El sistema de pensiones español afrontará ya el año próximo toda una prueba de fuego, a causa de la actualización de estas prestaciones de acuerdo con la inflación.
La primera parte de la reforma de la Seguridad Social, pactada con los agentes sociales, ha blindado dicho mecanismo, sin recurrir a una medida amortiguadora del gasto como era calcular el IPC de referencia considerando varios años, incluidos los que fueron deflacionistas como 2020. Por ello, en enero de 2022 será obligatorio acometer un incremento de las pensiones acorde (y sin paliativo alguno) con el alto nivel que los precios presentan este año.
Las estimaciones de los expertos ya descuentan que el IPC medio de 2021 se situará en el 2,5%, lo que aboca a un gasto extra de 3.000 millones. Pero, además, en febrero será necesario recurrir otra vez a la paguilla compensatoria del poder adquisitivo de los jubilados, ya que estos vieron incrementadas su prestaciones un 0,9% en enero de 2021 y el IPC terminará este año muy por encima de esa cifra. En total, serán, como mínimo, 5.000 millones extra los que la Seguridad Social deberá desembolsar en 2022.
Alcance a largo plazo
Pero resultaría ingenuo pensar que los inconvenientes se limitan a coyunturas puntuales como la actual, marcada por la alta inflación. Bruselas alertó en junio que la revalorización de pensiones según el IPC elevará el gasto también "en el medio y el largo plazo". Más en concreto, Fedea estima que el déficit público estructural, independiente del ciclo económico, subirá en España entre tres y cinco puntos del PIB. Puede que la reindexación de las pensiones a la inflación haya sido útil para conseguir el pacto con los agentes sociales, pero lo ha hecho pagando el peaje de agravar el problema del alto gasto de la Seguridad Social.
