el sistema debería pasar a ser de circunscripción única, ya sea de forma directa -como sucede en las elecciones europeas- ya sea de forma indirecta -con un doble voto, teniendo en cuenta el sesgo territorial-.

De lo contrario se producirían anormalidades como que las fuerzas más votadas -pongamos Convergència o ERC en las circunscripciones catalanas- no tuvieran representación, pero sí la tuvieran las siguientes -Ciudadanos o los socialistas-.

El quinto y último paso sería atender a otro tipo de demandas colaterales: la conveniencia o no de establecer un sistema de listas abiertas -como sucede en el Senado-, la obligatoriedad o no de primarias internas, la necesidad o no de fijar cupos -de género, de procedencia, de edad-, o el acabar con aforamientos, diputaciones y designaciones de senadores por parte de los Parlamentos autonómicos. Propuestas para mejorar el sistema electoral patrio hay varias y muy analizadas, y también hay muchos ejemplos de distintas aplicaciones en otros países.

Eso sí, si a duras penas hay capacidad para votar unos Presupuestos o para investir presidentes a la primera, parece inverosímil que una reforma tan complicada, sensible y con tanto calado pueda llegar a ser real. La televisión tiene pinta de que seguirá en el salón hasta que se rompa del todo.

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