La incertidumbre política con la que arrancó la última legislatura venía a definir un contexto político de extrema dificultad, antesala inequívoca de perturbaciones sociales y económicas. En aquel momento, nadie podía suponer que la mayor crisis sanitaria y, por consiguiente, económica de la última centuria se cerniría inclementemente sobre todas las economías, afectando en mayor medida a aquellas que tenían menores márgenes fiscales y una propensión manifiesta a los desequilibrios económicos y presupuestarios. España.
La parálisis de gestión, la ausencia total de una agenda de reformas que dinamizase nuestra economía, y, ante todo, la inexistencia de un presupuesto adaptado a las nuevas necesidades derivadas de la situación extraordinaria que vivimos han sido factores determinantes para que la economía española se encuentre a la cola todos los países europeos. Ya no le vale al Gobierno imputar la responsabilidad total a la pandemia, a la estructura económica del país, ni diluir la culpa en querellas políticas internas, porque el hecho diferencial de España es que ocupamos la última plaza en todas las clasificaciones de los 27 Estados de la UE (PIB, empleo o déficit público).
Con un presupuesto prorrogado interminable, el anuncio que está semana se ha hecho del inicio formal del procedimiento de elaboración de los presupuestos constituye finalmente, y tras más de dos años anómalos, la primera manifestación de la voluntad presupuestaria de este Gobierno. Y han sido lamentablemente muy previsibles a pesar de la trompetería propagandística que han puesto en marcha.
El aumento histórico de la deuda pone en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas
El déficit público, que ha saltado a dos dígitos en 2020 (-11.3%), y se mantendrá en niveles muy altos en 2021 (-7,7% según el Gobierno) va a provocar un desequilibrio, al menos, de 213.000 millones en dos años (-124.000 millones en 2020; y -91.000 millones en 2021). Una previsión optimista si atendemos al Banco de España que contempla que el déficit de 2021 pueda llegar al -9.9%. Ese déficit se financiará con la emisión de deuda pública que está aumentando a un ritmo histórico y puede poner en riesgo la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, como ya sucedió en 2009 con Rodríguez Zapatero, amenazando con una crisis financiera, tal y como advirtió el Gobernador del Banco de España.
Con una deuda pública que podría llegar al 128.7% del PIB en 2021 en el escenario más negativo previsto, según el Banco de España, no se entiende la negativa por parte del Gobierno a presentar ya una senda de estabilidad o, al menos, un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural. Esta falta de compromiso con la estabilidad fiscal pone en riesgo la credibilidad y la confianza en nuestra economía. Es algo que pide tanto AIReF como el Banco de España, pero además constituye un deber jurídico que tiene que cumplir el Gobierno, al amparo del artículo 11.3 de la LOEPSF
Por ello, cautela y prudencia económica y financiera deberían ser los dos principios-guía que rigieran la actuación del Gobierno, tal como sostiene el AIReF que alerta de los "riesgos vinculados a un contexto de extrema incertidumbre" y recomienda que "las previsiones fiscales se hagan con la cautela necesaria para contemplar la posibilidad de que se materialicen escenarios más adversos que el del Gobierno".
El optimismo antropológico de Rodríguez Zapatero se ha reemplazado por el egotismo visionario de Pedro Sánchez, quien procura rentabilizar políticamente la ayuda comunitaria, un dopaje transitorio de 27.436 millones de inversiones asociadas a los Fondos Europeos en 2021. Esta partida cuyas reglas jurídicas y económicas de condicionalidad están siendo objeto de análisis en este momento por parte de la Comisión, queda supeditada a la presentación de proyectos concretos, a su aprobación por parte de los órganos competentes de la Unión y a su ejecución en un tiempo muy reducido. En cambio, hoy no existe todavía un marco inicial de gobernanza y coordinación en España, lo que sumado a los plazos perentorios de las leyes administrativas de contratos públicos y de subvenciones, predice inexorablemente ineficiencias en la gestión. Y no podemos ser ineficientes en un momento crítico de nuestra Historia.
La subida de impuestos retrasará aún más la recuperación y la creación de empleo
Uno de los arcanos de las medidas propuestas son los ingresos públicos, sobre los que se ha anunciado "ajustes en las figuras fiscales". En este escenario, una subida de impuestos únicamente contribuiría a retrasar aún más la recuperación económica y la creación de empleo. Aunque sea en el ámbito de las propuestas a estudio por parte del Gobierno, la supresión de beneficios fiscales en términos ideológicos (eliminar tipos reducidos del IVA y suprimir la exención a los servicios sanitarios y educativos que son prestados por empresas privadas) no sólo tendrían un coste negativo para el Estado, sino que perjudicaría a pymes y autónomos, limitaría la capacidad de elección de las familias y perjudicaría a todos los usuarios de la sanidad y educación públicas por la congestión de los servicios.
Sánchez ha puesto en marcha en las últimas horas toda la batahola informativa para hacernos creer que su propuesta presupuestaria es creíble y genera confianza. Se le olvida siempre indicar que hoy somos los últimos. Pero lo que no se le olvida, entre el mito socialista y el timo económico, es que el PSOE vuelve a prometer 800.000 nuevos puestos de trabajo. Como lo hizo Felipe González. Cuando pensábamos que habíamos vuelto al solbismo, nos hemos dado cuenta que regresamos a las promesas incumplidas del felipismo. Memoria histórica.
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