Política

Las defensas acusan al tribunal de parcialidad en el arranque del juicio del procés en el Supremo

  • En el turno de cuestiones previas denuncia vulneración de derechos
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Las defensas de los 12 líderes independentistas catalanes cuestionaron este martes la imparcialidad del Tribunal Supremo en el arranque del juicio del procés y reclamaron reiteradamente la anulación del juicio en base a la vulneración de derechos fundamentales. Este miércoles se retoma el juicio con las cuestiones previas de las acusaciones. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.

Las defensas intervinieron en el turno de las cuestiones previas, que sirve para que se expongan las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se estén produciendo o se puedan producir, antes de dar comienzo a la fase de interrogatorio a los procesados.

Así, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, fue el primero en intervenir y lo hizo calificando la causa de "vodevil procesal que atenta contra la disidencia política". Antes, había defendido que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, por lo que solicitó de nuevo la libertad de los acusados en prisión.

El 'whatsapp' de Cosidó

El abogado del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y del exconsejero catalán Josep Rull, Jordi Pina se quejó de falta de imparcialidad de cuatro magistrados de los siete de la Sala, y recordó al presidente de la misma, Manuel Marchena, lo que dijo el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mediante un whatsapp de que con Marchena de presidente del Tribunal Supremo, los populares "podrían controlar el Tribunal por la puerta de atrás".

Incluso llegó a decir que "tengo que hablar de Derecho Penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos", aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor prokurdo Demirtas, que a su juicio "tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política".

El abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, adujo la necesidad de que se cite como testigo al exministro Juan Ignacio Zoido y que se acumule al instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos d'Escuadra por su actuación en el 1-O. Su defensa trata así, de rebatir las acusaciones de violencia potencial, que penden sobre su cliente.

Ana Bernaola, abogada de Jordi Turull, criticó que el Ministerio Fiscal base "única y exclusivamente su acusación en un copia y pega de los atestados policiales, reformulados con cierta literatura".

La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, solicitó la expulsión de su representada del procedimiento, porque únicamente se le imputan actuaciones que estaban protegidas por la inviolabilidad parlamentaria.

Arderiu esgrimió unas declaraciones de Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno en las que "dijo que se debía modificar el delito de rebelión en el Código Penal para adecuarlo a los hechos de Cataluña, lo que si había que adecuarlo a los hechos, no hay delito".

Benet Salellas, defensor del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, arremetió contra la Fiscalía por "criminalizar las movilizaciones populares a favor de la independencia y aseguró que su representado se sienta en el banquillo por buscar adhesiones a su causa, por abrir una página web y por actos de manifestaciones pacíficas".

'Minuto de gloria' ante los medios

Los políticos de todo signo buscaron ante los periodistas su minuto de gloria, haciendo declaraciones a favor o en contra de la posible condena a los procesados. El presidente de la Generalitat Quim Torra acudió a saludar a los familiares de los procesado en la Sala y a infundir ánimos en el banquillo. Torra y el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, encabezaron una protesta, acompañados de otros políticos, como los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián. "Decidir no es delito", rezaba la pancarta que portaban en las inmediaciones del TS, rodeados de un amplio dispositivo de seguridad, que no permitió acceder a los manifestantes a la plaza.

El presidente del TS, Carlos Lesmes, le recibió a su llegada con un saludo protocolario. Algunos de los presentes en la calle le silbaron. No fue la única protesta. Los funcionarios de prisiones gritaron consignas de carácter sindical reivindicativas.

A los periodistas se les confinó en los recesos, para evitar que hablasen con los encausados. Sin embargo, los asistentes y los familiares sí coincidieron en los pasillos y, estos últimos tuvieron que oír críticas de los primeros.

El color amarillo hizo acto de presencia en la sala, algunas bufandas y muchos lazos. Los acusados, sin embargo, lucieron un escudo de la Generalitat en el ojal de las americanas. Y la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejó de prestar servicio durante unos minutos, en plena retransmisión en directo del inicio del juicio, por un ataque informático.

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