Madrid / Barcelona
Diversos magistrados del Tribunal Supremo consultados por elEconomista insistían en la revisión de los indultos a los condenados del procés bajo la figura del autoindulto. Se trata de una figura establecida en el artículo 102.3 de la Constitución que impide expresamente que el Gobierno se conceda indultos.
En el informe en el que la Sala de lo Penal se declaraba contrario a los indultos, se apuntaba a la posibilidad de que esta opción podría interpretarse también entendida a gobiernos autonómicos. Y más aún cuando los partidos de esos gobernantes son el sustento del Ejecutivo central. Los magistrados entienden que el fin de estos indultos es mantenerse en el poder, lo que resultaría ilegal y, a la espera de que lleguen los recursos anunciados desde diversos frentes, estudian esta vía de interpretación.
Fuentes del Gobierno explicaron ayer a elEconomista que no puede hacerse una interpretación extensiva de este artículo ampliándolo a las Comunidades Autónomas y que, además, hay precendentes como el del expresidente cántabro Juan Hormaechea (miembro de Alianza Popular y PP), condenado por malversación de caudales públicos e indultado por el Gobierno de Felipe González en 1995 y por el de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.
Menos plausible consideran los magistrados consultados que podría darse, para que se anulasen los indultos por motivos jurídicos, que se interpretase que es un indulto conjunto y no individual. Fuentes del Ministerio de Justicia comentaron a elEconomista que, aunque hay partes coincidentes, en todos los expedientes se ha hecho un esfuerzo para individualizarlos.
Oficialmente, la argumentación del Gobierno para conceder la medida de gracia es que es de "utilidad pública" en favor de la convivencia y la concordia y que sirve como base para reconducir el conflicto político catalán dentro del marco de la ley. En este sentido, desde el Ejecutivo estatal esgrimen los condicionantes aplicados a los nueve líderes del procés indultados -que mantienen la inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberán cumplir la condena pendiente si reinciden en delitos graves en un plazo de hasta seis años- como vía para desincentivar un nuevo intento del independentismo catalán de optar por acciones ilegales.
Más autogobierno
La voluntad de diálogo desde Moncloa y el Palau de la Generalitat volvió a ser expresa, pero las posturas que defienden una y otra parte siguen igual de alejadas que en los últimos años sobre qué debe ser objeto de debate para lograr el entendimiento. Así, el presidente español, Pedro Sánchez, abogó por la unidad: "La sociedad española quiere una Cataluña próspera, plural y solidaria y con alto grado de autogobierno. Una Cataluña sin España ni sería europea ni próspera". Por contra, el presidente catalán, Pere Aragonès, se reafirmó en la petición de ir más allá de los indultos y acabar con la "represión" aplicando la amnistía a todos los implicados en causas judiciales por el procés, así como celebrar un referéndum acordado con el Estado y con aval internacional, punto que se encargó de rechazar la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó los indultos. Así, pidió al gobierno catalán que plantee cuestiones "viables" en la Mesa de Diálogo para poder alcanzar más autogobierno dentro la Constitución y el marco jurídico, porque de lo contrario solo van a generar más "inmovilismo", "parálisis" y "frustración", informó Ep.
Sánchez incidió en que los indultos no exigen que los beneficiados "deban cambiar sus ideas", porque estas personas "jamás" fueron condenadas por sus ideas, sino por sus actos "contrarios a la legalidad democrática", si bien desde el independentismo insistieron en su tesis de que no hubo delito.
Una de las voces que lo recordó fue Aragonès en una declaración institucional acompañado de todo el Govern, en la que reivindicó que en las elecciones autonómicas del 14 de febrero el independentismo superó el 50% del voto, por lo que se constató que hay una mayoría en Cataluña favorable a la independencia, y que los indultados "salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana".
De momento, y mientras el independentismo persiste en acudir a la Justicia internacional, el Gobierno sigue trabajando en una reforma del Código Penal para "europeizar" delitos que han quedado obsoletos o desfasados, como el de Sedición, que pesaba sobre los indultados, relató Montero.
