La brutal sacudida que la guerra declarada por Rusia a Ucrania está propinando a las empresas continentales a través del feroz encarecimiento de la energía y el desabastecimiento ha obligado a reaccionar a Europa. Y en España quedan unos 47.422 millones de euros sin utilizar de mecanismos habilitados desde 2020 para ayudar a empresas y autónomos a sortear la crisis de la pandemia que podrían ser parte de la solución.
Son recursos presupuestados para líneas de avales del ICO sin otorgar aún, de los fondos de recapitalización de Sepi y Cofides o, incluso, del paquete de 7.000 millones en ayudas directas.
Hasta hace pocos días su reutilización era, precisamente, una de las apuestas barajadas en esferas europeas para ayudar ahora al tejido empresarial, extendiendo los mecanismos habilitados con el Covid y adaptándolos a la nueva realidad –las compañías vulnerables ahora no tienen por qué coincidir con las que sufrieron las restricciones del Covid–.
Sin embargo, la Comisión Europea desveló ayer una solución que refuerza la potencia de fuego porque ha diseñado un nuevo "marco temporal", mecanismo que es asimilable al campo de juego donde los Estados pueden prestar o inyectar fondos sin que esas contribuciones sean consideradas ayudas públicas bajo determinados plazos e iniciativas. Su creación es clave ya que permite las ayudas sin exigir sacrificios asimilables a una nacionalización como serían prohibir dividendos o enajenar activos.
Más plazo y carencias
Que haya un marco temporal ad hoc para para la crisis provocada por Moscú permitirá desplegar nuevas herramientas o nuevas ediciones de viejas recetas, sin descontinuar o limitar el uso de mecanismos vigentes.
Esas líneas ICO previas, fondos de recapitalización y ayudas seguirán, hasta su vencimiento, cubriendo los mismos supuestos para los que fueron diseñadas de ayudas para problemas ocasionados por el Covid, sin menoscabo de que los recursos aún disponibles cuando lleguen a su término pudieran ir al mismo fin si lo propusiese el Gobierno en su momento y lo autorizase Bruselas porque supondría un cambio en el objetivo para el que fueron diseñadas.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, anunció precisamente ayer en el Congreso que se lanzará una nueva línea de avales del ICO para garantizar la liquidez a negocios con problemas bajo el nuevo esquema aprobado por Bruselas. De forma adicional se ampliará el vencimiento de los actuales créditos avalados a las compañías y autónomos más afectados por la crisis y trabaja, además, con el Banco de España para extender las carencias en el pago del capital de estas financiaciones.
Se trataría de la tercera extensión de plazos en la amortización de los créditos avalados, ya que su vigencia arrancó en 5 años en 2020, para subir a 8 y 10 años en sucesivas revisiones ante las sucesivas oleadas de la pandemia. Las carencias en el pago del principal también nacieron con 12 meses, prorrogados a 24 y que, de no mediar nueva extensión, vencían el próximo día 31, obligando a su repago ya en abril.
El anuncio de Calviño significa que, aunque se ponga en marcha una nueva línea ICO, seguirán vigentes las anteriores hasta su vencimiento el próximo 30 de junio, pudiendo acordar operaciones bajo el esquema original de ayudas Covid. Queda, de hecho, un remanente ahí de 36.222 millones de los 140.000 millones a los que ascendieron las líneas abiertas para dar liquidez y apoyar inversiones.
La medida es solo una de las ocho líneas de actuación que ha anticipado el Gobierno para ayudar a la economía frente a la nueva crisis y donde incluye actuaciones para bajar los precios del gas, los carburantes y la electricidad o apoyar a colectivos vulnerables.
Pero se trata de una de las actuaciones que urgían instaurar organizaciones de autónomos como ATA y pymes, como Cepyme, desde antes de estallar la guerra y a las que se sumaron el resto, incluida CEOE. Primero avisaron de que había muchos negocios sin liquidez para pagar sus ICO en abril y después han augurado miles de quiebras si no llegan recursos y medidas adicionales para ayudar a soportar el brutal revés del conflicto bélico. El Gobierno prevé aprobar el nuevo paquete en el próximo Consejo de Ministros.
Antes de la guerra se había descartado, de hecho, con el respaldo de una banca que veía manejable y sin grandes riesgos atender a los clientes al vencimiento de las carencias. Hoy todo ha cambiado y la banca y empresarios apoyan una medida que, en virtud del marco temporal aprobado por Bruselas, se extendería hasta el 31 de diciembre de este ejercicio. En la actualidad, el 25% de los préstamos con aval del ICO está en carencia y supone el 40% del importe avalado.
Alertas sobre quiebras y la morosidad
Los problemas combinados de la pandemia y la guerra ponen contra las cuerdas a las empresas y algunos expertos auguran una oleada de quiebras. El Consejo General de Gestores Administrativos cifra en 300.000 las pymes en riesgo de desaparecer si las ayudas no solventan sus problemas. Ocurre, además, cuando la gran banca ha aumentado un 47% la mora en los sectores más afectados por el Covid, con exposiciones impagadas por valor de 13.000 millones. frente a los 8.000 millones de un año atrás.
