Opinión

La rendición de Madrid

La rendición de Ayuso ante el asalto de Illa y Simón a su cuartel general.

La batalla por Madrid destapa las maniobras políticas del Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, es en apariencia una buena persona, sensato y con talante de diálogo. Pero la defensa que hace de que la ampliación de las restricciones obedece a criterios epidemiológicos y no políticos es muy difícil de sostener. Sobre todo, si echamos un vistazo a la hemeroteca. Todavía resuenan las palabras del director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias (Caes), Fernando Simón, de que la desescalada se iba a acometer de acuerdo las reglas establecidas por una comisión de expertos, que luego resultó que no existía, simple y llanamente era un invento oficial.

¿Dónde están los criterios epidemiológicos? La semana pasada, una veintena de científicos publicó un artículo en la revista británica Lancet, en el que solicitaban la creación de una comisión independiente que estudiara las causas por las que España es el país de la Unión Europea con mayor incidencia del virus, más de 700 casos por cien mil habitantes, ó donde la positividad, en torno al diez por ciento, duplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ministro de Sanidad prometió esta semana a los científicos españoles firmantes de la carta crear el grupo de estudio, sin comprometerse con fechas concretas. Ni hubo comisión de expertos para planificar la desescalada ni estaba previsto crearla para determinar los errores que se cometieron en el camino.

No hubo comisión de expertos ni vigilancia durante la desescalada ni la habrá ahora

Sanidad estableció unos barremos sobre capacidad de diagnóstico y de rastreo, así como de camas hospitalarias y de Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) para entrar en el período de nueva normalidad, que se incumplieron ampliamente. El Gobierno de Díaz Ayuso cometió abundantes errores: el número de rastreadores en la Comunidad de Madrid apenas alcanzaba hace una semana el medio millar para supervisar más de seis millones de personas, el 14 por ciento de la población española. Asimismo, redujo el personal de los centros de Atención Primaria, que siguen colapsados, así como el de los hospitales. La plantilla del nuevo complejo anticovid, que se levanta en Valdebebas, se cubrirá con traslados de otros centros madrileños, en lugar de contrataciones nuevas.

Me pregunto dónde estaba el ministro de Sanidad mientras Madrid y otras autonomías incumplían con sus recomendaciones. El Gobierno en pleno se fue de vacaciones siguiendo la estela de Pedro Sánchez por Lanzarote y Doñana, sin ocuparse de que se cumplieran las normas en la desescalada.

La coordinación para luchar contra la pandemia fue inexistente. Se anunció que las autonomías irían entrando en el periodo de nueva normalidad a medida que fueran cumpliendo unas normas, que se saltaron de manera sistemática. Cuando Sánchez volvió del estío, ante el incremento desbocado de contagios por toda España dijo aquello de que la culpa no es mía, sino de los gobiernos regionales, que se saltaron las reglas a la torera, y recurrió a la consabida muletilla de que España es un estado federal, con 17 gobernantes celosos de sus competencias.

La prensa lo acusó de lavarse las manos ante los crecientes problemas, de no desarrollar la Ley General de Salud que prometió para dotar de competencias legales a las autonomías a fin de ordenar confinamientos de áreas selectivas de población, en definitiva, de abstraerse de los problemas. ¿Dónde están los criterios epidemiológicos, señor ministro?

MAFO y Salgado saldrán indemnes pese a ocasionar el agujero de 23.000 millones en Bamkia

Illa y Simón se reunieron el martes, 29 de septiembre, con los responsables de la Comunidad de Madrid en el marco de la comisión Covid creada por ambos gobiernos. Estos le expusieron sus planes para incrementar las restricciones en las áreas que superaban los mil contagios por cada cien mil habitantes, sin apenas objeciones. Pero 48 horas después cambiaron radicalmente de opinión y exigieron el confinamiento de toda la región. Detrás está el intentar acabar con las restricciones a los barrios de menor renta, los más afectados, frente al resto ó de desestabilizar a una presidenta, ya muy tocada, que había caído en la trampa de celebrar la reunión de las banderas, que le tendió Iván Redondo.

Sánchez acudió solícito a la Puerta del Sol, como hacía unos meses había ido a la Generalitat de Cataluña, para ayudar a resolver las dificultades. Pero unas horas después, se comprobó que había sido como el abrazo del oso para intentar aplastar a su oponente política y calentar, probablemente, una moción de censura en ciernes contra ella.

Ni las decisiones de Sánchez ni de Illa se tomaron por motivos médicos o epidemiológicos, sino políticos. No hubo comisión de expertos en la desescalada, ni la hay ahora para averiguar ó corregir los errores, ni voluntad de apoyar y ayudar a corregir las muchísimas decisiones equivocadas tomados por los gobiernos regionales. El comité técnico, perteneciente al Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud que tomó la decisión de cerrar Madrid, compuesto por especialistas sanitarios de todas las autonomías, concluyó esta semana que se primaron los criterios políticos sobre los técnicos, a la par que advierte de que "la situación es crítica y se debe actuar con contundencia para conseguir su control".

El Gobierno tenía la firme decisión de intervenir Madrid para poner de relieve las múltiples negligencias cometidas por su presidenta. El ministro de Sanidad es el seguro ganador de esta guerra, porque los contagios se contendrán, como ya ocurre en los barrios con restricciones desde hace una semana. Díaz Ayuso, acorralada, no tuvo más remedio que ceder a las presiones de la dirección del partido de Pablo Casado y aceptar la derrota, aunque mantenga la amenaza de ir a los tribunales.

El coste económico ascenderá a 3.000 millones quincenales, según los expertos consultados por el Economista, lo que gripará el principal motor de la economía nacional, la Comunidad de Madrid, que aporta alrededor del 20 por ciento del PIB nacional y superó hace ya más de un año a Cataluña. Pero el resultado económico no cuenta para el Gobierno, que prima la situación sanitaria y presumirá de haber pactado hace unos días la prórroga de los Ertes, para salvaguardar el empleo de actividades afectadas por el rebrote. El resultado será presentado como una victoria contra la epidemia. Un éxito político que, en última instancia abrirá la puerta a la moción de censura para desgastar ó tomar el control político cuando sea oportuno del gobierno regional de Madrid, el único bastión del PP que aún resiste.

La llave está en manos del vicepresidente de CS, Ignacio Aguado, hace meses que no se habla con Ayuso y que recientemente fue desautorizado por la presidente en las negociaciones celebradas con Sanidad, lo que creará diferencias insalvables. Illa emprende la reconquista de Madrid con la amenaza de que, como el 2 de mayo de 1808, la ciudadanía se levante contra su presidenta.

La política está también detrás decisiones como la sentencia sobre Bankia conocida esta semana. La Audiencia Nacional exculpa a Rodrigo Rato y a otra treintena de imputados. Pero sobre todo avala la tesis ya conocida por todos, la salida a bolsa fue abundantemente supervisada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ó el FROB, dependiente del Gobierno de Zapatero. En resumen, fue una operación política para facilitar la financiación de la entidad financiera. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un experto en energía, al igual que el presidente de la CNMV, Julio Segura, habían sido nombrados por el Gobierno socialista.

Los dos, junto a la vicepresidenta Elena Salgado fueron, en última instancia los causantes de las pérdidas de 23.000 millones que costó reflotar Bankia, así como de la debacle del resto de cajas de ahorro. No tienen responsabilidad penal, pero sí civil. Lo paradójico es que salieran absueltos por el Tribunal Supremo, que condenó a la entidad a devolver 1.900 millones a los pequeños inversores que compraron acciones de Bankia en su salida a bolsa. Se confirma así que los políticos tienen patente de corso, aunque sus decisiones causen la pérdida de miles de millones en el bolsillo del ciudadano, como está ocurriendo con la pandemia.

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