La expresión de origen latino "pan y circo" se utiliza para describir la práctica de los Gobiernos para mantener tranquila a la población y ocultar hechos controvertidos, injustos o ilegales. Argucia muy utilizada durante el franquismo cuando para ocultar protestas sindicales, condenas políticas o la falta de libertades se programaban corridas de toros, partidos de fútbol o se soltaba al Lute. Algo en lo que, como en tantas otras perversiones de la dictadura, han salido alumnos aventajados Sánchez, su Gobierno y sus apoyos de la Frankenstein. Especialmente en lo del circo, con la decisión de vuelta al público a los campos de fútbol y con el telón de fondo de la Eurocopa, porque pan no pueden ni saben darle al ciudadano -ahí están las colas del hambre que ni les ocupan ni remedian- y lo sustituyen por parches como esa rebaja tramposa en el recibo de la luz.
Un pretendido abaratamiento en el recibo de la electricidad cuando lo que hay que hacer, y de una vez por todas, es abordar la reforma en profundidad de los costes que influyen en el precio, y en el que los expertos adivinan "aviesas intenciones", porque ni va a ser una rebaja de seis meses como anunció el Ejecutivo, sino sólo mientras el megavatio cotice por encima de 45 euros, ni va a afectar a la totalidad de los hogares y de las empresas.
Sólo quienes tengan hasta 10 kilovatios de potencia contratada podrán beneficiarse de ese IVA al 10%. El resto, entre los que se encuentran el 75% de los locales comerciales y muchos consumidores individuales seguirán pagando el 21% como ahora.
Pues eso, una mascarada tan zafia como la del fin del uso obligatorio de las mascarillas, en contra de la recomendación de los epidemiólogos y de los especialistas y que, como todas las decisiones del Gobierno sobre la pandemia, se ha tomado no en función criterios sanitarios sino de los intereses políticos de Sánchez, aunque ello suponga jugar la salud y la vida de los españoles. Y en esta ocasión los intereses pasan por esconder y minimizar el impacto de la felonía perpetrada con los indultos a los golpistas catalanes del 1-O, a los que ahora también se quieren perdonar los cinco millones de euros que el Tribunal de Cuentas les reclama por malversación de fondos públicos. Una "piedra en el camino" como la ha calificado el ministro Ábalos -el amigo y encubridor de la número dos en la dictadura de Maduro- que si el Gobierno consigue superar supone un nuevo paso para enterrar el Estado de Derecho y la igualdad entre los ciudadanos que consagra la Constitución.
¿Chantaje a los jueces?
Advertencia esta de Ábalos que se produce cuando está pendiente la renovación de los miembros de este Tribunal, lo que puede interpretarse como una especie de chantaje para comprar su continuidad, y justo en la semana clave de la campaña de la Renta. ¿Les van a perdonar también la multa o el recargo a los contribuyentes que se equivoquen o hagan incorrecta su declaración, en aras de esa concordia y magnanimidad que se aplica a Junqueras y demás separatistas condenados?
Y, por si teníamos poco ya con esto, nos parió la Conferencia Episcopal con su aval a los indultos. Algo que sorprende ahora pero que no extraña si recordamos que una parte importante del clero ha sido tradicionalmente soporte y eficaz colaborador de los separatismos más reaccionarios en la historia, como en el caso del carlismo, origen y precedente de los nacionalismos vasco y catalán.
Una Iglesia oficial, cada vez más alejada y distante de la doctrina que predica y de sus feligreses y que, cierto es, tiene en el perdón uno de sus principios fundamentales. Pero como ella misma manda, perdón siempre con "arrepentimiento y propósito de la enmienda" que ni se dan ni se esperan en el caso de los indultados. Nos lo expliquen. Sobre todo, antes de poner la cruz en la casilla correspondiente de la Renta.
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