La Policía y la Guardia Civil han cargado este domingo en diversos puntos de Cataluña dando cumplimiento a la orden judicial de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Mercedes Armas.
Ningún gobierno, por repudiado que sea, ha dado orden alguna de contestar como se ha hecho a la resistencia de miles de personas en los centros de votación. Es la respuesta a la principal inexactitud que se ha vertido en este día nefasto.
La Generalitat ha dicho de forma solemne (aunque no en sede oficial, sino en el edificio de una productora privada) que los agentes tenían una clara voluntad de hacer daño a los ciudadanos, y que no pretendían retirar material electoral sino causar heridos. La locura en la que está instalada la realidad mueve a hacer distorsiones como esta, cuya sola mención debería avergonzar a quien la pronuncia.
La insólita votación que este domingo han querido hacer pasar por un referéndum válido un grupo de catalanes lanzados abiertamente a la secesión no arroja las mínimas garantías de limpieza democrática. Huelga explicarlo, pero la propaganda engañosa que están difundiendo obliga a narrar una y mil veces lo que hoy ha ocurrido en Cataluña, no en cualquier dictadura del mundo subdesarrollado. Las papeletas se han aceptado sin el correspondiente sobre; el censo ha mutado increíblemente para convertirse en universal apenas tres cuartos de hora antes de comenzar la supuesta votación, de forma que cualquiera podía votar en cualquier mesa sin identificarse; no hay una junta electoral que revise la limpieza del proceso; no hay contabilización telemática de datos al ser intervenida por la Guardia Civil; se han visto imágenes de ciudadanos votando en urnas colocadas en el suelo en el patio de un colegio, metiendo tacos de papeletas en la ranura, sin presentar a nadie un DNI ni ser punteados en un censo legal y serio.
Hay además pruebas gráficas evidentes de la facilidad con la que se ha podido votar varias veces en diferentes colegios, y de personas de otras comunidades autónomas han podido votar. Nadie en su sano juicio democrático puede considerar todo esto como válido, mucho menos para adoptar una decisión tan determinante como es la declaración de independencia de un territorio en contra del resto del país al que pertenece.
Ni un sólo país serio del mundo va a aceptar los resultados de lo que hoy han querido llevar a cabo los independentistas catalanes, que desde luego no es un referéndum ni legítimo ni legal. La homologación de la pantomima de votación que hemos visto se han apresurado a realizarla personajes como Julian Assange o Varufakis, en cuyos brazos se arroja el gobierno catalán como si fueran autoridades con voz reconocida.
Y sobre todo, la niebla no nos debe impedir ver el bosque. Muchos catalanes han resistido las decisiones de la Justicia en la calle, pero la inmensa mayoría no ha tomado parte en los graves sucesos acontecidos hoy.