Política

La Fiscalía mantiene la rebelión para los líderes del procés y pide hasta 25 años de prisión, el doble que la Abogacía del Estado

  • 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Forcadell, Sànchez y Cuixart
  • 16 años para Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa y 11 para el mayor Trapero
  • La Abogacía pide una pena máxima de 12 años, que recae sobre Junqueras

La Fiscalía ha decidido mantener la acusación por rebelión y pedir penas de hasta 25 años de cárcel para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull; el expresidente de la ANC Jordi Sánchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell en el escrito de calificación provisional presentado este viernes contra los líderes del procés que van a ser enjuiciados en el Tribunal Supremo. Esto contrasta con la acusación de la Abogacía del Estado, que ha actuado bajo órdenes del Gobierno y que ha sustituido la rebelión por la sedición reclamando penas por un máximo de 12 años. Las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, una a una.

La petición de penas varía en el escrito de la Fiscalía según el grado de responsabilidad en lo ocurrido. Así, Junqueras se lleva la mayor petición de condena: 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargo público por delito de rebelión agravado con malversación. Le siguen Forcall, Sànchez y Cuixart con 17 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión. La categoría siguiente está integrada por los exconsellers Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa con 16 años de cárcel y 16 de inhabilitación.

A partir de ahí, las peticiones de condena se van reduciendo progresivamente para el resto de los 18 líderes independentistas procesados. Los exconsellers Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila siguen acusados por desobediencia y malversación (7 años de cárcel, 16 de inhabilitación y multa de 10 meses). Por su parte, la expresidenta del grupo parlamentario CUP Mireia Boya y los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, continúan acusados del delito de desobediencia (multa de 10 meses e inhabilitación por un año y ocho meses).

Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había pedido una prórroga para presentar cargos contra el responsable de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha registrado su escrito de calificación provisional pertinente acusándolo por rebelión -en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado- y pidiendo 11 años de cárcel por cooperar de forma "decisiva, consciente e intencionada" en la "rebelión" independentista. Una acusación que el Ministerio Público extiende al ex director de los Mossos, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig.

Quienes no entran en los escritos de calificación y por el momento no serán juzgados son el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; los exconsejeros Toni Comín, Meritexell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig; la dirigente de ERC Marta Rovira y la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, ya que todos ellos se encuentra huidos. Se les someterá a un juicio diferente cuando sean puestos a disposición de la Justicia española.

Aunque el plazo dado por Alto Tribunal para el escrito expiraba el próximo lunes -cinco días hábiles después de decretarse la apertura del juicio oral-, los fiscales encargados del caso han registrado hoy ante el citado órgano un escrito que había concitado mucha expectación, ya que el independentismo esperaba que el Gobierno de Pedro Sánchez presionase a través de la fiscal general del Estado, María José Segarra, a los representantes del Ministerio Público para que suavizaran sus acusaciones en lo relativo al delito de rebelión, uno de los que mayores penas de prisión conllevan del Código Penal.

Sin embargo, la Fiscalía sigue apostando por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia circunscrita al tipo, han señalado fuentes del órgano. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.

De hecho, en sus escritos, la Fiscalía incide en que, con su actuación, todos los acusados pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y "obligar al Estado a aceptar la separación" de este territorio. "Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional", remarca el Ministerio fiscal.

El relato de hechos de estas conclusiones se enmarca en un "contexto fáctico común", constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados "a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social", según la tesis de Fiscalía

Los cuatro fiscales del Supremo -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno- apuntalan de este modo la instrucción de la causa hecho por el magistrado Pablo Llarena y confirman la querella inicial interpuesta por el que fuera fiscal general del Estado cuando se dieron los hechos en Cataluña en otoño de 2017, José Manuel Maza.

La Abogacía del Estado se desvía de la Fiscalía solicitando sedición y condenas muy inferiores

Como ya trascendió este jueves, la Abogacía del Estado pide finalmente condenas para los líderes del procés por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión. El departamento dependiente del Ministerio de Justicia renuncia al delito más grave y habla en su texto de "incidentes de orden público". Desde de la hace varias semanas se venía especulando con esta posibilidad, ya que varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez expresaron públicamente sus dudas de que pueda considerarse rebelión lo ocurrido en los meses de septiembre y octubre del pasado año en Cataluña, al entender que no se usó la violencia que exige el tipo.

De este modo, la Abogacía se desmarca de la adhesión que durante toda la instrucción de la causa ha manifestado respecto de la Fiscalía. El órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, pide 12 años de cárcel para Junqueras; 11 años y medio para cinco exconsellers -Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa-; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los 'Jordis', precisa EFE.

La sedición castiga a quienes " se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". El Código Penal castiga a los autores de este delito con prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondría además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

A su vez, VOX, que ejerce la acusación popular en la causa que juzgará el Tribunal Supremo, sí agotará el plazo y presentará su escrito de acusación provisional el próximo lunes, según ha informado el partido en un comunicado. Los abogados Javier Ortega y Pedro Fernández explicarán a los medios de comunicación, ese mismo día a las puertas del alto tribunal, las conclusiones de su calificación. La formación política, según recoge Europa Press, no ha avanzado el sentido de su acusación pero, desde el inicio de la instrucción, sus letrados han afirmado que los líderes del procés han incurrido en un delito de rebelión.

El Govern ve imparable el procés "por muchos años de cárcel" que se pidan y no ve ningún gesto de Moncloa. El Gobierno niega que lo sea

La primera reacción entre los acusados a estas peticiones del Ministerio Público ha llegado de la mano de Cuixart. El líder de Ómnium ha publicado en su cuenta de Twitter: "¿Alguien piensa que por 17 años de cárcel nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana". "¿Cómo podrían justificar una larga privación de libertad de unos inocentes? Nos han de declarar culpables para no avergonzarse de sus actos", ha tuiteado, asimismo, Rull.

En la misma línea, pero antes de conocerse la decisión de la Fiscalía, el propio Junqueras declaraba en una entrevista previa que el juicio del procés en el Supremo "no será justo" y que no piensa pedir el indulto pese a esperar una larga pena de prisión. La familia del líder de ERC también se ha pronuncia en un sentido parecido. Su esposa, Neus Bramona, y su padre, Artur Junqueras, han asegurado que aguardaban las máximas penas por parte de la Fiscalía.

Desde el independentismo con plataforma institucional, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado un Consell Extraordinario para valorar la decisión de los fiscales. Posteriormente, en una declaración institucional junto al presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avanzado que el independentismo "no claudicará", ha afirmado que la Fiscalía actúa "con venganza" y ha criticado que el Gobierno socialista interprete como un gesto la rebaja de la Abogacía del Estado. No obstante, desde Moncloa, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado que la posición de la Abogacía haya sido un gesto hacia el independentismo y ha hecho hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.

También desde el Govern, el vicepresidente Pere Aragonès ha afirmado que el proceso soberanista es "imparable" y lo seguirá siendo por muy altas que sean las penas de cárcel que se pidan. "Hoy el Estado español ha escrito su sentencia, pero que sepan que este proceso es imparable, no nos frenará por muchos años de cárcel" que se pidan, ha expuesto en Twitter.

Un año encarcelados

Hoy justo hace un año, el 2 de noviembre de 2017, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó prisión preventiva para los exconsellers del Govern de Puigdemont: Junqueras, Forn, Rull, Turull, Romeva, Mundó, Bassa, Borràs y Vila -en este último caso eludible bajo fianza-. El resto del Ejecutivo que había cuando el Parlament declaró la DUI, Puigdemont, Comín, Puig, Ponsatí y Serret eludieron comparecer ante la justicia porque unos días antes se habían marchado a Bélgica, donde permanecen -Ponsatí, se trasladó al Reino Unido-.

En estos 365 días, Junqueras y Forn han estado siempre en la cárcel; Turull, Rull y Romeva salieron en diciembre de 2017 y volvieron a entrar en marzo de 2018, y Borràs y Mundó salieron también en diciembre y han seguido en libertad provisional.

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