Madrid
El independentismo catalán toma posiciones y enfila su siguiente reto político: el juicio del procés. Con el clima lleno de tensión en Cataluña a cuenta de la puesta y retirada de lazos amarillos, la cúpula del soberanismo no pierde de vista el proceso judicial, paralizado por las particularidades del verano.
Quedan pocos días de que el Tribunal Supremo estudie y previsiblemente rechace las recusaciones planteadas por varios de los procesados por el juez Pablo Llarena contra varios magistrados de la Sala que los enjuiciará. Solventado este trámite, echará a andar lo que se conoce como fase intermedia, trámite previo a la apertura del juicio oral que sucede a la fase de instrucción. En ella es clave la actitud que tome la Fiscalía, ya que deberá presentar un escrito de acusación en el que califique los posibles delitos cometidos por los acusados.
Sabedores de la escala jerárquica de la Fiscalía y del predicamento de quien la encabece, desde antes del verano el soberanismo vio con esperanza el cambio de jefatura en el Ministerio Público a raíz de la llegada al poder del PSOE. La entrada de la fiscal progresista María José Segarra hacía pensar al independentismo que ésta, por indicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue quien la situó en el puesto, podría mandar echar abajo esa acusación por rebelión, la que más años de cárcel implica.
Desde el Ejecutivo se aseguró por activa y por pasiva que el Poder Judicial es independiente y la propia Segarra aseguró estar con los fiscales del Supremo, que en todo momento han defendido la acusación por rebelión contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto del Govern que propició el 1-O y la DUI en el Parlament.
Con la llegada del verano y el foco mediático apuntando a Llarena por la demanda interpuesta contra él por Puigdemont en Bélgica, la posición de la Fiscalía quedó en un segundo plano. Sin embargo, ahora que arranca el curso político, los independentistas han empezado a redoblar sus presiones hacia Segarra.
En el mismo momento en que la tensión se apodera de las calles poco antes de una nueva Diada, algunos destacados dirigentes independentistas han empezado a apuntar al Ministerio Público. Este lunes lo ha hecho el propio Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y candidato a la investidura como segunda opción tras Puigdemont. "Si la fiscal general es consecuente y honesta, defenderá cambios", ha dicho en referencia a Segarra y al escrito de la Fiscalía.
"No me sé imaginar que no lo haga por miedo a la oposición que un grupo de fiscales puedan tener", ha remachado, sabedor de la firme posición de los fiscales del Supremo y de la importancia de un escrito del Ministerio Público en un sentido u otro, ya que podría influir en el tribunal durante el juicio oral.
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà ha exigido también hoy a Sánchez que ordene a Segarra cambiar la acusación fiscal para retirar la rebelión. "Si no eres capaz de rectificar y no haces que la fiscal actúe, es una cuestión muy difícil de metabolizar", ha avisado antes de sentenciar: "Si no se hace un pronunciamiento claro, costará mucho aprobar los presupuestos".
