El Gobierno acaba de perder su primera batalla: la del campo. La España rural que en campaña concitó la defensa y el interés de todos los políticos, sobre todo de izquierdas como Pablo Iglesias, se rebela. Se siente engañada y vejada por una subida del salario mínimo que la condena a la economía sumergida.
La primera intención fue buena. El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció el lunes que estaba dispuesto a estudiar incentivos y bonificaciones para aquellos productores más perjudicados. Pero al día siguiente rectificó durante su comparecencia en el Consejo de Ministros y pasó al ataque contra la gran distribución.
Debió de recibir un tirón de orejas de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, embarcada en maniobras malabares para dejar el déficit del año pasado por debajo del 2 por ciento a costa de aplazar el pago del IVA a las autonomías.
Se debe actuar en los precios, pero el problema está en el salario mínimo, que dispara los costes
El presidente del Gobierno entró en la batalla pidiendo a las grandes superficies comerciales como Dia, Carrefour, Lidl o Mercadona que hagan autocrítica. Pero se confundió.
Según los datos facilitados por Asedas, la patronal que reúne a estos supermercados, el 80 por ciento de la frutas y hortalizas españolas se exporta y el 20 por ciento restante se dirige al mercado nacional. Pero sólo el 7 por ciento acaba en las estanterías de los supermercados españoles.
El problema está en un mal endémico del campo, la escasa modernización y la atomización de las explotaciones agrícolas, que les resta competitividad junto a la globalización, que mantiene los precios por los suelos. Pasó ya con la ganadería, y obligó al cierre de pequeñas explotaciones, y ahora le toca el turno al sector agrícola.
En España, existen más de 90.000 empresas agrarias con menos de diez empleados, mientras que en países europeos más pequeños como Holanda, la industria agroalimentaria se concentra en grandes manos, que buscan economías de escala.
La agricultura española cuenta con una tecnología insuficiente y unas superficies de cultivo pequeñas que la condenan a pagar bajos salarios para sobrevivir. La idea original del ministro Planas era acertada. Es preciso ayudar a estas explotaciones para que se digitalicen y reagrupen.
Sánchez se dispone a ceder la Agencia Tributaria y regar con dinero Cataluña para ganar a Torra
He oído estos días muchas sandeces, como la fijar un precio mínimo para los alimentos, como si fueran los productos de una ONG. Si una naranja pasa de 25 céntimos por kilo en origen a casi 1,3 euros en el hipermercado, lo que es necesario es tecnificar las fincas para que cada hectárea produzca muchas más naranjas, aceitunas o lo que sea.
También se debería formar a los agricultores para que obtengan frutos ecológicos, de mayor calidad y rentabilidad. Ocurre con los aceites o el vino, los graneles son mucho más baratos que los embotellados y presentados adecuadamente.
Lo que no se debe es elevar por decreto ley el precio de venta en origen porque repercutiría en el coste final para el ciudadano. Es la vieja tentación de socializar los costes y privatizar los beneficios.
Entre el producto original y el consumidor final, la naranja pasa por una cadena de valor, desde el transporte hasta su conservación, que multiplica por seis su precio. Es necesario revisar que no se apliquen márgenes abusivos a lo largo de la cadena alimentaria a costa del productor.
En los híper, los márgenes en productos frescos a duras penas superan el 2 por ciento. Pero sería necesario una normativa para evitar la venta pérdida. Una práctica frecuente que se produce enmascarada en el dos por uno ó el tres por dos que aplican muchas supermercados para atraer a su clientela.
Aunque si, de golpe y porrazo como ha ocurrido, se encarece la mano de obra en alrededor del 30 por ciento, el propietario no podrá sufragarlo con unos precios agrarios estancados y con tendencia a la baja debido a la globalización, que facilita la entrada de frutas y verduras del norte de África sin abonar aranceles.
Los gravámenes al aceite o al vino impuestos por Trump dibujan un situación difícil que puede complicarse en los próximos meses por culpa del Brexit. España tiene que poner toda la carne en el asador en la próxima renegociación de la PAC, si quiere evitar un estado de desesperación en el agro.
La opción, defendida por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, de reformar los mercados internacionales para limitar la globalización, parece utópica, sería como poner puertas al mar.
El alza disparatada del SMI es uno de los principales causantes del incremento del paro agrario en más de 15.000 personas en enero ó de que Extremadura haya cerrado 2019 con un incremento de la tasa de desempleo.
Son lecciones que debería aprender Iglesias. No se puede ir contra el libre mercado, el riesgo es quedarse fuera de él y, por ende, quebrar. Es la misma historia del alquiler, en el que Iglesias aboga también por precios máximos. La experiencia en ciudades como Berlín es que los precios subieron por encima del 30 por ciento porque se restringió la oferta ante una demanda creciente.
La lección es simple, si no se quiere condenar al campo a su desaparición acelerada, si se pretende evitar más destrucción de riqueza y de empleo, olvídense de subir el SMI a 1.200 euros a lo largo de esta legislatura. El campo no aguanta un salario mínimo de mil euros.
La principal preocupación del Gobierno de Sánchez, en este momento, no es la agricultura. El ministro Planas señaló que del campo viven unas 800.000 personas, de las que 300.000 son autónomos y, por tanto, no les afecta el alza del SMI. La principal inquietud oficial es Cataluña.
La entrevista de Sánchez con Torra, inhabilitado por la Junta Electoral Central y a punto de ser ratificada por el Supremo, pone los pelos de punta. Sánchez quiere tapar la boca a los independentistas con dinero, como se hizo con el País Vasco.
Acudió con la generosa oferta de inversión en infraestructuras, desde las rodalies hasta los aeropuertos ó el IVA pendiente de TV3. Un catálogo de medidas con un coste estimado próximo a los 5.000 millones, como cuenta hoy elEconomista. Lo más inquietante fue el ofrecimiento de una autonomía fiscal, que no se sabe a qué se refiere.
Una especie de Cupo sería imposible de sufragar. Así que lo más probable es que comience por ceder la gestión de la Agencia Tributaria. Una reivindicación histórica de los independentistas que les permitiría recaudar los impuestos y luego echar las cuentas con el Estado, en lugar de al revés. Y también facilitaría, dicho sea de paso, las bases para sufragar la próxima intentona secesionista.
Sánchez niega que vaya a negociar la autodeterminación, pero luego está dispuesto a ceder la Agencia Tributaria y el poder judicial en Cataluña, dos elementos esenciales para construir la independencia en un futuro.
Las promesas del Gobierno crean ronchas con las autonomías, a las que Montero racanea el abono de las facturas atrasadas del IVA a cambio de ampliarles dos décimas el déficit fiscal. En fin, que para lo que quiere el Gobierno sí hay dinero. Y el campo, al parecer, no está entre sus prioridades.
PD.-.Por lo demás, la apertura del sumario del caso Tándem por parte del juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, permitir confirmar, como adelantó elEconomista, que el BBVA contrató al ex comisario Villarejo para defenderse del asalto de Sacyr. Y lo que es peor, que Villarejo utilizó los servicios oficiales del CNI para realizar escuchas al presidente de la constructora, Luis del Rivero, así como a numerosos periodistas y directivos de manera ilegal. Pero queda la incógnita mas importante por despejar: si esta contratación se hizo con el visto bueno del ex presidente Francisco González.
El Fiscal lo acusa de estar detrás de los trabajos encargados a Villarejo por el jefe de Seguridad de la entidad, Javier Corrochano. Sin embargo, el informe forensic atribuye al ex consejero delegado, Ángel Cano, los pagos a Villarejo y exculpa a González.
El ex presidente de BBVA jamas firmaba los contratos, aunque fueran importantes, precisamente para estar libre de cualquier irregularidad, pero ordenaba hacerlo a sus subordinados, según el testimonio de Cano. La declaración del anterior consejero delegado Cano será clave para conocer si González le pidió que supervisara las facturas por más de medio millón de euros cobrados por Cenyt en 2004 y 2005. La empresa de Villarejo facturó más de diez millones al BBVA. Mucho dinero me parece para que FG no estuviera al tanto.
Entidades
