Madrid
La segunda sesión del juicio del procés, celebrada este miércoles, ha estado centrada en el rechazo de las acusaciones a las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas. Ante el tribunal presidido por Manuel Marchena han intervenido en este orden: Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular -ejercida por Vox-. Al término de estas intervenciones, antes de que la sesión alcanzara las cuatro horas, Marchena ha levantado la misma hasta este jueves, cuando el tribunal podría anunciar su conclusión sobre esta fase de cuestiones previas y cuando declarará el primer procesado: el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.
La primera intervención ha sido la del fiscal Javier Zaragoza, quien ha hecho un duro alegato a favor de la investigación judicial y de la imparcialidad del Supremo frente a los argumentos de las defensas de los 12 independentistas que están siendo juzgados, asegurando que sus escritos "parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad" dirigidos a "sentar al Estado en el banquillo" de los acusados cuando éste "es un juicio en defensa de la democracia" y de la Constitución.
El fiscal Zaragoza: "Se utilizó a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes"
Entrando en materia, Zaragoza, uno de los cuatro fiscales del Supremo en la causa y presentes en la vista, ha acometido uno de los ejes del juicio: valorar si hubo o no violencia en los hechos de otoño de 2017 en Cataluña. Para ello, se ha retrotraído a las movilizaciones contra los registros judiciales del 20 de septiembre en la Consellería de Economía, convocadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el referéndum del 1 de octubre. El representante del ministerio público ha sugerido la violencia inherente en el hecho de "retener y tener prácticamente secuestrada" a una comitiva judicial y "utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes".
En la misma línea, aunque con un tono más sosegado, se ha pronunciado el fiscal Fidel Cadena, segundo en el turno de intervenciones. Al igual que Zaragoza, su compañero ha reafirmado la posición del Ministerio Público de que se produjo un delito de rebelión en ambas fechas argumentando que este tipo penal "sólo exige un alzamiento público y violento". En este sentido, Cadena ha traído a colación que durante la reforma del Código Penal de 1995 se rechazó "una enmienda del grupo catalán" que pretendía añadir que ese alzamiento debía producirse "con armas".
Para dar una medida de la gravedad de los hechos -"comportamientos tipificados en el Código Penal"-, Cadena ha recordado que los mismos llevaron a la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque "no existía otra manera de volver a la legalidad". Respecto a las leyes de desconexión que el independentismo impulsó en el Parlament, Cadena ha incidido en que "no hay una soberanía catalana, sino una soberanía española" que reconoce la Constitución y que se vio gravemente conculcada.
La Fiscalía, en este caso por voz de Zaragoza, también se ha mostrado muy dura con el tribunal alemán de la región de Schleswig-Holstein, que rechazó entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de rebelión. El fiscal ha acusado a dicho tribunal de "intromisión en la jurisdicción española" al entrar a valorar los hechos por los que estaba imputado. En su opinión, el órgano alemán actuó "incumpliendo palmariamente" el reglamento de la orden europea de detención, ya que "asumió las funciones de enjuiciamiento".
La Abogacía del Estado
Tras la intervención de los dos fiscales, ha hablado la Abogacía del Estado por voz de Rosa María Seoane. La representante del Gobierno en la causa, que en su escrito de acusación previa al juicio rebajó la rebelión a la sedición por orden de Moncloa se ha centrado en todo momento en defender que el juicio se celebra con plenas garantías.
"Hay un intento de llevar esta causa a Estrasburgo cuando se trata de una cuestión de derecho interno", ha dicho Seoane, a la par que ha insistido en que "no se ha vulnerado la presunción de inocencia". La representante del Gobierno ha dedicado gran parte de su intervención a la defensa de la actual secretaria de Estado de España Global, Irene Montero, por sus palabras a la BBC declarando este proceso un "reto para la Justicia española".
Seoane sustituye en representación de la Abogacía del Estado a Edmundo Bal, encargado de todo el caso del procés que fue relevado con la entrada del Gobierno socialista por haber defendido la rebelión durante toda la instrucción. La presencia de la Abogacía en el caso se vinculaba inicialmente por el dinero presuntamente malversado por los acusados y detraído por tanto de las arcas del Estado.
Estreno de Vox en la vista oral
El tercer turno ha correspondido a la acusación popular en el que ha sido el estreno de Vox en la vista oral del juicio. En detrimento de Javier Ortega Smith, 'número dos' del partido de Santiago Abascal y representante de la acusación en calidad de abogado, ha tomado la palabra su compañero Pedro Fernández. El letrado ha arrancado pidiendo a Marchena que no haya lazos amarillos en la Sala.
Invocando a la doctrina dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), Marchena ha contestado a Fernández que los acusados -sólo Sànchez lo ha portado- pueden llevarlo. El presidente del tribunal, además, ha reseñado que los abogados de la defensa no lo lucen en sus togas, conforme a la ley.
Tras este primer revés, Fernández, acompañado de Ortega Smith en la mesa, ha cargado contra los alegatos de las defensas defendiendo la imparcialidad del tribunal y la imposibilidad de que el Rey Felipe VI testifique en la causa. El abogado también ha reiterado la pretensión de Vox de acusar a los procesados de organización criminal, delito que agravaría severamente sus condenas. El partido de Abascal pide para Junqueras hasta 74 años de cárcel.
