Éstas son las acusaciones que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado dirigen contra los 22 exdirigentes procesados en las distintas causas que se siguen en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra el proceso independentista.
Tribunal Supremo
Oriol Junqueras, exvicepresidente de Cataluña: La Fiscalía pide 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del 'procés'. La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel por sedición y malversación.
Joaquim Forn, exconsejero de Interior: La Fiscalía le atribuye un delito de rebelión agravada por malversación y reclama 16 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado pide 11 años y medio por sedición y malversación.
Jordi Turull, exconsejero de Presidencia: La Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión agravada por malversación. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio por sedición y malversación.
Raül Romeva, exconsejero de Exteriores: La Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión agravada por malversación. La Abogacía del Estado reclama 11 años y medio por sedición y malversación.
Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo: La Fiscalía le considera responsable de un delito de rebelión agravado por malversación y solicita 16 años de cárcel. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio por sedición y malversación.
Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad: La Fiscalía pide 16 años de prisión por rebelión agravada por malversación, mientras que la Abogacía del Estado solicita 11 años y medio por sedición y malversación.
Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación: La Fiscalía pide 7 años de cárcel por malversación y un delito continuado de desobediencia grave. La Abogacía del Estado ve los mismos delitos y reclama 7 años.
Carles Mundó, exconsejero de Justicia: La Fiscalía le atribuye malversación y un delito continuado de desobediencia grave y solicita 7 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado pide 7 años por los mismos delitos.
Santi Vila, exconsejero de Empresa: La Fiscalía pide 7 años de prisión por malversación y un delito continuado de desobediencia grave, los mismos delitos que la Abogacía del Estado, que solicita 7 años.
Carme Forcadell, expresidenta del Parlament: La Fiscalía reclama 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado pide 10 años por sedición.
Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC): La Fiscalía solicita 17 años de prisión por rebelión, mientras que la Abogacía del Estado reclama 8 años por sedición.
Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural: La Fiscalía le acusa por rebelió y pide 17 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita 10 años por sedición.
Lluís Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament: La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 30.000 euros.
Lluís Guinó, exintegrante de la Mesa del Parlament: La Fiscalí y la Abogacía del Estado solicitan 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 30.000 euros.
Anna Simó, exmiembro de la Mesa del Parlament: La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 30.000 euros.
Ramona Barrufet, exmiembro de la Mesa del Parlament: La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 30.000 euros.
Joan Josep Nuet, exintegrante de la Mesa del Parlament: La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 24.000 euros.
Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP: La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por desobediencia y multa de 30.000 euros. La Abogacía del Estado reduce la multa a 24.000 euros.
Audiencia Nacional
Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra: La Fiscalía le atribuye un delito de rebelión por el que solicita 11 años de prisión.
César Puig, exsecretario general de la Consejería de Interior: La Fiscalía reclama 11 años de prisión por rebelión.
Pere Soler, exdirector de los Mossos d'Esquadra: La Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión.
Teresa Laplana, intendente de los Mossos: La Fiscalía le acusa de sedición y pide 4 años de prisión.
