Un estudio realizado por el Grupo de Investigadores en Pensiones y Protección Social estima que elevar el número de años trabajados para el cálculo de la pensión, pasando de 25 a 35 años, supondría un recorte en la cuantía media de estas prestaciones del 8,6% en el régimen general.
En el caso de los autónomos, que sería el colectivo más afectado, esa rebaja alcanzaría el 10,3%. Al igual que otros realizados con anterioridad, el estudio confirma así un efecto tan impopular como inevitable de esta medida que ya fue planteada hace años por la entonces ministra Fátima Báñez, que llegó a abogar por el cómputo del 100% de la vida laboral. Es obvio que el "tijetetazo" en las prestaciones es lo que ha llevado al Ministerio de Seguridad Social a plantearse renunciar a sus planes de poner la medida en práctica. Así lo indica al menos el proyecto de reforma de pensiones que el Gobierno envió a Bruselas, donde dicha medida no consta. No obstante, en documentos previos el Ministerio sí que mostraba su intención de elevar el periodo de cálculo de la pensión porque así lo pide el Pacto de Toledo. Conviene que el Gobierno recupere su idea inicial de aumentar el número de años para el cálculo de la pensión, aunque conlleve rebajas en los pagos. Solo así se podrá revertir la crítica situación del sistema de pensiones. Más aún tras el pacto alcanzado con los agentes sociales en la primera parte de la reforma de la Seguridad Social, por el que se recupera la vinculación de la revalorización anual de estas prestaciones con el IPC, lo que añade más presión al gasto de esa administración.
A pesar de su impacto, es fundamental aumentar el número de años trabajados para el cómputo de la pensión
Por último, también debe valorarse que el impacto de la crisis en el mercado de trabajo hace que sean más urgentes que nunca las medidas que racionalicen el gasto de la Seguridad Social
