La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que participan Repsol, Cepsa, BP, Saras y Galp, advierte de la "lacra" que sufre el sector relacionada con el fraude en la actividad de distribución, ejercido por "verdaderas tramas criminales" y cuyo importe puede alcanzar los 540 millones de euros al año. España alcanza el récord de estaciones de servicio
La asociación realiza estas consideraciones en su Memoria de 2016, publicada ayer, en la que advierte de que algunos desarrollos legislativos "han abierto la puerta al fraude", sobre todo desde que en 2009 se eliminó la autorización administrativa para ejercer la actividad de distribución al por mayor y se sustituyó por una declaración responsable.
El valor de lo defraudado puede alcanzar los 270 euros por metro cúbico y su importe puede oscilar entre 270 millones y 540 millones de euros, en función de si la práctica alcanza al 3 por ciento o al 6 por ciento del mercado. Solo el fraude del IVA asciende a 300 millones, según cálculos de la Agencia Tributaria.
Las "tramas criminales" actúan "de forma organizada" y "cuentan con recursos", al tiempo que "conocen los resquicios de la legislación" y no tienen ningún interés en mejorar la competencia, sino que trabajan con el único empeño de acometer el fraude mismo, sostiene la AOP.
Garantía financiera
Ante esta circunstancia, la asociación propone establecer una garantía financiera que desincentive el fraude y cubra el incumplimiento de las obligaciones, reportar a diario las existencias mínimas de seguridad y acortar el plazo en la imposición de expedientes sancionadores.