El Gobierno desaprovechó en el Consejo de Ministros de este martes una oportunidad histórica para anunciar un plan de choque para paliar los efectos de la guerra. La rebaja de veinte céntimos en el precio de los carburantes después de una semana en la que se paralizó la economía por la huelga salvaje del transporte es como intentar curar un cáncer con aspirinas. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) evalúa en un punto el recorte que puede tener la inflación desbocada, que en marzo saltará el listón de los dos dígitos. Los expertos consultados por elEconomista califican el efecto de "insignificante".
La única baza que tiene Sánchez para salir un poco airoso de la situación sería una bajada agresiva de la tarifa de la luz. Por eso, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, propuso limitar a 30 euros el coste del gas. Aunque es improbable que Europa acepte un precio tan bajo, que dejaría en unos cien euros el MW, menos de la mitad del coste actual.
La vicepresidenta trata así de reconciliarse con Sánchez, que la culpa porque su estrategia verde se da de bruces con la política de la Unión Europea. Sobre todo, por negar la licencia para la construcción del Midcat, el gasoducto que ahora quiere resucitar Von der Leyen y el canciller alemán Olaf Scohlz, para llevar el gas del Magreb a Europa central. Fue el Ministerio de Transición Ecológica el que denegó los permisos. Lo mismo que ocurre con su política antinuclear, en la que sigue emperrada, pese la Unión Europea la ha declarado como energía verde.
Ribera, con el apoyo de Yolanda Díaz, intentó castigar a las eléctricas con un impuesto a los beneficios caídos del cielo. Pero la presión de Europa le obligó a dar marcha atrás y ahora exige que la denominada excepción ibérica sea consensuada con el sector. Aun así, presumió ante la opinión pública de un endurecimiento de su política en el último decreto, que limita a 67 euros MW/hora el coste de los contratos con las empresas, los denominados PPAs.
Otro de sus meteduras de pata, desde el punto de visto político, fue la protección del lobo ibérico, que enfureció a agricultores y ganaderos en vísperas de las elecciones de Castilla y León, donde el PSOE cayó de primera a tercera fuerza política.
El Consejo de Ministros aprobó este martes la movilización de 16.000 millones, de los que dos tercios son créditos ICO, y el resto subvenciones, que nadie se explica, porque las ayudas al combustible representan poco más de mil millones. El ICO contaba ya con un remanente de 40.000 millones en préstamos para empresas golpeadas por la pandemia, que jamás utilizó, con lo que su esfuerzo en este ámbito es inexistente.
Los préstamos ICO se mostraron efectivos durante el coronavirus para impedir que las empresas entraran en concurso, pero existen muchas dudas de que ahora se logre el mismo efecto, porque la crisis será más larga, hay muchas pymes que están al límite después de prolongar artificialmente su vida y será difícil estirarla más cuando entre en vigor la nueva Ley Concursal en julio.
Las medidas más controvertidas son el tope a la subida del alquiler del 2 por ciento y la prohibición de despedir para las sociedades que accedan a ayudas. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, llegó a sugerir a Yolanda Díaz que montara su propia empresa para que pudiera comprobar las consecuencias en sus carnes. Los empresarios se quejan de un nuevo ataque a la seguridad jurídica. Las normas se cambian cada dos minutos, ya sea por la guerra ó por la pandemia y luego se busca cualquier excusa para prorrogarlas.
En el ámbito laboral, Díaz se sacó de la manga esta norma anticonstitucional para contentar a los sindicatos y encubrir el número de personas en desempleo ó con trabajos precarios, como ya hizo con los fijos discontinuos en la reforma laboral, que entró en vigor esta semana. No tiene sentido encarecer el despido a las empresas que más dificultades tienen para mantenerlo.
El decreto propina el enésimo golpe bajo que encaja el sector inmobiliario, después de topar los alquileres en zonas tensionadas, como recoge la Ley de Vivienda, ó de la obligación de poner un porcentaje de viviendas para uso social. Si a ello se suma, la relajación de la normativa sobre ocupación para familias vulnerables, que ha provocado que ésta se dispare, hay grandes fondos inmobiliarios que están poniendo a la venta sus propiedades para largarse de España.
Lo peor es que con los precios disparados por encima del diez por ciento y sin viso de corregirse se cierra la puerta a un pacto de rentas con el resto de fuerzas políticas para lograr una moderación de los salarios. Desde el partido de la oposición, que lidera desde este fin de semana Alberto Núñez Feijoo, se descarta la petición de apoyo de Sánchez, porque sus planes no recogen una bajada de impuestos. Desde otras fuerzas como el PNV ó ERC, situadas en el centro derecha, ponen también en duda esta colaboración hasta conocer más detalles.
El Banco de España, que dirige Pablo Hernández de Cos, insistió este viernes en el riesgo de contagio a los salarios, dado que casi un tercio de los trabajadores han firmado cláusulas de actualización automática.
Hacienda está obteniendo ingresos extraordinarios. El déficit público de 2021 cerró en el 6,7 por ciento del PIB, dos puntos por debajo de la estimación de la ministra María Jesús Montero, gracias al incremento de recaudación por el alza de precios. ¿Por qué, entonces, ni la titular de Hacienda ni la vicepresidenta Nadia Calviño quieren bajar impuestos para impulsar la economía?
Europa pretende volver desde 2023 a la senda de reducción del déficit fiscal para lograr que esté alrededor del 3 por ciento en dos o tres años. El Gobierno tiene un serio problema por delante. El déficit estructural, es decir el comprometido en los Presupuestos Generales del Estado sin contemplar el gasto extraordinario, supera el 5 por ciento del PIB, dos puntos por encima del objetivo, que deberá alcanzarse a medio plazo.
Además, estamos pendientes de conocer qué hará el Banco Central Europeo si persiste una inflación subyacente, excluidos productos energéticos ó alimentos no elaborados, por encima del 3 por ciento. Su presidenta, Christine Lagarde, ya sugirió que podría subir los tipos de interés a finales de año. El euribor, que descuenta la tendencia de las tasas de interés, está a punto de ponerse en positivo. Al encarecimiento de la financiación pública, con la deuda en el 118 por ciento del PIB, hay que añadir el incremento del déficit por cuenta corriente por culpa del meteórico incremento del petróleo.
Sin estímulos adicionales, la economía queda a merced de Putin y del impacto externo de los precios energéticos y de las subidas de materias primas ó la ruptura de las cadenas de suministro. El plan de choque del Gobierno es papel mojado, no servirá para aliviar la economía, que camina a pasos agigantados hacia la estanflación.
PD.-La huelga de transporte, que concluyó esta semana, puso de manifiesto la absoluta falta de representación de la patronal frente a los camioneros. El peso de éstos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) se mide por el tonelaje de sus vehículos, en lugar por unidades, lo que hace que las grandes empresas de distribución copen todos los puestos. La pyme o el camionero autónomo queda así fuera de los órganos de decisión. El presidente de la CNTC, Carmelo González, debe abrir un debate para reorganizar el comité y evitar situaciones críticas, como la vivida en las últimas semanas. También Fenadismer, que representa a los pequeños transportistas, ha hecho el ridículo en esta ocasión, sumándose a las movilizaciones cuando más de la mitad de los camiones estaban ya parados.
Ambos organizaciones pertenecen a la CEOE. La gran patronal española, movida por el corporativismo, respaldó la negativa del Gobierno a la apertura de negociaciones con la Plataforma para la Defensa del Transporte convocante de los paros, liderada por Manuel Hernández. Es decir, que indirectamente contribuyó al conflicto, mientras en paralelo los condenaba enérgicamente. Por último, destaca la falta clamorosa de agilidad del Ministerio de Transporte. Gobierno y patronal deberían desactivar cóctel molotov de estas dimensiones en el futuro.
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