El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.
El actual Gobierno es una coalición de dos partidos socialistas (PSOE y PSC) y un populista radical de izquierdas (UP) que apoya un referéndum de autodeterminación. Tiene un socio parlamentario asambleario, secesionista, más bien de izquierda,(ERC) que compite electoralmente en Cataluña con otro partido secesionista,(JxCat), conservador y que, además, no excluye la utilización de medios anticonstitucionales para conseguir la secesión, algo a lo que tampoco ERC dice renunciar, si bien con sordina por el momento.
Para un partido secesionista, apoyar a un Gobierno de ámbito nacional implica un desgaste seguro, salvo que consiga beneficios tangibles para su territorio y, dentro del mismo, para sus electores. Si es un "gran conseguidor" -como lo fue CiU en su día o lo sigue siendo el PNV- su electorado lo respalda; si no, lo castiga optando por otros partidos que defiendan posiciones secesionistas más radicales, en este caso JxCat o las CUP. Esta dinámica arrastra, antes o después, al socio secesionista -ERC- a abandonar la coalición parlamentaria, abandono que implicaría probablemente la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
Ese escenario no conviene a ninguno de los partidos que sostienen y conforman el Gobierno. En estas condiciones, ERC reclama un trofeo de primer nivel y el indulto a su líder -así como a los lideres del partido secesionista rival, que han sido indultados gracias a ERC y a pesar de JxCat- es, sin duda, un gran trofeo.
Y me temo que en eso consiste la utilidad pública con la que se pretende justificar los indultos, en la utilidad que reporta a los dirigentes de ERC, PSOE, PSC y UP, además de a los propios indultados. Creo también que esta es la opinión más generalizada.
La cuestión es si esta decisión adoptada por razones de utilidad partidista tiene también alguna virtud, es decir, si hay razones para pensar que puede contribuir a mejorar la situación dentro de Cataluña y en el resto de España. Desgraciadamente, creo que no y créanme que, en esta ocasión, preferiría estar equivocado. Las líneas que siguen van dirigidas a exponer mis razones.
Los deseos del independentismo están por encima de la democracia y de los ciudadanos
Da la sensación de que poca gente se ha tomado la molestia de leer las leyes 19/2017 de 6 de septiembre de referéndum de autodeterminación y 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, aprobadas por el Parlamento de Cataluña. La segunda de ellas sustituía la Constitución y creaba el Estado catalán si el resultado del referéndum era favorable a la secesión, para lo que no exigía un quórum mínimo. Hubiera bastado, por tanto, que hubieran votado 10.000 personas y, a favor, 5001 para que el Parlament hubiera tenido que proclamar la independencia. Según la citada ley los resultados solo los podía proclamar la Sindicatura electoral, lo que no hizo porque sus miembros prefirieron no ejercer sus funciones para evitar sanciones.
Sin embargo, los dirigentes secesionistas decidieron, por su cuenta y al margen de su propia ley, cuáles habían sido los resultados de un referéndum antidemocrático que ninguna institución Internacional consideró aceptable. Una vez decididos, los comunicaron con el consiguiente alborozo de sus incondicionales. Fue una grave falta de respeto a la ley y a los ciudadanos.
El hecho de que la Sindicatura no hiciera proclamación alguna de resultados impedía al Parlamento catalán, según su propia ley, declarar la secesión, solo posible en caso de resultado favorable. Ello obligaba a convocar elecciones, a lo que se negó el Govern, otra grave falta de respeto a los ciudadanos. Al parecer, el entonces President, hoy fugado, Puigdemont, era favorable, pero ERC, liderada por el entonces vicepresident, hoy indultado, Junqueras, se opuso. Las convocó el Gobierno una vez decidida la aplicación del art. 155 de la Constitución, tras observar escrupulosamente los requisitos constitucionales para ello.
Las evidencias acumuladas indican que la situación en Cataluña empeorará
En otros términos, no solo violaron la Constitución y el Estatuto de Autonomía sino las leyes aprobadas, a iniciativa suya y con su voto, por el Parlamento de Cataluña, cuando los trámites exigidos por esas leyes dificultaban la consecución de sus objetivos. Sus deseos estaban por encima de cualquier ley democrática y, por tanto, de los derechos de cualquier ciudadano, algo incompatible con un sistema democrático.
Para comprenderlo, hay que tener en cuenta que si la Sindicatura electoral hubiese proclamado unos resultados favorables a la secesión, hubiese entrado en vigor la Ley de Transitoriedad, cuyo art.69.3 disponía: "Hasta la constitución de las nuevas instituciones, la diputación permanente fiscaliza la creación del nuevo entramado institucional y asume transitoriamente las funciones, facultades y obligaciones del Parlamento.". En otros términos, Cataluña, se convertía en un Estado independiente…pero sin Parlamento, cuyas funciones pasaban a ser asumidas por una Diputación permanente con dominio gubernamental, sin el establecimiento de plazo alguno para la convocatoria de elecciones -no se fijaba plazo para que el denominado foro social constituyente finalizase sus trabajos, por ejemplo-. A ello hay que añadir, además, que, en esa situación, conforme al art. 32.5, los decretos leyes no podían ser revisados por el Consejo de Garantías Democráticas, ni por un Parlamento inexistente hasta la constitución de las nuevas instituciones, para la que no había plazo.
A esa situación se le puede dar diferentes denominaciones menos la de Estado democrático de Derecho. En una situación así, los nacionales del nuevo Estado catalán habrían dejado de ser ciudadanos, incluidos los favorables a la secesión, para ser solo catalanes, súbditos en una comunidad política dominada por un pequeño grupo que se habría hecho con el poder de forma antidemocrática y, además, se habría procurado una infraestructura legal que le hubiera permitido gobernar sin control parlamentario alguno. Como sucede en todos los casos de deriva autoritaria, se justificaba debido a la excepcionalidad del momento y prometiendo su carácter temporal.
Creo que la mayor parte de los ciudadanos, incluidos los más apasionados secesionistas, ignoraban e ignoran que el resultado previsto legalmente en el caso de una proclamación exitosa de independencia, era un escenario autoritario como el descrito, impulsado por los condenados hoy indultados: Cataluña hubiera sido un estado segregado de la democracia española y sus ciudadanos hubieran dejado de serlo en una supuesta Cataluña libre.
Estos hechos han dejado en mí un profunda huella: hasta ese momento creía vivir en una sociedad en la que ese tipo de cosas no eran posibles, ni siquiera imaginables. Un craso error: la democracia nunca está asegurada, hay que conquistarla y mantenerla viva día a día.
Por ello, personalmente, me resulta inquietante que se haya prestado tan poca atención a este aspecto de la cuestión: los hechos de 2017, impulsados y protagonizados por unos dirigentes secesionistas, parte de los cuales fueron condenados por sedición, no solo eran contrarios a la Constitución sino que iniciaban una deriva autoritaria en Cataluña, algo que no debería sorprender a nadie porque es una consecuencia de la naturaleza propia del poder. Quien lo conquista utilizando métodos antidemocráticos y, despreciando, por tanto, los derechos de los ciudadanos, utilizará los mismos métodos para permanecer en él porque el poder, sencillamente, es expansivo por naturaleza y no admite vacío alguno, al margen de las soflamas de sus protagonistas, dictadas en cada momento en función de su propia conveniencia.
Los secesionistas no triunfaron porque el Estado de Derecho que estructura nuestra democracia y que tanto les molesta lo impidió. Las diferentes instituciones de ese Estado utilizaron los instrumentos legales que tenían a su disposición para impedirlo y lo consiguieron. En el plano jurídico actuaron impecablemente, si bien se cometió un grave error, cual fue el tipo de órdenes dadas a las fuerzas de seguridad para impedir el acceso de los ciudadanos a las urnas, algo no solo innecesario sino contraproducente.
Por todo ello, me parece necesario que los ciudadanos, sean cuales sean sus preferencias, tengan conciencia de qué hicieron los indultados para que sepan qué es lo que están dispuestos a volver a hacer si no se accede a sus deseos, especialmente cuando repiten una y otra vez que volverían a hacer lo que hicieron. Lo que hicieron fue cometer el mayor atentado contra nuestro sistema democrático desde el 23 de febrero de 1981 e intentar, además, una deriva autoritaria en Cataluña, sin que esto último forme parte de nuestra conciencia colectiva. El agit- prop independentista, de un lado, y la inacción gubernamental, ante el temor del partido gobernante de turno a disgustar a quienes puede necesitar como socios en el futuro, de otro, lo han impedido.
Por todo ello, dudo mucho que los indultos a los condenados por secesión, que impulsaron actuaciones y leyes como las descritas, contribuyan a consolidar el sistema democrático. Me parece más probable que contribuyan a aumentar su fatal arrogancia y, por tanto, las probabilidades de que protagonicen nuevos embates antidemocráticos, máxime cuando todo indica que las razones reales de tales indultos descansan en unos intereses exclusivos de los dirigentes de determinados partidos, así como de la clerecía que los rodea.
Si se quiere mejorar la situación existente en Cataluña, antes que conceder indultos, debemos intentar conocer las razones por las cuales hemos llegado a ella tras cuarenta y tres años de una Constitución de espíritu integrador, que admite la existencia de partidos secesionistas, a diferencia de las principales constituciones europeas, lo que, en mi opinión, debe mantenerse. Esas razones tienen mucho que ver con la política seguida durante estos años por los diferentes gobiernos centrales, tanto populares como socialistas, en relación con los nacionalismos periféricos, una política momentoplacista, carente de diseño, puramente reactiva, con trazos marcados a golpe de aritmética parlamentaria, en la que se han hecho concesiones, como es lógico en todo proceso negociador, pero cruzando líneas que nunca se debieron cruzar.
Esos excesos son uno de los factores determinantes -solo uno- de la situación que atravesamos: se han hecho concesiones a los nacionalistas que implican discriminaciones jurídicas entre ciudadanos dentro de Cataluña, que afectan a derechos fundamentales. Ello, inevitablemente, genera tensión, pues, de un lado, los discriminados denuncian con toda razón su situación sin que el Gobierno central los ampare, y , de otro, los privilegiados creen que, vistos los resultados, siguiendo con la misma política, pueden obtener aún más privilegios, lo que impulsa una dinámica infernal que dificulta el entendimiento, pues dicha dinámica transmite el mensaje de que solo puede finalizar con la victoria de uno de los sectores en liza y los independentistas creen que, de mantenerse esa dinámica, la balanza acabará inclinándose de su lado.
Los indultos forman parte de esa misma política según percibe la gran mayoría de los ciudadanos: una victoria para quienes atentaron contra la democracia y pretendieron iniciar una deriva autoritaria en Cataluña, concedida, una vez más, porque el principal partido en el Gobierno está dispuesto a concederla para mantenerse en él. En ese contexto no es razonable pensar que los indultos son un instrumento que contribuirá a mejorar la situación en Cataluña. Las evidencias acumuladas y la lógica más elemental indican todo lo contrario.
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