Madrid
El exconsejero de Territorio y Sostenibilidad catalán Josep Rull aseguró este miércoles, durante el juicio por el procés en el Tribunal Supremo, que estaban convencidos de que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue una "declaración política y solemne y que, por tanto, no es objeto de reproche penal". En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.
Rull negó haber dado la orden de negar el atraque al buque 'Moby Dada' -conocido popularmente como Piolín-, que alojó a las Fuerzas de Seguridad desplazadas a Cataluña, aunque dijo avalar la decisión de la autoridad portuaria porque su petición no cumplió las normas ni informó de que solicitaba atraque como embarcación de Estado.
Y añadió que "hubiera sido irresponsable permitir el atraque del ferry en Palamós (Gerona), porque ello hubiera hipotecado de forma severísima la actividad de cruceros, que son la joya de la corona de la actividad económica portuaria".
En la misma línea, la exconsejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa , aseguró que impulsaron la ley de transitoriedad, una de las normas de desconexión, para "tener algo preparado en caso de que la Generalitat lograse llegar a un acuerdo con el Estado".
Incluso afirmó que el expresidente Carles Puigdemont afirmó públicamente que la fecha y la pregunta del referéndum podrían ser modificadas "porque hasta el último momento el Govern consideró la posibilidad de abrir un diálogo y alcanzar un acuerdo".
Tanto Rull como Bassa defendieron que el referéndum no era delito porque había sido destipificado expresamente en el año 2005.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo del expresidente Puigdemont contra el acuerdo de a Mesa del Parlament que decidió no tener en cuenta su voto delegado como parlamentario, por que les permite elaborar jurisprudencia sobre la materia.
Borràs y Mundó
En una jornada maratoniana que se prolongó más que las anteriores y alcanzó la cota de las 20:30 horas también fueron interrogados los exconsejeros de Gobernación, Meritxell Borràs, y de Justicia, Carles Mundó, del Govern de Carles Puigdemont.
Borràs, que contestó a preguntas del fiscal Jaime Moreno y de la Abogacía del Estado, descargó la responsabilidad de la convocatoria del referéndum del 1-O en Puigdemont, al ser su firma y la del consejero en la materia eran las únicas necesarias para sacar adelante el decreto que convocaba la consulta. Aunque no quiso "quitar valor" a su participación en la convocatoria, Borràs insistió en que su firma "no era necesaria".
La exconsellera, que firmó dicho decreto como "símbolo" o gesto, ha subrayado, como los otros procesados, que no hubo gasto de dinero público en la consulta ilegal. "Dinero público no se utilizó", enfatizó. De la misma manera, recogiendo el guante de lo declarado por Jordi Turull, Borrás dijo que se vio en una "disyuntiva" entre obedecer al Tribunal Constitucional (TC), al que no ha querido "quitar valor", o ser fiel al Parlament. Respecto a la DUI votada en la Cámara catalana, Borràs sentenció que "no obliga a nada ni establece nada".
Por su parte, Mundó se las vio con el fiscal Javier Zaragoza, quien le preguntó en repetidas ocasiones si no pudo informar a sus compañeros de lo que firmaban al ser el titular de Justicia. A esta cuestión, el exconsejero ha respondido que ésa es una "opinión" del fiscal. La tensión fue creciendo entre ambos hasta que Zaragoza afeó al exconsejero que se desentendiese de las resoluciones judiciales. Mundó, que defendió que él siempre cumplió lo dictado por el TC, respondió con enojo al fiscal: "Usted ha puesto en mi boca palabras que no son mías".
En la misma línea que sus compañeros de gabinete, Mundó señaló que no hubo desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O y que no existieron los pagos que dice la Guardia Civil. Respecto a los hechos ante la Conselleria de Hacienda el 20 de septiembre de 2017, Mundó no se pronunció, al no estar él procesado por rebelión. Este jueves es el turno del expresidente de la ANC Jordi Sànchez.
