Al llegar a la Casa Blanca, Joe Biden se encontró con una deuda pública de 27 billones de dólares y un déficit público de 3,6 billones. Su primera decisión, sin embargo, fue la de emprender un plan de apoyo de 1,9 billones de dólares, que se sumarán a los 900.000 millones votados en diciembre a iniciativa de su predecesor. En los próximos meses se inyectarán en la economía el equivalente a un total de 13 puntos del PIB, financiados con deuda.
En Francia, al igual que en la zona euro, el apoyo presupuestario del orden del 4% del PIB ha permitido mantener la renta media de los hogares en 2020. En 2021, el esfuerzo dependerá de la situación sanitaria, pero el mecanismo seguirá siendo el mismo. El plan europeo aportará quizás medio punto más de PIB. Incluso con estabilizadores automáticos más potentes, seguiremos estando muy por debajo de los 13 puntos del PIB de Estados Unidos.
Al otro lado del Atlántico, la iniciativa de Biden es controvertida: los críticos dicen que el plan sobrecarga los márgenes de crecimiento más de lo que se cree, y podría provocar un aumento de la inflación. Pero el aumento de la deuda pública no es motivo de alarma.
La actuación del BCE y los tipos bajos permite endeudarse a los gobiernos
En cambio, en Francia, donde la deuda es menor (115% del PIB en lugar de 129%), es paradójicamente esta variable el terreno de juego en que se centran los debates. El primer ministro ha nombrado una Comisión para preparar la optimización de las cuentas. Algunos se plantean aumentar la edad de jubilación. Los abogados fiscalistas se llevan las manos a la cabeza. El acantonamiento tiene sus partidarios. E incluso un pequeño grupo de economistas está haciendo campaña para que se cancelen los tres billones de euros en bonos del Estado que tiene el BCE.
Estas discusiones son prematuras. Ahora que persiste el fantasma de la pandemia, nadie sabe cuándo volverá la situación a la normalidad. En este contexto, el imperativo es otro: ampliar la respuesta sanitaria, seguir protegiendo los ingresos de la población, evitar que los más vulnerables abandonen la escuela y proteger las empresas. Debido al nivel de los tipos de interés, y gracias a la actuación del BCE, los gobiernos pueden centrarse en ello sin preocuparse por sus condiciones de endeudamiento. El primer riesgo para Francia y Europa no es que esta crisis las deje sobreendeudadas, sino que las deje industrial y socialmente anémicas.
Es imposible garantizar que Europa sea capaz de pagar su pasivo en su totalidad
Además, no se trata sólo de abordar la situación actual en un contexto de crisis. Es que desde hace 40 años, debido a una incoherencia bien establecida entre el apetito por el gasto y las políticas acomodaticias, los ingresos fiscales sólo han equilibrado el gasto primario (excluyendo los desembolso para el servicio de la deuda) en uno de cada cuatro años. Nos negamos colectivamente a pagar los servicios públicos y las transferencias a sus precios reales.
¿Qué pasará mañana? Supongamos que al principio de los próximos cinco años la deuda pública es del 120% del PIB. Con un crecimiento nominal del 3% (1% real, 2% de inflación) seguirá siendo perfectamente sostenible, aunque suban los tipos de interés. Por lo tanto, la mayoría que salga de las próximas elecciones en Francia podrá elegir su objetivo. Tendrán que definirlo a la luz de las normas europeas que habrá que reformar, de las crecientes necesidades de inversión, sobre todo en la transición ecológica, pero también de las consideraciones de equidad intergeneracional. Una deuda sigue siendo una deuda, incluso a tipo cero, porque nadie sabe lo que pesará dentro de diez o veinte años, si los tipos se normalizan.
¿Debemos entonces condonar la deuda derivada de la crisis del Covid? Eso es lo que sugieren los defensores de la cancelación. El problema es que todavía no han explicado cómo esa operación (suponiendo que sea legalmente posible, que no lo es) aliviaría la carga de los presupuestos públicos. La deuda francesa en manos del Eurosistema (que incluye al BCE y a los bancos centrales nacionales) se incluye ahora en los activos de la Banque de France, que ha sido nacionalizada. Anularlo haría más rico al Estado prestatario, pero empobrecería aún más al Estado accionista. La operación no aportaría ningún beneficio financiero a menos que, como explicó Paul De Grauwe, refleje un compromiso de tolerar la inflación futura. Sin embargo, tal promesa implicaría un aumento inmediato del coste del préstamo, anulando el beneficio de la cancelación antes incluso de que se manifieste.
Aclaremos una cosa: no podemos garantizar que la deuda pública, francesa y europea, se pagará en su totalidad. Aunque esto está aún muy lejos de ser probable, no se puede excluir un escenario en el que el empeoramiento de las condiciones sanitarias y las tensiones en los mercados financieros lleven al Estado a la insolvencia. A largo plazo, son muy pocos los prestatarios soberanos que nunca han repudiado su deuda mediante reestructuraciones, inflación o represión financiera. Como la carga del ajuste era demasiado grande, algunos gobiernos optaron por hacer pagar a los acreedores en lugar de a los contribuyentes. Esto no está exento de daños, pero es posible y no hay más remedio que afrontarlo.
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