La reunión del Consejo Interterritorial de Salud terminó sin acuerdo entre Sanidad y las autonomías. Resulta comprensible el rechazo de Madrid, junto a los demás territorios gobernados por el PP y Cataluña, ante el protocolo con el que el ministro Illa busca, primordialmente, el cierre de la comunidad madrileña.
Las limitaciones de su hoja de ruta implican, en varios aspectos, retrotraer a este territorio a la Fase I de la desescalada, implantado tras dejar atrás el estado de alarma. Pasos de este tipo suponen riesgos que deben tenerse en cuenta.
Con una recesión económica ya en marcha, es probable que provoque una caída del PIB sin precedentes, cerca del 20%, en el caso de Madrid (lo que equivale a reducir su economía a un ritmo de 3.000 millones en 15 días). Con todo, no terminan ahí los peligros potenciales del plan que Sanidad ha elaborado.
Las autonomías que a él se oponen denuncian que el Gobierno ahonda en el error de recurrir a medidas de esta índole sin el acompañamiento de un estudio técnico sobre sus efectos. España ya ostenta la lamentable distinción de ser la economía desarrollada en la que la crisis tendrá el mayor impacto, casi un 13% de caída del PIB, según informó ayer el FMI. Es más, el Fondo estima que no recuperará los niveles pre-Covid hasta 2023. Gran parte de la responsabilidad de este mal desempeño corresponde a la peor gestión de la desescalada vista en la UE, como la califica la revista científica The Lancet. La falta de una hoja de ruta fundamentada para conducir el proceso fue el gran fallo, de acuerdo con los expertos, en todo ese proceso. Ahora, sin solventar aún esa deficiencia, Sanidad pretende impulsar otro plan de restricciones, que amenaza con nuevos obstáculos para la economía.
