Madrid
La sexta jornada del juicio del procés en el Tribunal Supremo ha estado marcada por el contraste entre los dos interrogatorios de los que ha constado. Si el del exconseller de Cultura y luego de Empresa Santi Vila se ha centrado en los entresijos políticos que antecedieron al referéndum del 1-O, el del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha permitido la primero discusión de enjundia sobre el delito de rebelión alrededor de los hechos en torno a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.
Ha correspondido al fiscal Javier Zaragoza acometer una minuciosa indagación sobre un Sànchez que se ha presentado ante el tribunal menos beligerante que exconsellers como Jordi Turull o Josep Rull. Algo que, en cualquier caso, no ha evitado momentos de tensión, como cuando Sànchez ha espetado al fiscal: "Soy independentista, pero no soy idiota".
Se refería Sànchez a la pregunta de Zaragoza en la que el fiscal le achacaba haber dicho en alguna declaración previa que los destrozos a los vehículos de la Guardia Civil durante el registro a la Conselleria los causaron los propios agentes. La vigilia de esos automóviles ha protagonizado el grueso del interrogatorio, discrepando acusador y acusado del número de los mismos o de sus daños.
Sànchez ha relatado que, en calidad de líder de una entidad que convocaba la protesta, los Mossos le pidieron que actuara de "mediador" para que la manifestación fuera compatible con las labores de la comitiva judicial. Él así lo hizo organizando un pasillo de voluntarios para que los agentes pudieron entrar y salir del edificio. Sin embargo, cuando Zaragoza le ha preguntado si estaba entonces ejerciendo funciones de seguridad pública, Sànchez ha negado la mayor y ha dicho que eran "servicios de orden".
Sànchez también ha reconocido que el momento de "mayor tensión" fue cuando un teniente de la Guardia Civil con el que mantuvo continua interlocución le avisó de que en los coches de los agentes había "armas largas". El dirigente independentista ha dicho que mandó impedir a sus voluntarios que no permitiese a la gente introducirse en los vehículos, pero que esa función debería recaer en los Mossos.
Por este motivo el fiscal le ha afeado que no disolviera antes la manifestación -al final lo hizo subiendo a un todoterreno de la Guardia Civil con una megáfono-, asegurando Sànchez que si no lo hizo antes era porque se trataba de un "acto cívico", con "ambiente festivo" y en un momento en él que él vio a los autos con adhesivos pero no ostensiblemente dañados. En "ningún caso' , ha remarcado, hubo "un alzamiento", como recoge la Fiscalía para argumentar la rebelión.
Sànchez ha negado que con sus arengas y sus tuits llamase al bloqueo de la comitiva judicial, y ha apelado continuamente a su labor de "mediador" en la que se enmarcaron sus continuas llamadas al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al conseller de Interior, Joaquim Forn, y al vicepresidente, Oriol Junqueras ese día.
El expresidente de la ANC también ha culpado a la secretaria judicial de no querer salir por la puerta principal y al resto de la comitiva de abandonar la Conselleria a altas horas de la madrugada por no querer irse antes de que las grúas recogieran los coches y no por el riesgo de enfrentamientos.
Abordando ya la celebración del 1-O, Sànchez ha calificado de "ilegal" la consulta, pero ha apostillado que ninguna autoridad judicial les impidió hacer campaña. "Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación", ha justificado.
Después, ha insistido en que "jamás" imaginó "esa agresividad y violencia" durante la jornada, cargando contra el operativo policial. Respecto a la logística de la consulta, Sànchez ha dicho que la ANC no fue la encargada de guardar las urnas del referéndum. "No, eso salió en los medios de comunicación. Lo desmiento", ha sentenciado. Tras su declaración, el martes serán las del presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, y la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusados ambos, al igual que Sànchez del solo delito rebelión.
Interrogatorio a Vila
Tras la celebración del 1-O, el Govern se dividió en dos: por un lado estaban quienes opinaban que la jornada del referéndum fundamentaba la unilateralidad de las decisiones, por otro, quienes creyeron que la envergadura de la cita había derivado en una movilización masiva sin entidad especial de validar las decisiones políticas que finalmente se tomaron y que derivaron en el juicio al procés que ahora tiene lugar en el Supremo.
Del segundo grupo ha declarado este jueves Vila, exconseller de Puigdemont que dimitió justo antes de que se aplicara el artículo 155 en Cataluña y que se encuentra en libertad provisional acusado de los delitos de desobediencia y malversación por los que Fiscalía y Abogacía piden siete años de prisión y la acusación popular de Vox, 24.
En respuesta a la Fiscalía, Vila ha relatado cómo se sucedieron los hechos sobre todo después de la celebración de la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Según ha contado, Puigdemont, con quién ha reconocido que le unió una relación profesional y personal, le pidió que buscara una solución.
La tarea derivó en la noche del 25 de octubre. "El miércoles 25 de octubre pensamos que habíamos conseguido decidir no tomar cualquier decisión unilateral", ha contado en referencia al escenario que se abrió entonces sobre la convocatoria de elecciones: "Le di la mano a gente del PP, del PSOE, les di mi palabra".
Sin embargo, "el clima de desconfianza hizo que se torciera al día siguiente". Las presiones externas, ha relatado durante su interrogatorio, harían que Puigdemont variara la hoja de ruta y provocaron su dimisión por no poder "ejecutar" aquello que consideraba que tenía que ocurrir para respetar "a los más de dos millones que el 1-O no salieron a la calle". Según Vila, el referéndum pasó a ser "una movilización política" que habría sido "financiada por mecenas catalanistas".
"Si pudiéramos volver al origen, tomaríamos las decisiones de otra forma. A mí me duele mucho lo que ha pasado", ha reconocido Vila al mismo tiempo que ha asegurado que nadie contempló que sus acciones tuvieran carga penal.
