Energía

La Agencia Tributaria detecta 700 millones de fraude en los carburantes

  • El agujero fiscal supone ya cerca del 6% de la recaudación anual del impuesto de hidrocarburos
  • El sector reclama medidas para poder atajar el aumento de casos de empresas pirata detectados
  • La recaudación creció levemente en 2022 pese a los máximos históricos de precios
María Jesus Montero, ministra de Hacienda en funciones

El agujero fiscal en el sector de los carburantes se está convirtiendo en un dolor de cabeza. Según se desprende del listado que publica anualmente el Gobierno, la Agencia Tributaria eleva a cerca de 700 millones de euros el nivel de morosidad alcanzado en 2022  frente a una recaudación total de 11.984 millones. Es decir, que esta morosidad equivale ya a casi el 6% de la recaudación total del impuesto de hidrocarburos.

Durante el año pasado, este Impuesto aumentó su recaudación, pero a un menor ritmo que en 2021 y no alcanzó todavía el nivel de 2019, salvo en el caso de las gasolinas. 

Aunque el consumo se siguió recuperando, la fuerte subida de los precios -que alcanzaron máximos históricos- lastró la recuperación. Los consumos de gasolinas y gasóleos aumentaron con intensidad pero cayó el gasóleo bonificado.

El fraude detectado por Hacienda se comete de diferentes maneras: sobre el IVA, sobre el contenido del biocombustible y durante 2023 se están sumando factores como la entrada de combustible de Rusia.

Según fuentes consultadas por este diario, la práctica habitual consiste en la creación de una empresa pirata que vende por debajo del precio de mercado hasta que llega el momento de pagar el correspondiente IVA y la sociedad desaparece del mapa.

Esta situación además supone también un riesgo para la gestión de los costes de las existencias mínimas de seguridad. Habitualmente, las empresas suelen pagarlos en base a una previsión de ventas que habitualmente se queda por debajo de las cantidades reales, lo que genera también complicaciones. 

Según indica la Asociación Española de Operadores Petrolíferos, "el fraude lleva produciéndose, especialmente desde el año 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final".

La Asociación señala que existe también un fraude en la venta de biocarburantes. La venta de este tipo de productos se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio. 

AOP denuncia que conforme han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes, se han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener.

Para resolver esta situación, que complica también la competencia en los puntos de venta de las estaciones de servicio, el sector urge la aprobación de un Real Decreto por el que se establezca la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad.

Contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales, debe ponerse especial cuidado en una temprana reacción contra los defraudadores para que el impacto económico sea mínimo.

Con respecto a la no incorporación de biocarburantes, AOP propone modificar la herramienta de información SICBIOS e introducir un mecanismo de alerta temprana de posibles incumplimientos y aplicar inmediatamente el régimen sancionador, abriendo el correspondiente expediente a todas las entidades que no cumplan con su obligación de venta de biocarburantes y, finalmente, conectar los sistemas de los depósitos fiscales con las entidades de certificación y control (AEAT, SICBIOS, etc.) correspondientes para tener una trazabilidad del producto de cada operador.

El Ministerio de Transición Ecológica ha abierto a consulta pública una orden ministerial que pretende unificar los mecanismos de fomento de los biocarburantes y otros combustibles renovables al tiempo que pondrá coto al fraude que han comenzado a detectar en el sector mediante un mecanismo de alerta temprana.

El problema está sobre la mesa y las crecientes cantidades de fraude están provocando ya las quejas de las compañías que ven, por contra, como se incrementan sus cargas impositivas y se advierte ya de nuevos impuestos para esta legislatura.

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