Señalaba Keynes que "la inflación también es un impuesto". De esta afirmación se siguen varias conclusiones. La más obvia es que como las bases de casi todos los impuestos están expresadas en dinero, el aumento de la inflación lleva a una mayor recaudación. Este efecto resulta particularmente directo en el IVA que grava el consumo. Si el consumo real se mantiene, pero los precios se incrementan, automáticamente lo hace la recaudación del IVA. Pero, en la medida en que la inflación se mantiene, finalmente los precios y los salarios aumentan en términos nominales, y lo hace la recaudación de casi todo el sistema fiscal.
Por supuesto, cuando la inflación se reduce, es decir, que el índice general de precios aumenta, pero menos, la recaudación de los impuestos también aumenta menos. Pero, además, los instrumentos que se utilizan para reducir la inflación, especialmente una política monetaria restrictiva, llevan a enfriar la economía, lo que, a su vez, reduce la recaudación de casi todos los impuestos. De hecho, el único impuesto importante que se ha mostrado inmune a la ralentización económica es el impuesto de bienes inmuebles.
Otro efecto obvio de la política monetaria restrictiva anti-inflacionista es que el Estado paga más intereses para financiar la deuda pública. Esto apenas se percibe a corto plazo, aunque suban mucho los tipos de interés porque los títulos ya emitidos siguen pagando el interés pactado. Sin embargo, si los tipos se mantienen elevados, los nuevos títulos se tienen que emitir a un mayor tipo de interés, con lo que el efecto de aumento de los gastos financieros del Estado es muy relevante. Otro día hablaremos de esta cuestión, pero los tipos se tienen que mantener elevados mucho tiempo. Y esto no sólo porque lo digan todos los responsables del BCE y de los bancos centrales nacionales, sino porque no queda más remedio. La liquidez emitida masivamente en estos últimos años se ha reducido, pero no porque se haya retirado, sino porque está depositada en el BCE por importe de unos 3,46 billones de euros. Esta liquidez la han aparcado los bancos porque se retribuye al tipo de la facilidad de depósito del BCE, ahora en el 4%. Si este tipo se reduce, se volverá a disparar la liquidez, y hará extremadamente complicado que la inflación se reduzca.
Volviendo a la cuestión del control del déficit, los últimos informes de la Intervención General y de la Agencia Tributaria indican que los problemas para controlarlo han vuelto en los últimos meses. En 2022, tras la revisión del PIB que realizó el INE, el déficit se quedó en el 4,7% del PIB. La previsión en presupuestos era reducirlo este año al 3,9%. En julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) estimaba que cerraríamos el año en el 4,1%. Sin embargo, los datos consolidados del Estado, las CCAA y la Seguridad Social del mes de julio ya indican que el déficit público no se está reduciendo, sino que está aumentando ligeramente: hemos pasado del 1,99% del PIB al 2,21% en los siete primeros meses del año.
Es cierto que en este 2023 no se aplican reglas fiscales de la Unión Europea, pero el próximo 2024 sí, y España se ha comprometido a rebajar el déficit el año próximo por debajo del 3%. En estas condiciones, si no hay una reducción importante del déficit este año, reducir el déficit el año próximo al 2,9% comprometido va a ser doloroso y complicado, tanto si se hace subiendo impuestos, como si se hace recortando gastos, o con una combinación de ambos.
Si se echa un vistazo a los datos, parece que el aumento del déficit se concentra en la Administración General del Estado. Sin embargo, esto es engañoso. Por un lado, parte del gasto en pensiones se está pagando no con cotizaciones sino con transferencias de la Administración General del Estado a la Seguridad Social, mediante los denominados "gastos impropios". Por otra parte, las CCAA están recibiendo muchos más recursos. La razón es que este año se recibe la liquidación de 2021. Hace dos años, la Agencia Tributaria recaudó mucho más de lo previsto por IVA e IRPF y este año se liquida la diferencia del 50% de estos impuestos, que corresponde a las CCAA. Esto supone que las CCAA tienen más dinero para gastar, y lo mismo volverá a ocurrir en 2024, con la liquidación de la recaudación del año pasado, cuando se necesita reducir el déficit.
Pero, además, la recaudación de impuestos, salvo el IRPF, ya no va tan bien como estaba previsto. Esto ya se nota especialmente en los impuestos indirectos. Por ejemplo, en los presupuestos se preveía que la base del IVA creciese a un ritmo del 6%. Esto se sobrepasó con creces en el primer trimestre, pero en el segundo, el gasto final sujeto a IVA sólo aumentó al 2,6%. Los últimos datos de ventas interiores de las grandes empresas, una información casi en tiempo real, indican que ya hay una caída en términos nominales. Esto quiere decir que hay menos inflación, pero también menos consumo, y que la recaudación, tanto por IVA como por impuestos especiales previsiblemente se contraiga, o a lo sumo, se mantenga plana. En el caso de buena parte de los impuestos especiales, como las bases son no monetarias, ya sea en litros de gasolina o gasóleos, lo que tenemos es una caída, que no se ve compensada por el aumento de precios.
Esta ralentización de los ingresos por impuestos indirectos, combinada con un aumento de gastos, entre otros por intereses, sólo se está compensando, parcialmente, por la recaudación del IRPF. El impuesto de sociedades ha reducido su recaudación, pese al aumento de los beneficios empresariales, en un 10% respecto al mismo periodo del año pasado. Las razones son complejas, aunque en los próximos meses podría recuperarse la recaudación. Aun así, sin nuevas medidas de aumento de ingresos, o de reducción de gastos, parece extraordinariamente complicado, en este entorno de ralentización, cumplir con los objetivos de déficit este año y el próximo.
Una medida obvia de aumento de ingresos sería no prorrogar las medidas anti-inflacionistas de reducción de impuestos energéticos, y del IVA a determinados alimentos. Sin embargo, esto aumentaría a corto plazo la inflación. Quizás no parezca la mejor ocasión, pero en algún momento habrá que recuperar niveles normales de imposición energética.
Este dilema entre inflación y déficit va a seguir presente porque el déficit público es el desequilibrio, junto con el paro, más persistente de la economía española. La inflación no lo era, pero, como comentaremos otro día, estamos en un mundo mucho más inflacionista.
