El Gobierno ultima la preparación de los Presupuestos Generales del Estado y en ellos se baraja la posibilidad de incluir un gravamen del IVA del 21% para la sanidad y la educación privadas, actividades que hasta ahora estaban exentas de este impuesto. El Ministerio de Hacienda no desvela detalles de la negociación, pero fuentes gubernamentales sí que confirman este extremo, según señala Europa Press.
La posibilidad de gravar con el 21% de IVA las actividades que realizan ha provocado el rechazo absoluto de la patronal de la sanidad privada y representantes de la educación. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis) ha emitido un comunicado en el que insta al Gobierno a reconsiderar la medida.
Desde el punto de vista económico la consideran ineficiente, porque calculan que los ahorros que genera el sector a la sanidad pública (motivado por los 8,3 millones de usuarios) son muy superiores a los ingresos. "Implica un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público, que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada", aseguran. Pero además, recuerdan que no todo es dinero. "Hay que recordar que el sector privado lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas (1,6 millones), registra el 23,5% (1,3 millones) de las altas y de los ingresos y atiende el 24,5% (7,3 millones de las urgencias) en todo el territorio nacional. Por tanto, una medida como esta tendría un impacto muy relevante de sobrecarga asistencial y presión financiera", dicen.
Cicae: "Existe un riesgo evidente de que muchos colegios se vean abocados a cerrar"
Si las intenciones se convierten en hechos, gravar a la sanidad o a la educación privada no estaría en consonancia con la legislación de la Unión Europea. El Idis recuerda que, según la Directiva 112 de 2006, en el artículo 132 estaría protegida la exención de impuestos. "Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes: las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público", dice la ley comunitaria
Por su parte, la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), reconoce que están "sorprendidos" y "preocupados" por esta noticia, ya que consideran que "sería un ataque a un derecho esencial como es la educación, que tendría como perjudicados a las familias y por supuesto a la educación que reciben muchos niños".
"Iniciaremos las conversaciones con los ministerios competentes, pues de ser cierta esta información, más en la situación de crisis que vivimos y el sobreesfuerzo que están realizando los colegios para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, existe un riesgo evidente de que muchos colegios se vean abocados a cerrar", avisan.
Desde ATA auguran un incremento del gasto público y de la economía sumergida
Además, supondría un "verdadero daño" para las familias, tanto de la escuela pública como de la privada: "Esta medida supondría que parte de los padres de los centros de enseñanza privada no pudieran hacer frente a la cuota, lo que aumentaría considerablemente el alumnado que los colegios públicos tendrían que absorber, con un incremento de ratios en las aulas", añaden.
Por último, la ATA también se muestra completamente contraria a aplicar este impuesto a los servicios sanitarios y en educación privada. "Un IVA del 21% para los profesionales de la sanidad y la educación aumentará el gasto público, la economía sumergida y ahogará a muchos autónomos. No debemos olvidar que estos profesionales desarrollan actividades que son servicios esenciales" ha señalado el presidente, Lorenzo Amor. Además, apunta a que la "consecuencia inmediata es un incremento del gasto público, como ha señalado la propia Airef, y un mayor número de actividades irregulares".
La AIReF no ve que aumente la recaudación
No concluyente. Así de tajante se mostró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre los supuestos beneficios económicos de gravar la actividad de la sanidad y la educación privada en España. Las cifras que maneja la AIReF son claras. Comenzar a gravar ambas actividades supondría unos ingresos al Estado de 3.457 millones de euros (1.763 millones llegarían desde la sanidad privada y 1.694 millones desde la educación). Sin embargo, no se puede asegurar que ese dinero no se escape en el necesario refuerzo de la sanidad pública. "De levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público", explican.
